Planes sociales, la caja inconfesable de la política en Neuquén
La millonaria estafa que investiga la fiscalía dejó al descubierto el manejo de dinero sin transparencia cuyo origen y destino es difícil de rastrear, pero no imposible.
La dirección provincial de Planes Sociales fue uno de los lugares allanados durante la investigación. (Archivo)
En los 30 CPU, notebooks y celulares secuestrados por la fiscalía están algunas respuestas a las preguntas que genera la millonaria estafa con planes sociales y tarjetas de débito del Banco Provincia de Neuquén que comenzó a investigarse hace un mes. Para resolver otra parte del enigma hay que sumergirse en un laberinto de decretos y resoluciones con un hilo de Ariadna para no extraviarse. Y sin perder de vista el norte: esta no es una pintoresca avivada. Esto es un sistema.
De dónde salían los fondos que alimentaban los tres programas de subsidios utilizados para la estafa, quién elegía a los beneficiarios y cuál era el destino final del dinero son interrogantes troncales que debe responder la investigación.
Seguir el circuito del dinero es difícil, no imposible. Lo que queda claro es que para cada paso se necesita una firma y, como viene informando Río Negro, los responsables están muy por encima del grupo de contratados del ministerio de Desarrollo Social cuyas viviendas fueron allanadas el miércoles.
Facultados y facultadas
Por ejemplo, un decreto del Ejecutivo provincial de octubre del 2021 que otorga más de 77 millones de pesos al programa Subsidio Social Transitorio (uno de los utilizados para la estafa, y dentro del período temporal bajo sospecha) invoca, como en un juego de muñecas rusas, ocho leyes, decretos y normas, emitidas por diferentes reparticiones del Ministerio de Desarrollo Social. Y por último remite al presupuesto general votado por la Legislatura.
Nada fuera de lo común para un acto de la administración pública, un tanto hermético para los legos eso sí. En medio de tal jeringoza el decreto tiene un artículo interesante. El tercero: «facúltase a la Ministra de Desarrollo Social y Trabajo (por entonces, Adriana Figuera) a establecer los importes a asignar a cada uno de los beneficiarios del programa Subsidio Social Transitorio».
Hay decretos similares, de otras fechas, con artículos que tienen una redacción con una diferencia sustancial: «facúltase a la Ministra de Desarrollo Social y Trabajo, o a quien ella designe, a establecer los importes a asignar…».
De 8.000 a 49.000
Repasemos cómo era la maniobra, según la explicación oficial que suministró el fiscal jefe Pablo Vignaroli.
• Con una simple fotocopia del DNI de una persona, la dirección de Planes Sociales dependiente de Desarrollo Social le abría una cuenta en el Banco Provincia de Neuquén y empezaba a depositarle un subsidio por 8.000 pesos.
• El beneficiario sólo tenía que ir a una sucursal a retirar la tarjeta de débito y pasar por el cajero para cobrar.
• Lo que (aparentemente) nunca se enteraba era que a partir del mes siguiente los depósitos subían a 49.000 pesos.
• Para entonces, el titular del plan social ya le había entregado la tarjeta de débito y la clave de acceso a otro individuo, que se encargaba de retirar el efectivo y le daba a cambio los mismos 8.000 pesos de siempre, mes tras mes, y se quedaba con la diferencia.
La pista del dinero
¿Quién o quiénes tenían la firma autorizada para aumentar el importe de un subsidio el 512%? ¿El Ministro, Ministra, o quien ella o él designen? No se trata de aplicar la doctrina de «el ministro no podía no saber», que vulnera la presunción de inocencia, pero uno de los desafíos para la fiscalía consiste en reunir pruebas y responder esa pregunta.
El recorrido del dinero desde el presupuesto hasta la caja de ahorros es una parte de la investigación. La siguiente es adónde fueron a parar los 123 millones de pesos que, según el Banco Provincia de Neuquén, le sustrajeron a los beneficiarios de planes sociales entre 2020 y julio de 2022, cuando se descubrió la maniobra.
Tampoco hay rastros de ese dinero y, sin invertir la carga de la prueba, la presunción más fuerte es que es parte de la caja destinada a financiar la política de Neuquén.
Los controles internos
Es evidente que los tan mentados controles cruzados, las auditorías, los informes internos y las alarmas fallaron, porque durante al menos dos años un grupo indeterminado de personas, contratadas bajo criterios desconocidos, concurrió a los cajeros automáticos del Banco en vehículos presuntamente oficiales, con tarjetas que no les eran propias, realizaron extracciones ráfagas, se alzaron con 123 millones de pesos que no llegaron a sus 197 destinatarios, todo sin que ningún organismo lo detectara. Y eso sucedió en el ministerio que maneja un presupuesto multimillonario y en la mayor entidad bancaria de la provincia, donde la sofisticación del monitoreo debería ser extrema. Y sin embargo nos dicen que la maniobra se descubrió porque un humilde beneficiario se presentó un día, golpeó una ventanilla y dijo: «disculpen, hace dos meses que no me depositan mi subsidio».
Al igual que con las mamushkas de los decretos, hay maneras de rastrear qué se hizo con esa plata. La fiscalía pidió informes al Registro de la Propiedad Inmueble y del Automotor, tal vez tenga suerte. Las viviendas de las personas allanadas son humildes, y la mayoría de quienes hacían las extracciones en los cajeros eran mujeres: suelen elegirlas para esa tarea porque son las más vulnerables y tienen menos opciones de negarse a exponerse a cometer un delito. Sin ánimo de estigmatizar: carecen de recursos para hacer inversiones bursátiles, inmobiliarias, o sacarla del país sin llamar de inmediato la atención.
Una vez más, hay que buscar hacia arriba. Pistas pueden hallarse en los teléfonos: cruces de llamados, de mensajes de texto y de audio, geolocalizaciones. Determinar quién habló o se reunió con quién en ciertas fechas. Cruzar la información con movimientos bancarios, transferencias, tarjetas de crédito.
Gobierno y partidos, en silencio
Los partidos políticos, mientras tanto, se han mantenido ajenos al escándalo que atrapa la atención de la sociedad como si les fuera ajeno a su ámbito de incumbencia. Un intento de presentar un inocuo pedido de informes fue bloqueado en la Legislatura, y casi ningún o ninguna dirigente salió a expresarse. Una de las excepciones fue Mariano Mansilla, aliado del MPN, quien se tiró sobre la granada: dijo que la fiscalía estaba trabajando muy bien y pidió que la causa «no se politice».
Ante este panorama, menos se puede esperar que algún diputado o diputada se presente como querellante. El Código Procesal Penal deja una estrecha hendija para eso, pero hay antecedentes.
El único que hizo un poco de ruido fue Guillermo Pereyra. Primero pidió la renuncia del ministro Abel Di Luca, después acusó al concejal Claudio Domínguez. Pirotecnia para entretener a la platea.
El gobernador Omar Gutiérrez calla. No es extraño, ni siquiera fue capaz de calificar de intento de magnicidio a lo que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández. Su silencio avala por omisión, tanto como el gesto de haber llevado a un acto al ministro Di Luca para que balbuceara algunas explicaciones ante la prensa.
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