Quedó una sola propuesta para salvar a la mina de Andacollo
El juez del concurso rechazó la petición de la firma Chiargmin, de un abogado neuquino, para ingresar al “cramdown”.
El yacimiento metalífero está paralizado desde el 2020. Foto: archivo.
El futuro de la mina de oro y plata de Andacollo quedó atado a una sola posibilidad de salvataje, el que proponga la empresa Eco Friendly para evitar la quiebra de su actual concesionaria, Trident Southern Explorations.
El juzgado comercial N°23 de Buenos Aires rechazó el pedido de inscripción que había hecho la firma Chiargmin, patrocinada por dos abogados neuquinos, por encontrar que no contaba con solvencia financiera demostrable para participar del proyecto.
El proceso de salvataje o «cramdown» implica que las empresas interesadas e inscriptas en el registro habilitado por la justicia puedan comprar las cuotas sociales de la concursada (en este caso, Trident), hacerse cargo de sus deudas mediante un acuerdo con sus acreedores y quedarse con sus operaciones.
Si Eco Friendly lograra exitosamente este paso, pasaría a usufructuar la mina del norte neuquino, paralizada desde el 2020.
Se trata de una sociedad anónima inscripta en julio del año pasado cuyo presidente es el viedmense Claudio “Lechuga” Ciccarelli, quien posee el 48% de las acciones. El mismo número tiene su socia María Cecilia Roncero, domiciliada en Carlos Casares de la provincia de Buenos Aires y, el 4% restante, le corresponde a Martín Moro, oriundo de la misma ciudad.
La empresa le presentó al juez del concurso un plan de negocios, sus antecedentes financieros y la intención de las firmas L&C Mining Minería y Consultoría SAC, Southcroos Logistics y Lácteos Vidal SA de asociarse al proyecto del norte neuquino.
Estimó un costo operativo y de inversión de 1.374.500 millones de dólares y un costo operativo mensual de 680.000 dólares para poner en funcionamiento nuevamente la mina.
Prieto y una empresa sin solvencia
En cuanto a Chiargmin, la otra interesada que se presentó para el salvataje y que fue rechazada, informó como apoderado al actual asesor de la fiscalía de Estado de Neuquén, Hugo Prieto, y como presidente al abogado Christian Salazar Alcaide. Según evaluó el juzgado, las certificaciones contables que aportó dieron cuenta «únicamente de ingresos durante los años 2019 y 2020», mientras que desde esa fecha no registró movimientos.
Para peor, la geóloga que habían incluido como parte de su equipo técnico salió a desmentir su participación, según consta en el expediente.
Mientras dure el concurso de acreedores, la concesión del yacimiento sigue siendo de Trident, pese a que el gobierno provincial había querido rescindir el contrato en 2020. La empresa había ganado la licitación pública en el 2016 con una promesa de inversión de 164 millones de dólares en 25 años. No llegó a comenzar la producción, pese a que los plazos que le había otorgado la provincia ya estaban vencidos, y paralizó toda actividad en marzo del 2020, aduciendo dificultades financieras.
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