Confirman la detención de cinco policías por la muerte de Robinson en La Angostura

Los cinco policías involucrados en la muerte de Robinson Gatica (32) ocurrida el 20 de julio pasado en su vivienda de Villa La Angostura seguirá con prisión domiciliaria. Un Tribunal revisor integrado por dos jueces y una jueza rechazó por unanimidad los planteos de los abogados defensores y mantuvo firme la medida contra los efectivos que están acusados de homicidio calificado.

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Los imputados son: cabo primero Víctor Hugo Muñoz (32), sargento Darío Luis González (25); cabo primero Alejandro Bravo (32); cabo Erwin Alejandro Mora (31) y oficial David Ezequiel Cuevas (26). Al primero lo defiende Cristian Pettorosso, y a los otros Rubén Alejandro Casas y Celestino Guzmán.

Muñoz reconoció, a través de su abogado, haber disparado una bala de plomo con su arma reglamentaria contra Robinson, pero no le acertó. De los otros cuatro, alguno era el escopetero que efectuó al menos cinco disparos y roció a la víctima con perdigones de goma de la cintura para abajo.

La confirmación de las prisiones domiciliarias la dispuso un tribunal integrado por los jueces Diego Chavarría Ruiz y Dardo Bordón, y la jueza Bibiana Ojeda, en una audiencia la semana pasada.

Qué dicen los defensores

Los defensores argumentan que la autopsia no determinó la causa de la muerte de Robinson y por eso no se puede sostener la acusación de homicidio calificado contra los policías.

En realidad, el trabajo de los forenses está en pleno proceso. Las conclusiones provisorias hablan de una causa de muerte «indeterminada» pero «compatible con muerte violenta».

Los cinco policías concurrieron a la vivienda de Robinson, empleado municipal de La Angostura, a pedido de un hermano alrededor de las 6 de la mañana. Al parecer había consumido alguna sustancia (aún se desconoce qué y en qué cantidad) y se había puesto agresivo con los objetos, no con las personas: no atacó ni a su esposa ni a sus hijos, pero sí rompió con un pequeño cuchillo de cocina algunos elementos que había en la casa.

«Incontrolable»

Los policías imputados dicen que tenía una fuerza incontrolable, pero la esposa Paola, una mujer de baja estatura, le sacó el cuchillo de la mano sin problemas y lo tiró a la calle.

Con Robinson desarmado, y sin más testigos en la vivienda, los cinco efectivos ingresaron disparando escopetazos, lo golpearon y lo esposaron a la espalda. A los diez minutos, el hombre estaba muerto.

Allí comenzó una maniobra de encubrimiento: movieron cosas de posición, juntaron los cartuchos en un rincón para que sea imposible ubicar la posición del tirador, cambiaron de lugar el cuchillo (dicen que Robinson los hirió con ese arma).

Romper los protocolos

Lo peor de todo, sin dudas, es que ordenaron al médico y al camillero del hospital que se llevaran el cadáver sin esperar al Cuerpo Médico Forense y no establecieron el doble anillo de seguridad para preservar la escena. Violaron así protocolos internacionales y nacionales que el Estado argentino se comprometió a respetar.

El cuerpo fue trasladado a Neuquén por vía terrestre sin ningún tipo de preservación. Esa es una de las razones por las que ahora no se puede determinar la causa de la muerte: se desconoce la posición original en la que quedó, no se sabe si los líquidos hallados en las vías respiratorias y los pulmones estaban originalmente allí o se desplazaron debido al movimiento de la camioneta durante el viaje, entre otros elementos que son fundamentales para el trabajo criminalístico y forense.

Investigación paralela

Hay más elementos que alimentan las sospechas: la Policía fue apartada de inmediato de la investigación y se le dio intervención a Gendarmería, también en cumplimiento de protocolos. Pero un comisario, Luis Ferragut, se encargó de vigilar todos los movimientos de los gendarmes.

Ferragut, quien dice que respondió a directivas del fiscal jefe Fernando Rubio, elaboró un documento de dos carillas, al que accedió Río Negro. Tiene las características típicas de un informe de inteligencia y lo envió a su superior inmediato, el director de Seguridad Interior de Junín de los Andes, comisario mayor Juan Carlos Ibarra.

Una copia de ese informe llegó al defensor del policía imputado Muñoz, Pettorosso, quien lo exhibió en una audiencia como prueba en favor de su cliente.

El fiscal Adrián De Lillo no estaba enterado de su existencia, y habló de una «investigación paralela» por parte de la policía a espaldas de la fiscalía.

El querellante Virgilio Sánchez, quien representa a la familia de la víctima junto con Lorena Miani, afirmó que «a mí no me llama la atención, es de manual cuando hay casos de violencia institucional, cuando hay un homicidio donde están involucrados agentes de seguridad».

En la audiencia de confirmación de las prisiones domiciliarias, Pettorosso hizo una vaga denuncia sobre supuestas amenazas que habría recibido de alguien del público presente en la sala. El juez Chavarría Ruiz dispuso que la fiscalía tome nota e investigue.