«Papá, no le hagas nada a mamá», el dramático pedido de un niño en Junín de los Andes
La mujer reclamó que su marido no vaya a juicio, pero le rechazaron la solicitud con el argumento de que ha naturalizado el círculo de violencia en el que está sumergida.
Contra la violencia a la comunidad LGBTQ+, habrá un acto en Neuquén este domingo. Foto: archivo Florencia Salto.
Durante los siete años que convivieron en Junín de los Andes, el hombre la sometió a todo tipo de violencia: psicológica, física, emocional, verbal, sexual, económica, de género, simbólica y ambiental. A cada ataque le seguía una tregua, con una circularidad de estallidos y reconciliaciones con períodos cada vez más cortos. Hasta que un día, él le apuntó a su esposa con un arma larga a un metro de distancia, le dijo que la iba a matar y gatilló. Supuestamente el arma estaba descargada. El hijo de ambos, de 5 años, le rogó: «papá, no le hagas nada a mamá».
En una audiencia realizada ayer, el juez Maximiliano Bagnat rechazó un pedido de la defensa -y de la víctima- de otorgar una suspensión del juicio a prueba. «La violencia es algo que se engendra, se potencia. Si no se avanza sobre ella, se mantiene. En este caso hay un círculo de violencia del cual no aprecio que se haya salido o se esté en vías de salir», expresó.
Como suele suceder en los casos de violencia de género, toda la carga se depositó sobre la mujer. Ella tuvo que abandonar Junín para irse a otra provincia, a vivir con su madre. Para ella pidió el abogado defensor una nueva pericia psicológica; una más, de las tantas que ya le hicieron.
No se mencionó, al menos en la audiencia de ayer, de que le hayan hecho ningún examen ni tratamiento al marido que la sometió durante siete años. El defensor dijo que sufrió un brote psicótico por el que estuvo internado un mes, y la fiscalía señaló que hasta su propia familia le tiene miedo por su conducta violenta.
Sentimiento de culpa
La víctima declaró en la audiencia vía Zoom, desde su nuevo lugar de residencia. Aclaró que quiere volver a Junín, donde tiene un terreno, pretende que su hijo se revincule con el padre, los tíos y primos, y afirmó que no piensa volver a convivir con su agresor.
Pero los estudios que le hicieron psicólogas y psiquiatras advierten que se trata de una mujer en una situación de extrema vulnerabilidad, que presenta mecanismos de naturalización y minimización de los patrones violentos de relación, y dominada por un sentimiento de culpa que se traduce en su intención de retirar la denuncia.
Por eso, aunque el defensor pidió la suspensión del juicio a prueba y ella estuvo de acuerdo, el juez Bagnat no les hizo lugar.
«Hay 7 años de violencia física, sexual, económica; el hijo ha presenciado estas situaciones y hay una situación de alto riesgo hacia la víctima y el niño», explicó.
Política de Estado
«La violencia de género es una política de Estado. La víctima debe ser oída, el conflicto es entre la víctima y el victimario, pero existe el interés público prevalente. Este caso puntual reviste una situación de interés público prevalente», añadió.
Haber mediado armas «es una situación de quiebre, que me lleva a rechazar la suspensión de juicio a prueba en esta instancia», concluyó.
En lo único que hubo acuerdo fue en levantarle la prisión domiciliaria y quitarle la tobillera electrónica. De todos modos, el imputado tiene prohibido acercarse y comunicarse con la víctima por cualquier vía; tampoco puede salir de Junín de los Andes.
La investigación concluirá el 2 de diciembre. Por la fiscalía intervino la asistente letrada Elizabeth Pellicer, quien anticipó que pedirá una pena de cumplimiento efectivo, y el defensor particular fue Gonzalo Crespo. El legajo está caratulado como lesiones leves calificadas por el vínculo, amenazas con armas y tenencias de arma de uso civil.
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