España deberá dar una reparación a una víctima de violencia obstétrica
A lo largo del proceso, la mujer que llevó su caso a los tribunales españoles debió afrontar argumentos como que el daño psicológico que sufría era sólo cuestión de percepción.
Foto ilustrativa.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer consideró que una mujer fue víctima de violencia obstétrica, situación que le generó un trauma físico y psicológico duradero, por lo que debe recibir una reparación de parte del estado español.
Además, España tendrá que capacitar en derechos sexuales y reproductivos al personal de salud.
La ciudadana española identificada como N.A.E. fue víctima de violencia obstétrica al ser sometida a la inducción prematura del parto y cesárea sin que hubiera dado su consentimiento para tales procedimientos médicos, determinó este jueves el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en inglés.), perteneciente a la ONU.
La mujer denunció ante el Comité, que acudió a un hospital público en Donostia, España, a las 38 semanas de gestación, por haber roto bolsa. El hospital ignoró el periodo protocolario de espera de 24 horas, y, sin proporcionarle información sobre las alternativas existentes, le indujo el parto de forma prematura y sin su consentimiento, informó el servicio de noticias de ONU.
La mujer fue sometida a múltiples tactos vaginales y no se le permitió comer, y durante la operación tuvo los brazos atados y no estuvo presente su esposo. La cesárea fue realizada por un grupo de médicos residentes en formación supervisados por tutores, sin que se le hubiera pedido su consentimiento. Después del nacimiento, N.A.E fue diagnostica con el trastorno de estrés postraumático posparto.
La mujer llevó su caso a los tribunales españoles, pero a lo largo del proceso se topó con estereotipos de género y discriminación. Por ejemplo, se afirmó que correspondía al médico decidir si debía practicarle una cesárea y que el daño psicológico que sufría era sólo cuestión de percepción.
El Cedaw consideró que N.A.E fue víctima de violencia obstétrica, un tipo particular de maltrato sufrido por las mujeres en los centros de salud durante la atención del parto «un fenómeno generalizado, sistemático y arraigado en los sistemas sanitarios», resaltó el organismo.
Hiroko Akizuki, uno de los integrantes del Comité señaló que si el personal médico y de enfermería hubiera seguido todos los estándares y protocolos aplicables, probablemente la víctima hubiera dado a luz de forma natural “sin tener que pasar por todos estos procedimientos que la dejaron física y mentalmente traumatizada”.
El Comité instó a España a proporcionar a N.A.E. una reparación adecuada por los daños de salud física y psicológica sufridos. Del mismo modo, solicitó al país que respete la autonomía y la capacidad de las mujeres de tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, brindándoles información completa en cada etapa del parto y exigiendo que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado para cualquier tratamiento invasivo durante la atención del parto.
Con respecto al personal de salud, el organismo de ONU instó a España a capacitarles en materia de derechos de salud reproductiva de la mujer. Para el personal judicial y responsables del cumplimiento de la ley, llamó a darles formación especializada y a establecer, publicar e implementar una Carta de Derechos de las y los Pacientes.
La Cedaw supervisa la aplicación de los Estados partes de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que hasta la fecha cuenta con 189 Estados partes.
En 2020, una profesional argentina que mantiene su nombre en el anonimato, presentó una denuncia similar ante el organismo de ONU a través de la ONG Las Casildas, que trabaja en la prevención de la violencia obstétrica, en conjunto con el equipo de litigio en derechos humanos de Justicia y Reparación.
Agencia Télam.
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