Estafa con planes sociales en Neuquén: una causa atravesada por mutuas desconfianzas
Nuevos actores y actrices se suman al escenario, y sólo hay conjeturas sobre quién maneja los hilos detrás de escena. La rotación de funcionarios por áreas del Estado provoca que antiguos colaboradores se reencuentren en otros roles. Un paro de ATE con diferentes lecturas.
El Tribunal de Cuentas, sorpresivo actor en la causa, paralizado por una medida de fuerza. (Matías Subat)
A dos meses de iniciada, la investigación por la estafa con planes sociales en Neuquén no ha tenido prácticamente avances. Sólo unos pocos conocen la profundidad y el alcance de la maniobra, que se pueden intuir por los esfuerzos del gobierno provincial para evitar que los detalles salgan a la luz. Los actores que se suman a la obra tienen lazos forjados por años de militancia, lealtad y trabajo compartido, según el caso. Por momentos parecen seguir las líneas de un guión trazado con un solo objetivo.
La causa, de acuerdo con la historia oficial, comenzó cuando una persona beneficiaria de un plan social se presentó en el Banco Provincia de Neuquén para denunciar que su cuenta estaba vacía. No había extraviado su tarjeta de débito ni se la habían clonado.
Raro, porque a partir de esa denuncia se descubrieron 197 casos de beneficiarios de planes sociales provinciales que tampoco perdieron su tarjeta de débito ni se la clonaron, pero sí se la entregaron a otras personas -junto con la clave correspondiente- que las utilizaban para extraer dinero de los cajeros automáticos del BPN.
Obligados a denunciar
La denuncia judicial la hizo el BPN y el Ministerio de Desarrollo Social. No es un mérito como lo quieren hacer aparecer, sino una obligación que tienen como funcionarios públicos en conocimiento de la presunta comisión de un delito.
Se descubrió, según la información, que personas a las que les depositaban 49.000 pesos como subsidio, recibían en mano 8.000. La diferencia se las quedaban aquellos que hacían la extracción. ¿Adónde iba a parar ese dinero? Es algo que la lenta investigación de la fiscalía no logró determinar, pero todo indica que se trata de una oscura caja de financiación de actividades políticas.
El monto es difícil de calcular, porque los 197 damnificados originales serían 405, y los 123 millones de la estafa estimados al comienzo podrían ser 300 o 500. Otra vez, sólo unos pocos lo saben, y no lo dicen.
Roles cruzados
Como jefe de la investigación fue designado Pablo Vignaroli, quien hasta ahora brindó dos conferencias de prensa. Lo hizo en soledad; no salió en la foto el fiscal general José Gerez.
Junto a Gerez trabaja desde febrero de este año Germán Alfredo Hellriegel Soto, quien ganó un concurso luego de ser durante años Asesor General de la Gobernación (AGG). No siguió la ruta de sus predecesores, cuya siguiente estación fue una vocalía en el Tribunal Superior de Justicia.
En la AGG, este profesional que goza de las mejores referencias fue el encargado de visar todos los decretos que firmó el gobernador Omar Gutiérrez; entre ellos, los que autorizaban al antes secretario y ahora ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, «a establecer los importes a asignar a cada uno de los beneficiarios del programa».
Di Luca dio una entrevista a Río Negro en la cual dio una confusa explicación sobre el modo en que se define cuánto dinero percibe cada subsidiado. Lo que más costó fue que brindara nombres de funcionarios responsables, pero surgieron los de Ricardo Soiza, director provincial de Planes Sociales (su vivienda fue allanada pero sigue en el cargo); Luciano Palma (quien pasó por varios ministerios y tiene una empresa de alimentos) y Tomás Siegenthaler. Éste último es uno de los aspirantes al cargo de Administrador General del Poder Judicial.
Ayer este diario le preguntó al fiscal Vignaroli si había logrado avanzar hacía arriba en la cadena de responsabilidades y contestó que todavía no.
Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas
En el escenario no paran de sumarse actores. Durante la entrevista con Di Luca, aparecieron sorpresivamente el ministro jefe de Gabinete, Sebastián González, y el fiscal de Estado, Raúl Gaitán.
La fiscalía de Estado es querellante en la causa, y según indicó ayer Vignaroli a este medio, le está proveyendo de datos útiles para la investigación.
En la fiscalía de Estado trabajó hasta 2014 Laura Marcela Serrano, una abogada que ese año fue propuesta por Jorge Sapag para ocupar una vocalía en el Tribunal de Cuentas. Su pliego fue aprobado ampliamente por la Legislatura que en ese entonces presidía Ana Pechen, con 25 votos positivos y 2 negativos.
Ya que estamos: Sapag-Pechen presiden la convención del Movimiento Popular Neuquino, de la cual Ricardo Soiza acaba de ser nombrado miembro.
En la reunión del Tribunal de Cuentas del 15 de septiembre pasado, en el punto 7 (según acta 1208) y a propuesta de Serrano se aprobó la apertura de oficio de un sumario por la estafa con planes sociales. Fue un tanto sorpresivo; la abogada no tiene autonomía para arrastrar al organismo al lodazal de semejante causa. Los y las demás vocales la acompañaron, y la decisión se tomó por unanimidad.
La vocalía de Serrano es la encargada de auditar las cuentas de la administración central, entre ellas la del ministerio de Desarrollo Social. Según pudo averiguar este medio, en los últimos años no hubo observaciones a las partidas destinadas a planes sociales, pero el análisis se realiza de manera aleatoria: se toma un muestreo, y si no se encuentran irregularidades, se aprueba el total.
ATE mueve sus fichas
La irrupción del Tribunal de Cuentas en la investigación de la estafa puede sumar o restar, depende del empeño que se le ponga a la tarea. Tarea que por ahora no empezó, porque desde el viernes 23 todos los contadores y abogados que trabajan en ese organismo se plegaron a un paro de actividades dispuesto por ATE, el gremio al cual están afiliados.
Ayer hubo una reunión entre Carlos Quintriqueo, secretario general, y María José García Crespo, secretaria de Actas del gremio y empleada del Tribunal de Cuentas, con Germán Busamia, presidente subrogante del organismo.
Le ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza. Hoy habrá una concentración en las puertas del organismo.
El plan de lucha genera como ¿daño colateral? una demora en la intervención del Tribunal de Cuentas en la causa de la estafa con planes sociales. Las especulaciones abundan. Por un lado se lee esta medida de fuerza como una muestra del vínculo que une a Quintriqueo con Gutiérrrez, quien todavía no se pronunció públicamente sobre el escándalo que le estalló en plena interna.
La otra lectura es que no se trata más que parte de una negociación del gremio para que mejoren la situación de los imputados por los gravísimos incidentes ocurridos en San Martín de los Andes. La semana pasada, Pedro Jofré sumó a la acusación de tentativa de homicidio otra por daño calificado. Dos dirigentes de la línea provincial también fueron imputados de ese delito, por las roturas al edificio municipal. Y la hermana de Quintriqueo está en el radar de la fiscalía, pero la de Homicidios, que no es para nada dócil.
Comentarios