Río Negro: la Justicia Electoral no aceptó las sanciones en el PJ y confirmó a Hernández
La jueza Pandolfi no analizó el procedimiento sancionatorio ni la constitución del otro Consejo, pues quién lo presentó ya no es apoderado. Insiste con las elecciones por final del mandato del Congreso
Sergio Hernández, presidente del PJ, ratificado por la Justicia Electoral. Foto Gentileza.
La jueza electoral Federal de Río Negro, Carolina Pandolfi opinó en el quiebre del PJ rionegrino y convalidó el Consejo partidario, que preside Sergio Hernández, al no aceptar las presentaciones con sanciones a consejeros y la conformación de otra conducción anunciada por un sector disidente, con la presidencia de María Emilia Soria.
Aún ese aval judicial, la magistrada insiste en la convocatoria a elecciones de congresales por el vencimiento de sus mandatos, que será este sábado 10 de septiembre, y desestima un calendario propuesto por Hernández para el 29 de enero del 2023 porque “se establece una prorroga de hecho”, advierte Pandolfi.
Esta mañana, Hernández explicó que se insistirá en ese cronograma de enero porque es lo más conveniente para el PJ.
En su fallo, la magistrada ratifica la urgencia de la elección de los congresales pero aclara que “la caducidad de la personalidad jurídica del partido -según el artículo 50 inc. a) de la ley 23.298- solo procede cuando no se realizan elecciones partidarias internas en el plazo de cuatro años”.
«Lo actuado no tenía ninguna validez»
Después de la resolución, Hernández resaltó que la Justicia “convalidó todas las reuniones realizadas” por su Consejo y “deja sin efecto” lo hecho por el otro sector, confirmando lo que “siempre dijimos, que eso no tenía ninguna validez”. Aseguró que ahora habrá «una convocatoria a todos los peronistas» mientras ratificó la estrategia de una nueva integración electoral, alentada por el senador Martín Doñate y compuesta por el PJ, Nuevo Enecuentro y Frente Renovador, denominada Nos Une Río Negro .
Este posicionamiento partidario fue el desencadenante del quiebre, pues un sector, liderado por Soria y legisladores del FdT, rechazó esa opción, entendiendo que esa estrategia concluiría con un acuerdo con JSRN. Esa respuesta disidente comprendió sanciones a los consejeros y la conformación de otro Consejo, con la presidencia de la intendenta roquense.
La jueza Pandolfi desarticuló esa integración, sin avanzar en su análisis. No aceptó -directamente- la presentación porque el apoderado actuante ya no lo es.
En su análisis inicial, la magistrada evalúa el “reglamento del Consejo para reuniones virtuales” (aprobado por el Consejo partidario y publicado en el Boletín Oficial) y el “quorum de la reunión del Consejo del PJ, del 20 de agosto pasado. La misma, con la presidencia de Hernández, avaló el Frente Nos Une Río Negro.
Además, se ratifica que los “apoderados oportunamente designados fueron Juan Mandagarán y Luciano Ruiz”, aclarando que “Estanislao Cazaux no detenta esa calidad” cuando el 26 de agosto realiza presentaciones contra el Consejo de Hernández.
El apoderado ya no es apoderado
“No procede considerar sendas presentaciones” porque -según la Cámara Nacional Electoral- “resulta indispensable de que sea el partido, como organización política con personalidad jurídica reconocida el que, a través de su representante legal -el apoderado partidario- el que efectúe la solicitud” , expresa Pandolfi.
Cazaux habría presentado en la Justicia sus resoluciones contra Hernández y parte de la conducción, con la designación del Consejo, encabezado por Soria. La jueza entendió “abstracta la reposición intentada” y no fue considerada “la documental aportada por quien ya no es apoderado, ningún agravio causa su agregación en la causa”, resaltó.
Por el contrario, su resolución insiste con la normalización del Congreso del PJ por vencimiento de su mandato, y reclama al Consejo que presente la convocatoria a elecciones internas. Ratifica esa solicitud después de desestimar un llamado para el 29 de enero del 2023, propuesto por el cuerpo partidario, porque no cumple con lo pedido y entiende que “se establece una prorroga de hecho de los mandatos de los congresales”.
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