Promueven cambios en la ordenanza que regula los estudios de impacto ambiental de las obras en Bariloche
El bloque de concejales del Frente de Todos presentó un proyecto para actualizar la normativa vigente a los desafíos que plantea el cambio climático para preservar el medio ambiente.
El anteproyecto privado para hacer un embarcadero y club náutico en el parque municipal Llao Llao puso en alerta a las organizaciones ambientalistas que exigen el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental frente a cada desarrollo. (Foto de archivo de Marcelo Martínez)
La ordenanza que regula en esta ciudad la elaboración y presentación de los estudios de impacto ambiental data de 1989 y necesita una actualización “indispensable” para ajustarse a la normativa más reciente en la materia y a nuevas “amenazas” derivadas del cambio climático.
Así lo señalaron los concejales del Frente de Todos, quienes presentaron días atrás una propuesta destinada a modernizar la legislación para los procedimientos de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental).
La concejal Julieta Wallace dijo que los cambios resultan necesarios porque la regulación actual “es previa a la reforma de la Constitución”, y a las leyes de “presupuestos mínimos” de tutela ambiental, que no pueden ser contrariadas por ninguna otra.
Esas reglas deben prever -por ejemplo- “las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”.
La vieja ordenanza local también quedó desenfocada desde la aprobación de la nueva Carta Orgánica Municipal, que data de 2007 e incluye un largo capítulo de resguardo de los bienes ambientales.
Wallace dijo que debe establecerse en forma más rigurosa la obligación de un dictamen técnico del municipio como autoridad de aplicación “en paralelo con una declaración jurada del titular del proyecto y una audiencia pública”, todos como pasos previos a la “declaración ambiental”, que hace lugar o no al emprendimiento, en función de su impacto.
Otros aspectos a mejorar en la nueva ordenanza, dijo la concejal, son las de “abrir el acceso a la información” y establecer también, con estrictos requisitos, un “registro de profesionales” habilitados para firmar EIA.
La ordenanza marco vigente (la 217/89) fue reglamentada en 1994. Los concejales del FdT subrayaron la necesidad de reemplazarla por una nueva. “Conforme han ido evolucionando las ciencias ambientales cada vez más específicas, se han creado nuevas herramientas de análisis para el monitoreo de proyectos y su evolución”, señalaron en los fundamentos.
La adaptación del marco jurídico deberá tener en cuenta “nuevas realidades”, entre las cuales los actores señalan en primer término el “cambio climático”.
Subrayaron que al confeccionar la ordenanza vigente no había constancia del “avance vertiginoso del calentamiento global”, ni tanta documentación sobre los impactos negativos causados por las prolongadas sequías, la deforestación, el retroceso de los glaciares y la importancia de los mallines de altura para conservar las fuentes de agua.
“Se requiere con urgencia la protección de ecosistemas, en particular las cuencas fluviales, para mantener las capacidades naturales de protección contra la mayor variabilidad climática y eventos extremos”, refirieron los concejales del bloque opositor.
La opinión de consultores
El geólogo Carlos Beros, titular de la consultora Beha (con amplia experiencia en la producción de evaluaciones de impacto ambiental), admitió que hay varios puntos para cambiar en la legislación actual, “principalmente en relación con los alcances” del estudio técnico. Dijo que ese aspecto hoy “no está claro”.
Aseguró que los EIA muchas veces incluyen cambios numerosos en los proyectos de infraestructura respecto de la idea inicial o de lo que pretende el inversor. Y también abundan los casos en los que no resultan aprobados, por ejemplo en loteos y fraccionamientos de tierra. “El proyecto Las Promesas, por ejemplo, se cayó como quince veces”, dijo Beros.
Refirió que el Estado tiene que intervenir con mayor protagonismo cuando se trata de obras públicas como “hacer una bicisenda en la costa del lago o para cambiar el estatus de conservación de un pedazo del territorio, si se puede hacer un basurero aquí o allá”. En ese caso, dijo, lo usual no es trabajar con consultoras particulares sino que “se contrata a universidades”.
Según Beros, los emprendimientos privados que afectan el ambiente deben ajustarse a los parámetros y se debe establecer con precisión las condiciones de mitigación. Un caso actual, en esa línea, es el EIA del reservorio de agua planeado por la empresa Capsa en el cerro Catedral, que elaboró la consultora de Beros.
Modificaciones de fondo
El especialista dijo que el rechazo en ese caso no es una posibilidad porque “el concesionario está obligado por contrato”, pero el estudio de impacto sirve para que “una vez que e decide hacerlo, se haga del mejor modo posible”.
Carlos Yacobella es técnico ambiental, socio de Beros en la consultora y exfuncionario municipal. Dijo también que recibió consultas en los últimos meses para actualizar la legislación. Consideró que hacen falta “cambios de fondo, no cosméticos”, para introducir “miradas sobre el cambio climático, las comunidades indígenas y hasta temas de género”.
Explicó que los organismos de financiamientos como el BID, entre otros, que apoyan la realización de grandes obras, “miran mucho todo esto”.
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