Estafa con planes sociales: decretos ponen en duda los dichos de Di Luca
El ministro de Desarrollo Social de Neuquén había asegurado a este diario que no veía el listado de beneficiarios, pero hay normas que dicen lo contrario. En 2021 tenía la responsabilidad de certificar los pagos y, desde que asumió este año, define los importes de los subsidios.
Di Luca fue subsecretario durante la gestión de Adriana Figueroa. Foto: Florencia Salto.
El ministro de Desarrollo Social de Neuquén, Abel Di Luca, no solo ve, sino que conoce y decide los importes de los planes sociales que recibe cada beneficiario de la provincia. Al menos eso se desprende de una serie de decretos de su cartera que llevan la firma del gobernador Omar Gutiérrez y que parecieran desmentir las afirmaciones que hizo el martes a RÍO NEGRO.
«Para que se entienda, para que les quede claro a ustedes yo no veo el listado de beneficiarios», había sido su explicación sobre el mecanismo de selección y pago de los subsidios. Las normas a las que accedió este diario, las que establecen los montos mensuales de los tres programas que administra el ministerio, muestran otra cosa y hasta podrían comprometerlo en la investigación por la millonaria estafa con planes sociales.
Entre enero y abril del 2021, los decretos de asignación de recursos para el Subsidio Social Transitorio, facultaban a la ministra de Desarrollo Social, por entonces Adriana Figueroa, «o a quien ella indique, a establecer los importes a asignar a cada uno de los beneficiarios del programa».
A partir de mayo, ese artículo 3° cambió: la redacción quitó la posibilidad de designar otro funcionario para la tarea y dejó a la ministra a secas.
Sin embargo, todos los decretos del 2021 tienen el artículo 4° en común: «autorízase a la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo a liquidar y pagar los importes correspondientes a cada uno de los beneficiarios, previa certificación efectuada por el Subsecretario de Desarrollo Social». Ese cargo lo ocupó hasta diciembre Abel Di Luca.
Cambios desde el 2022
A partir de su asunción como ministro, desde enero del 2022, el mecanismo volvió a cambiar, otra vez a favor del control del funcionario.
No sólo se quedó con la facultad de establecer los importes a asignar a cada beneficiario, manteniendo la redacción de ese artículo 3°, sino que conservó para sí la certificación de la liquidación y pago de los importes que antes ejercía en su cargo de subsecretario. Desde febrero en adelante, volvió a reasignarle esa función a la subsecretaría, hoy a cargo de Sandra Ruiz.
En cuanto al Subsidio Provincial para la Desocupación Laboral, en ambas gestiones, la aprobación del pago y la certificación de las liquidaciones permaneció en manos del ministro o ministra. De igual manera la designación de los beneficiarios de los programas de Familia.
Es decir, Di Luca no sólo vio entre 2021 y 2022 los listados de los beneficiarios, sino que tuvo, y pareciera aún conservar, la primera y última palabra en la asignación de los montos que recibe cada uno. Bien distinto de lo que se preocupó en aclarar durante la entrevista con RÍO NEGRO, en la que afirmó que sólo aprobaba «el monto de los distintos programas que se ejecutan».
Firmas de «más arriba»
Saber quién tenía facultades para fijar el monto de los subsidios y el dinero que finalmente se podría retirar mediante las tarjetas es una de las claves de esta investigación. El propio fiscal jefe, Pablo Vignaroli, había reconocido que, para aumentar los planes de 8.000 pesos a 49.000, era posible que hiciera falta «la firma de alguien más arriba»
En la nota que dio a este diario, Di Luca mencionó una serie de nombres como parte del mecanismo para autorizar y, finalmente, decidir las asignaciones: Ricardo Soiza, Luciano Palma y Tomás Siegenthaler. Solo el primero fue allanado por orden de la fiscalía, aunque conserva su cargo y funciones en el ministerio.
Hasta el momento, no hubo ninguna formulación de cargos.
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