Techo Digno: fuerte cruce entre fiscales y empresarios en Roca
Se reactivaron las audiencias en la causa que investiga a intendentes y constructores de Río Negro por la ejecución de viviendas.
La fiscal jefa Echegaray junto a la fiscal Villa, en la audiencia de ayer. Adelantaron que pedirán declarar “causa compleja” al caso.
El Ministerio Público Fiscal pidió ayer reformular los cargos a los empresarios imputados en los distintos legajos de la causa Techo Digno que se tramitan en la Segunda Circunscripción. Se trata de las investigaciones por planes de viviendas licitados para Cervantes, Godoy, Choele Choel y Río Colorado, con la sospecha de que el Estado nacional pagó por obras que no se realizaron en tiempo y forma.
Fueron dos las audiencias realizadas desde temprano hasta pasado al mediodía en los tribunales provinciales de Roca. En la primera se registraron los cruces más fuertes entre las partes, contando incluso con la declaración del dueño de una de las constructoras, quien aseguró estar sentado entre los acusados por una diferencia de tan solo el 1,67% entre lo cobrado y lo ejecutado.
“El llanto de que no nos alcanzaba la plata no puede tener asidero”, replicó la fiscal jefa, Graciela Echegaray, desacreditando las exposiciones previas, en las que se buscó justificar las alteraciones en la construcción de las casas a partir de las demoras en los pagos que debían hacer los municipios, luego de recibir los fondos desde el gobierno nacional.
La primera audiencia de ayer fue conducida por el juez Julio Martínez Vivot y las restantes por la jueza María Gadano.
Esa división fue necesaria porque el padre de la magistrada, Carlos Gadano, es defensor del empresario Néstor Sarasola, titular de una de las firmas que construyó viviendas en Cervantes a través del programa Techo Digno. Las otras empresas que trabajaron en esa localidad fueron ECA SA y Baszkir, con sus directivos Longinos De Dios y Jacobo Baszkir también imputados en la causa.
Fue precisamente Sarasola quien se defendió en forma personal, destacando que “cuando una empresa asume un contrato de obra, prevé la situación”, y eso “implica asumir compromisos con empleados y con proveedores”.
Pero en el caso particular de las 48 casas que le adjudicaron en Cervantes, el empresario detalló que “se cobró un certificado al inicio” y “otro a los seis meses”.
“La empresa asumió compromisos y estuvo cinco meses sin cobrar”, enfatizó.
Después recordó que “los pagos eran inciertos, hubo cambio de gobierno (en el 2015)” hasta que la obra se paralizó”. Y continuó indicando que al cabo de dos años -y luego de “una buena cantidad de robos” en el predio- “llega el IPPV y hace una planilla de incidencia, que fue la misma para toda la provincia, cuando no es lo mismo cada obra”, porque los costos varían de acuerdo con la región.
“El IPPV establece en esa medición una diferencia del 4,85% certificado en más por mi empresa. La empresa hizo su pericia y dio 1,67% en más, pero sin contemplar ninguno de los gastos improductivos. Por esas cosas estoy acá sentado, por eso vinieron a mi oficina policías con armas largas, cortaron la calle, un fotógrafo inmortalizó a la fiscal entrando a mi oficina. Espero que en algún momento lleguen las disculpas del caso”, reprochó el empresario.
El empresario Baszkir adhirió más tarde a los conceptos de su colega, agregando que “por esas razones no existe más mi empresa”.
Los argumentos de la fiscal jefa
Sin embargo, la fiscal Echegaray sostuvo la acusación, advirtiendo que en la causa no se analiza “obra pública genérica” sino “acuerdos con condiciones específicas, que las empresas aceptaron”.
Por eso afirmó que “el llanto de que no nos alcanzaba la plata no puede tener asidero”.
Luego destacó que el punto central del proceso es que “se recibía dinero sin medición de avance” de las obras y rebatió el argumento de Sarasola, afirmando que “la obra de Cervantes no contempla anticipo de fondos”.
“¿Por qué volvemos a esto? Estamos sentados aquí porque hay una parte que tiene que ver con certificados de obras que no se hicieron… si contestaran preguntas, les preguntaría por qué firmaron esos certificados”, arremetió la fiscal.
Echegaray insistió en resaltar que “el dinero llegaba y ningún intendente o empresario lo devolvió”.
“No están explicando por qué no se cumplió con lo que se firmó. Hubo un perjuicio para la administración pública, un perjuicio para las administraciones locales”, concluyó.
Después de escuchar a las partes, los jueces Martínez Vivot y Gadano dispusieron cuartos intermedios hasta el lunes. Ese día, desde las 8, se definirá si quedan reformulados los cargos.
Cabe recordar que la causa Techo Digno tuvo una primera formulación de cargos en el 2021, que fue revocada por el Tribunal de Impugnación. La causa no naufragó porque el Superior Tribunal de Justicia anuló las sentencias y dispuso continuar con la investigación.
Además de los legajos que tramitan en los tribunales de Roca, hay otros expedientes similares en Viedma, Bariloche y Cipolletti, que transitan por un camino similar. Sobre el último caso, recientemente trascendió que la investigación se ampliaría, alcanzando a hechos ocurridos durante las gestiones de Abel Baratti y Aníbal Tortoriello al frente del municipio.
“Una perdigonada contra los imputados”
“Esto es una perdigonada tirada por el Ministerio Público Fiscal contra los imputados. No veo una modificación sustancial con la primera formulación de cargos”, sostuvo ayer el abogado Juan Luis Vincenty, defensor del empresario Longino De Dios (ECA SA).
El profesional incluso cuestionó que la causa Techo Digno se esté analizando en el fuero penal de la provincia. “Estamos viendo este caso desde una pequeña cerradura del derecho penal y es un caso más del derecho administrativo”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que lo investigado “son decisiones políticas” y entendió que “se está enjuiciando una operatividad de gobiernos para llevar adelante obras públicas”.
El defensor opinó que sostener la teoría de las fiscales implicaría “pensar que los empresarios que hacen obra pública en Río Negro se complotaron con los intendentes para llevar adelante la misma maniobra”.
En contra de esa idea, Vincenty dijo que la situación se dio porque “Nación les tiró un bombazo y los municipios no contaban con la estructura ni experiencia para llevar adelante los procesos administrativos”.
“Pero las desprolijidades no pueden asumirse como delitos. No existe dolo”, ratificó.
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