Causa Obra Pública: el fiscal acusó a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita
"Néstor y Cristina instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias", señaló el representante del Ministerio Público en los alegatos. Seguí el vivo.
Cristina Kirchner sigue en forma virtual algunas jornadas del juicio por la obra pública en Santa Cruz.
Nota actualizada 13.50hs.- Se inició esta mañana la primera de las nueve audiencias que encabezará el fiscal federal Diego Luciani en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner- y otros 12 acusados- en el caso de la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Tras el retiro de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el expediente, el impulso del caso quedó solo en manos de la fiscalía, que denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En ese contexto el fiscal Luciani inició este lunes su alegato en la causa y denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta. Además fustigo a la UIF por haber desistido de la acusación y no haber explicado en su alegato por qué no tomo en cuenta la «profusa prueba» producida durante el debate.
«Cuándo asumió la presidencia Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz», disparó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Luciani comenzó pasadas las 8.30 su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2. «Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares» y que tuvo «en la cúspide como jefes a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos», argumentó el fiscal.
Luciani agregó que «al asumir Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país», con «ausencia absoluta» de controles.
Más adelante el fiscal hizo hincapié en “la decisión de favorecer a Santa Cruz” en el reparto de la obra pública, “pese a su baja densidad poblacional”. También señaló que Santa Cruz tiene una población 57 veces más chica que la de la provincia de Buenos Aires y “recibió fondos cuantiosamente superiores”.
En otro tramo de su exposición, el representante del Ministerio Público aclaró que “lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación, capacidad de acción merced a una división de roles perfectamente organizada”. El fiscal invocó incluso declaraciones del actual presidente, Alberto Fernández, cuando explicó su salida de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, recordó que una de las razones de Alberto Fernández fue “por lo que está pasando en la obra pública”.
Luciani señaló al exmatrimonio presidencial y a su «amigo Lázaro Báez» como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.
Todavía la crisis desgobierna la crisis
Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, exsecretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente; Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, exjefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Contexto
Luciani se había manejado con mucho hermetismo sobre el contenido de su alegato. Había estado durante toda la feria preparando el escrito, junto a Sergio Mola, fiscal federal de Lomas de Zamora.
En base a las pruebas que acumula el voluminoso expediente, expuestas a lo largo del juicio oral, el fiscal fundamentará su pedido de condenar o absolver a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un conjunto de exfuncionarios nacionales y provinciales que participaron de la adjudicación de contratos de obra pública.
La presunción es que Luciani pedirá una pena para la vicepresidenta, teniendo en cuenta su perfil. “Un duro, pero de bajo perfil”, dicen en las oficinas de Comodoro Py.
Luciani forma parte de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN).
Hace dos semanas la exmandataria publicó un video donde aseguró que su condena “estaba escrita” al considerar que existe una persecución judicial.
El alegato del fiscal llega después de que la expresidenta publicara un extenso video vinculando al macrismo con el Poder Judicial y asegurando que se trata de una persecución contra su persona y otros dirigentes. En esa publicación aseguró que su condena “estaba escrita” en relación a que, en caso de ser acusada, estima que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, considerarán probadas las acusaciones.
La audiencia se lleva a cabo por videoconferencia, sistema que se utiliza en el juicio desde agosto de 2020 por la pandemia del coronavirus. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 le dio a Luciani nueve audiencias para alegar. El fiscal ya adelantó que utilizará todas. Serán los lunes, martes y viernes. Así, la exposición del fiscal durará tres semanas.
La vicepresidenta está presente hoy a través de la plataforma de conexión, como había hecho en el alegato de la UIF. En esta etapa del proceso los acusados deben estar presentes.
Abogados de los acusados conocen en Comodoro Py el trabajo del fiscal en otros juicios por corrupción, como por ejemplo contra la exsecretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, al extitular de la Casa de la Moneda Armando Gostanián, y por la importación ilegal de efedrina. En todos pidió condena.
Desde el kirchernismo hablan de una “proscripción”
En las filas del kirchernismo aseguran que se trata de una persecución a Cristina Fernández, a quien la Corte Suprema le rechazó los planteos realizados, y que el objetivo final es la “proscripción” para cerrarle el camino electoral en 2023. La condena, además de otras decisiones, incluirá sin lugar a dudas la inhabilitación para ejercer cargos públicos permanentemente.
Con este argumento es que se proyecta un eventual corrimiento de la vicepresidenta para una nueva compulsa, sin embargo, para que algo así ocurra la condena debe quedar firme y eso incluye su paso por, después del juicio oral, de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo a lo publicado por medios nacionales, los jueces del TOF2 buscan llegar a un veredicto antes de fin de año, pero los fundamentos que son los que habilitan las instancias posteriores, recién se conocerían durante el año próximo y si existe una solicitud para que sean revisadas en Casasción y por la Corte, los tiempo regulares de estos tribunales aseguran que la decisión final no llegaría hasta después de que se complete el cronograma electoral.
En el video que la expresidenta publicó, el pasado 18 de julio, criticando al Poder Judicial dedica un capítulo a su imputación. Señaló que hubo un “aval anticipado” para “la condena” que “ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada”. Y también agregó que la causa se avanzó “con calendario electoral en mano, iniciaron el juicio oral el 21 de mayo del 2019, exactamente un mes antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales”.
Desde las 8:30 se escucha el alegato del fiscal Luciani quien se explayará en nueve jornadas según anticipó al tribunal. Los imputados deben estar presente obligatoriamente durante todas las exposiciones, que se extenderán por tres semanas.
Nota actualizada 13.50hs.- Se inició esta mañana la primera de las nueve audiencias que encabezará el fiscal federal Diego Luciani en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner- y otros 12 acusados- en el caso de la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Tras el retiro de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el expediente, el impulso del caso quedó solo en manos de la fiscalía, que denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
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