Hackers filtraron más de 1TB de información sobre petroleras y mineras de Latinoamérica
La información proviene de correos electrónicos de firmas de Ecuador, Guatemala, Colombia, Brasil, Venezuela y Chile. De la que se recabó mayor cantidad de datos fue de la empresa minera chilena Quiborax. Revelaron casos de derrrames y denuncias de corrupción.
Un colectivo de hackers llamado Guacayama difundió más de 1TB de información de empresas mineras, petroleras y de ministerios de distintos países de Latinoamérica. La misma se obtuvo a partir de correos electrónicos de la empresa minera estatal de Ecuador; el ministerio de recursos naturales de Guatemala; la agencia de hidrocarburos de Colombia; y de empresas petroleras y mineras de Brasil, Venezuela, Chile y Colombia.
La serie de datos fueron publicados por la plataforma web DDoSecrets.com. A su vez, los compartieron por la plataforma Enlace Hacktivista, destinada a documentar el historial de los hackers y les da un lugar para que los piratas informáticos publiquen sus ataques, filtraciones y comunicados.
Los conjuntos de datos expuestos incluyen 63GB de información sobre la empresa minera estatal ecuatoriana Enami, que fue fundada bajo la administración del expresidente Rafael Correa. Según remarcaron desde Guacamaya, «Enami es responsable de la destrucción de tierras indígenas«.
Respecto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, se expusieron 62 GB de información.
La misma es responsable de administrar los recursos de hidrocarburos del país, incluidos los permisos de perforación y minería.
También se brindaron datos de la empresa minera chilena Quiborax, 522 GB fueron difundidos. La misma fue demandada en el pasado por pueblos quechua «para evitar daños a las áreas protegidas«.
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En tanto de la corporación de Energía Nueva Granada de Colombia, se filtraron 252 GB de datos.
La firma es la subsidiaria local de Sinopec, una de las colosas de la producción y refinación de petróleo de China. Parte de la información difundida responde a correos electrónicos semanales sobre «Estadísticas ambientales», que reflejan los derrames de petróleo que ocurren regularmente.
Otros 96 GB pertenecen a la compañía minera brasileña Tejucana. En el sitio Enlace Hacktivista, señalaron que esta minera vio suspendidas sus actividades el 28 de enero por la Agencia Nacional de Minería. La prohibición se produjo luego de una serie de problemas en sus estructuras, que provocaron inundaciones en casas y sedimentación en arroyos en las comunidades a principio de año.
Respecto a la empresa Oryx de Venezuela, se difundieron 133 GB de datos. La petrolera es propiedad de Samark López y desde Guacamaya los vincularon a «varios casos de corrupción«. A su vez, los correos documentan un derrame de 175.000 litros de petróleo «que nunca se informó», según detallaron desde Guacamaya.
Los mismos están fechados hasta el 3 de mayo de 2022, mientras que el derrame habría ocurrido el 28 de abril.
En cuanto al ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN), Guacamaya denunció que «su corrupción ha resultado en la destrucción de los recursos naturales«.
Guacamaya informó sobre su motivación en un comunicado y remarcó: «No somos los defensores de la naturaleza, somos la naturaleza«. «La llamada civilización implantada a base del genocidio y terricidio constante para obtener «recursos» no es comprensible ni justa. Nosotras entendemos la vida desde lo comunitario, desde la relación con la Madre Tierra«, señalaron.
«Entonces, entendemos que nuestra tarea será la defensa del territorio, el agua, los bosques y los mares», detallaron. Por eso, «entramos en sus sistemas tecnológicos y los hackeamos. Nos infiltramos en sus entrañas. De esta manera buscamos reparación, sabiendo que el daño causado a la tierra, a sus hijos ya la dignidad de las personas es irreparable, pero sepan que allí estaremos para exigir responsabilidades«.
El conjuntos de datos fue adelantado con un video promocional en el evento Hackers on Planet Earth. Estas filtraciones ya se han traducido en varias investigaciones periodísticas, sin embargo especialistas apuntan a que se tardarán años en sistematizar la información.
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