Le quitarán el arma a los policías de Neuquén involucrados en casos de violencia de género
La secretaría de Seguridad confeccionó un nuevo protocolo de actuación, junto al ministerio de las Mujeres y Diversidad. No exige la denuncia judicial.
Para la restitución será necesaria una evaluación de indicadores de riesgo. Foto Florencia Salto.
Los policías de Neuquén que estén involucrados en situaciones de violencia de género con su arma reglamentaria deberán entregarla de forma provisoria. Así lo dispone el nuevo protocolo de actuación que aprobó la secretaría de Seguridad.
Hasta ahora la fuerza tenía un reglamento interno de intervención para estos casos, vigente desde 2009. El protocolo que se implementará de ahora en más fue confeccionado junto al ministerio de las Mujeres y Diversidad e instrumentalizado a partir de la resolución 97. Está centrado en el abordaje de aquellas situaciones en la que se verifique la existencia de armas en las situaciones de violencia familiar y/o de género, encuadradas en las leyes 2785 y 2786.
La jefatura puede tomar conocimiento del hecho mediante tareas de prevención o de denuncia, indica el protocolo, «debiendo interpretarse de la manera más amplia posible siempre en favor de la/s persona/s víctima/s de violencia, de un hecho concreto de violencia intrafamiliar de acuerdo con todas las previsiones del artículo 2 de la ley 2785, como también las modalidades previstas en el artículo 6° de la ley 26.485 y normativa vigente en la materia».
Este punto es importante porque no obliga a realizar una presentación judicial. Se enumeran las más amplias vías:
a) Contacto con la víctima, ya sea porque formuló una denuncia, porque huno un contacto directo, ya sea acudiendo en ejercicio de su función, por derivación del Centro de Operaciones Policiales, por denuncias telefónicas sin que resulte necesaria la previa o posterior intervención judicial.
b) Denuncias o solicitudes de auxilio provenientes de la víctima y/o terceros con los cuales la víctima posea vínculo afectivo directo.
c) Derivación de órgano judicial, fiscalía o comisaría.
d) Derivación del ministerio de las Mujeres y Diversidad, y/o de la Línea 148.
El gabinete psicosocial de la División Trabajo, dependiente de la dirección personal de la jefatura evaluará los indicadores de riesgo, entre los que se consideran la gravedad del hecho, denuncias previas, planificación, utilización de armas, incumplimiento de medidas dispuestas judicialmente, consumos problemáticos del agresor, convivencia con la víctima y/o su grupo familiar, dependencia económica, entre otros aspectos.
En el caso de armas reglamentarias el personal interviniente deberá solicitar la entrega voluntaria y/o retenerla de forma provisoria, en ese mismo acto de verificación. Se dará intervención de la situación al gabinete psicosocial. De la misma forma ocurrirá cuando se trate de personal retirado.
Si en el hecho estuvieran involucradas armas no reglamentarias se solicitará en ese mismo acto una orden de allanamiento y secuestro, y en su caso se le pedirá a la ANMAC el cese de la habilitación como legítimo usuario, fundamentado en el peligro para la vida e integridad física de todas las personas vinculadas con la situación de violencia.
Restitución
El trámite de restitución se originará en la unidad donde presta servicios el efectivo, elevándose la solicitud directamente a la dirección personal, quienes pedirán intervención del gabinete psicosocial y articularán todos los antecedentes administrativos/judiciales y evaluaciones particulares del caso.
Se lo citará al policía, se hará una nueva evaluación de riesgos, aconsejando o no las condiciones para la restitución del arma.
En la actualidad la ley 2785 tiene un repertorio de medidas cautelares en las que está previsto que el juez o jueza de Familia pueda retirar el arma. De todas formas en la Legislatura se estaba discutiendo un proyecto de ley para limitar la portación.
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