Advierten que no habrá arreglo extrajudicial con los ex agentes

BUENOS AIRES (ABA).- El secretario de Provincias, Wálter Ceballos, rechazó ayer de modo terminante la pretensión de un sector de ex empleados de YPF de cobrar un adelanto de dinero antes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia: “No hay posibilidades de un arreglo extrajudicial”, afirmó el funcionario del ministerio del Interior.

En el hotel Intercontinental -tras clausurar la segunda jornada sobre Modernización del Estado- y en entrevista exclusiva con “Río Negro”, Ceballos destacó que “contra lo que se cree, la emergencia económica puede terminar favoreciendo a los ex operarios”.

-¿Cuál es la posición de su cartera ante el reclamo de los ex trabajadores de YPF?

-Existe una controversia entre un grupo de litigantes que argumenta que (durante al administración anterior) el programa de propiedad participada fue mal pagado por el Estado, y este último que sustenta la posición contraria. La cuestión está planteada ante la Corte Suprema, frente a lo cuál el gobierno no puede ni debe interferir. No hay alternativa de arreglo extrajudicial.

-¿Ni siquiera una salida “política”?

-Hace 20 días tuve una reunión con la llamada Coordinadora de ex empleados. Pidió una asistencia extraordinaria por única vez de hasta 4.000 pesos para 5.000 trabajadores en una situación cercana a la indigencia. Al otro día llegaron cartas en apoyo a la gestión, pero desde otro sector se la rechazó virulentamente.

-En definitiva, ¿qué les contestó?

-Que es muy difícil. Estamos trabajando para que en la nueva ley de hidrocarburos se destine el 1% del total del producido del petroleo a una reconversión que favorezca a los ex empleados de YPF.

-¿El miércoles pasado se entrevistó con otro grupo de ex empleados petroleros?

-Eran dos grupos, uno de la CTA y otro denominado “autoconvocados”. Querían mil dólares durante un año para 2.700 empleados. “¡En dólares eh!, porque el gobierno va a tener que devaluar”. No se de donde lo sacaron, pero se expresaron así. La respuesta fue: Imposible.

-Se lo nota muy molesto con este último sector.

-Es que me cuestionaron por recibir al anterior, como si yo tuviera que hacer preferencias. Les dije que no tiene sentido seguir discutiendo sobre el modelo de privatización que se hizo, porque a los efectos del tema en cuestión existe continuidad jurídica del Estado.

-Aún con un fallo del máximo tribunal a favor, ¿los ex agentes no pueden verse perjudicados por la reciente ley de emergencia económica?

-Es al revés. En el caso hipotético de que la Corte convalidara el reclamo, el Estado dispone de una herramienta para pagar, ya que la norma lo autoriza en casos excepcionales. De otra forma, reconozcamos que el desembolso de unos 900 millones de pesos de la noche a la mañana es inviable.

-¿Le preocupa el escenario que se desató en Plaza Huincul con el bloqueo de la refinería?

-Hay sectores minoritarios radicalizados que quieren que se actúe al margen del estado de derecho. Por otra parte, impedir que una compañía privada continúe con su producción es atentar contra los que tienen trabajo, más cuando la empresa firmó un convenio que garantiza la continuidad de varios microemprendimientos.

-¿Pero no estamos ante el peligro de una ola de violencia?

-En el país no hay tensión social. Este año se trasladaron a las provincias 225 millones de pesos para empleos transitorios y alimentos, y para el año próximo se aprobó un monto mayor. En Cutral Co hay planes que financia la administración central junto a la provincia y el municipio.

-Los manifestantes dijeron que no van a parar hasta que los reciba De la Rúa.

-Nosotros le entregamos un informe con el resultado de las entrevistas al ministerio de Economía. La prepotencia no es un buen camino.

Claudio Rabinovitch

Lo más probable: pago en bonos y en el 2001

BUENOS AIRES (ABA).- Un integrante del estudio jurídico “Rubén Leto y Asociados” (que representa a un sector moderado de ex ypefianos), consideró como “más que probable”, que en caso de ser la sentencia favorable a sus mandantes el pago se realice mediante bonos.

“Depende de la fecha en que la Corte dictamine que está consolidada la deuda. Si es en la época de la emergencia del ex ministro Domingo Cavallo puede destinarse una partida presupuestaria a tal fin, en cambio si ingresa en el plazo de la reciente ley el importe se plasmará en bonos”.

Empero, el abogado consultado está seguro de que el tribunal optará por esta última vía. “Es una solución política, común en estos casos”, estimó. Se trata de bonos rescatables en el término de los cuatro o cinco años, que se pueden negociar en el mercado con intereses a medida que se vayan renovando.

Los entendidos aseguran que quienes pueden conservar esos papeles hacen un buen negocio por su alta cotización que suelen tener en el mercado. Dichos bonos negociables se rescatan por el Estado en un lapso máximo de 16 años. El letrado descartó de plano que el pronunciamiento judicial pueda producirse antes de fin de año.