Planes sociales en Río Negro: el caos que deja a los vulnerables a merced de la política
Radiografía de un sistema sin controles del Estado. En la provincia no se sabe cuántas personas cobran y mucho menos si cumplen una contraprestación.
El Frente Piquetero Provincial protestó en rutas del Alto Valle durante mayo y junio. Los reclamos fueron para el gobierno provincial. (Foto: Juan Thomes)
Nadie sabe cuántos son. No está claro cuánto llega a sus bolsillos. Apenas un puñado puede demostrar que cumple con la contraprestación laboral exigida. Pero todos están igualados por una realidad: por encima de ellos se libra una batalla política, donde gobiernos, intermediarios y punteros se disputan el control de territorios que no pueden escapar de la pobreza. Así de sombrío es el panorama para los beneficiarios de planes sociales en Río Negro. Y explorar ese mundo anárquico permite tomar dimensión sobre la titánica tarea que demandará revertir el escenario, si alguna vez alguien se lo propone.
El descontrol emerge cuando se conoce que en la provincia hay tres Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Bariloche, Viedma y Roca, pero en las dos últimas ciudades no cuentan siquiera con un edificio para funcionar.
Esos organismos tienen responsables a cargo, pero ninguno de ellos tiene acceso a los listados de personas asistidas a través de programas sociales del gobierno nacional.
Mucho más lejos está la posibilidad de un cruce de padrones entre estructuras nacionales, provinciales y municipales, para evitar la duplicidad en los pagos. Esa desconexión estatal quedó reflejada esta semana con las declaraciones de la gobernadora, Arabela Carreras, quien dijo desconocer la cantidad de planes nacionales y el mecanismo para su distribución en Río Negro.
La dinámica para las asignaciones es ajena a la mandataria y a los delegados de Desarrollo Social en la provincia porque está centralizada en Buenos Aires, a partir de un vínculo directo entre Nación y las organizaciones políticas y sociales, que luego “bajan” listados, con diferentes prácticas para la distribución.
Algunos debaten ese destino final en asambleas barriales. Otros mantienen el verticalismo, con un rol protagónico de los “referentes” o “punteros” -según quien los describa- que están en crisis desde que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pidió cambiar la modalidad de implementación.
“Cristina pide otro esquema, quiere llevar todo el control a los municipios, pero no porque se dio cuenta de la vulneración a las mujeres. Es porque el aparato peronista está perdiendo la pulseada en una parte del Gran Buenos Aires. El esquema punteril está desafiado por otro tipo de organización, como la nuestra, que lleva todas las decisiones a las asambleas, con debates abiertos”, interpreta un dirigente del Polo Obrero en Roca.
Esa organización integra en la provincia el “Frente Piquetero”, que en las últimas semanas protagonizó varios cortes en la Ruta 22, con demandas al gobierno provincial.
El referente no escapa a la pregunta sobre el 2% que el Polo Obrero pide a los beneficiarios por casa asignación, un dato revelado a nivel nacional semanas atrás. “Es así, pero es mentira que se retenga dinero, porque cada persona tiene su tarjeta para el cobro. Lo que se hace es un pedido de contribución, que tiene un destino claramente definido: 1% para la gestión de las “asambleas” (así identifica la agrupación a sus espacios barriales o locales) y otro 1% que se centraliza para las actividades provinciales o nacionales”, argumenta.
“Cada uno tiene la posibilidad de seguir o no. En general hacen el aporte”, completó la defensa.
Sin embargo, lo que para algunos es un “pedido”, para otros es una exigencia indebida y por eso denunciaron la situación ante Desarrollo Social de la Nación.
Esos casos son los únicos que permiten la intervención de los asistentes sociales y los funcionarios regionales del ministerio nacional.
“No hay retención de tarjetas, pero sí pedido de aportes. Entonces vienen a pedir que los cambiemos de unidad productiva. Eso pasa también cuando tienen problemas con los horarios para la contraprestación. Es ahí cuando conocemos casos concretos, porque pedimos los listados, pero no nos llegan”, comentó Marlys Fernández, titular del CDR en Roca.
La funcionaria confirmó que pidió el pase a otro organismo, a partir de las dificultades para cumplir con la tarea de articulación que dio sentido a la creación de los centros de referencia regionales.
“Lo que es alimentario, se puede verificar cuando las asistentes se acercan a los merenderos. Pero en lo que es productivo, no hay posibilidad de control. No hay listados, no tenemos oficinas… trabajamos a partir de lo que pueden captar las asistentes sociales por su vínculo con las familias de los barrios”, describió la funcionaria.
Fernández dijo que la falta de un espacio físico no sólo ocurre en Roca y en Viedma, sino que hay 35 CDR en el país en igual situación.
Y si bien no tienen un registro actualizado sobre la cantidad de personas que perciben una ayuda del Estado nacional, informó que “hace seis meses no hay altas” en su jurisdicción. Ese dato es coincidente con la percepción del dirigente del Polo Obrero que dialogó con RÍO NEGRO. Durante la entrevista, en la que pidió mantener en reserva su nombre, estimó que “en Roca, al PO habrán llegado 200 programas a lo largo de la historia, pero ni la mitad están activos hoy”.
Monto mensual
- $ 19.470
- Es la asignación prevista para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que tiene fuerte impacto en Bariloche.
La historia detrás de los piquetes contra el gobierno provincial
El gobierno rionegrino se desliga de la polémica por el manejo de los planes sociales nacionales, pero mantiene su propia batalla con organizaciones políticas y sociales.
El Frente Piquetero Provincial -conformado por el Polo Obrero, el FOL, el Frente Popular Darío Santillán y Barrios de Pie-Libres- cortó rutas en varias oportunidades desde mayo, orientando sus reclamos directamente hacia el Ministerio de Desarrollo Humano, que conduce desde febrero Natalia Reynoso.
“Ellos dicen que no dan planes, pero entregan subsidios de 10.000 pesos, que es más o menos lo mismo. Y tienen una metodología discrecional, con entregas de módulos o aportes en función de los conflictos que van surgiendo. Nosotros queremos cambiar esa lógica”, describieron ante RÍO NEGRO desde esas organizaciones.
Lo que se pide al Ejecutivo provincial es acordar un esquema regular de asistencia, centralizándola en el Frente Piquetero, para que sean sus organizaciones de base quienes definan la distribución de acuerdo con las necesidades de cada familia.
Esa demanda no tiene eco hasta el momento dentro del gobierno rionegrino, por lo tanto se prevén nuevos reclamos para el futuro cercano.
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