Estafa con planes sociales: los damnificados confirman la maniobra
Declararon ante la fiscalía que entregaban las tarjetas para que otros cobraran por ellos y se quedaran con el subsidio. El destino final del dinero aún se ignora.
Ya inició el pago para la administración pública provincial en Neuquén. Foto archivo: Juan Thomes
La maniobra con tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales de Neuquén está casi confirmada. Varios de los damnificados admitieron ante la fiscalía que le entregaban el plástico a otras personas para que cobraran por ellos a través del cajero, y a cambio recibían apenas un porcentaje del monto que les correspondía.
Alrededor de 60 de los casi 200 damnificados ya fueron entrevistados por los investigadores, y admitieron que eran víctimas de la maniobra. Lo que se trata de determinar es cuál fue el destino de los 123 millones de pesos que, según el Banco Provincia de Neuquén, se sustrajeron mediante esta modalidad entre 2020 y julio de 2022.
Pablo Vignaroli, el fiscal jefe a cargo de la investigación, fue consultado por Río Negro sobre la existencia de una auditoría interna en el BPN que ya habría detectado irregularidades con planes sociales en diciembre del año pasado. Dijo que desconocía esa información, que el Banco no entregó la documentación y que la solicitará para incorporarla al legajo.
Agregó que hasta ahora no tiene como sospechosos ni a actuales y ni a ex empleados del Banco, como se desprende de la auditoría que dejó trascender un portal informativo.
Trasfondo político
La estafa, que todavía no tiene detenidos, parece ocultar una trama política que poco a poco sale a la luz. El dirigente petrolero Guillermo Pereyra pidió la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y al día siguiente el gobernador Omar Gutiérrez se mostró junto a su funcionario en el acto de inauguración del pavimento de una calle.
Las personas que hacían retiros «ráfaga» (con varias tarjetas de débito) de los cajeros automáticos eran contratados políticos del ministerio de Di Luca, quien los echó cuando explotó el escándalo.
Lo extraño es que hubo casi 200 damnificados pero un solo beneficiario de planes sociales se quejó de que le habían vaciado la cuenta. La denuncia en fiscalía la presentaron el BPN y Desarrollo Social.
Lo que tampoco se sabe es el destino de los 123 millones de pesos que según el Banco se sustrajeron con esa modalidad. La fiscalía rastrea los fondos en el registro de la propiedad inmueble, del automotor, y en rentas.
Es posible que se los hayan gastado los seis o siete punteros que hacían los retiros, pero tampoco se descarta que hayan sido meros intermediarios y que el destino final de los fondos haya sido otro.
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