El medio ambiente en riesgo por el avance inmobiliario en Bariloche

La expansión inmobiliaria en la zona oeste de la ciudad genera una presión que en muchos casos sobrepasa la capacidad de gestión, aprobación y control de parte del Estado y que se ve agravada por la falta de coordinación entre los organismos que intervienen.

La multiplicación de emprendimientos constructivos en zonas de alto valor paisajístico enfrenta continuas polémicas por el impacto que causa en zonas con fuerte pendiente, presencia de humedales y reductos de bosque nativo.

Lo ocurrido el pasado 6 de junio en el complejo Huinid -donde un alud provocado por una obra en construcción mató a tres turistas uruguayos alojados en el hotel Bustillo, pendiente abajo- alertó sobre las inconsistencias de la normativa y el déficit de fiscalización, que reconoció el propio municipio.

Organizaciones ambientalistas y juntas vecinales alertan en forma periódica sobre la extracción de árboles y movimientos de suelo clandestinos, y manifiestan su preocupación por obras cuyo encuadre normativo nadie conoce.

El bloque de concejales del Frente de Todos promovió la interpelación del intendente Gustavo Gennuso, que deberá concurrir al Deliberante el próximo miércoles para dar cuenta del trámite que siguió Huinid con su expediente de obra, los controles y evaluaciones realizados y para explicar (según las preguntas ya anticipadas), “por qué no se avanzó con la demolición que prevé el Código de Edificación” para las obras que se exceden de lo autorizado.

Los mismos concejales también plantearon esta semana un pedido de informes al Ejecutivo en el que se hacen eco de las denuncias por “tala de nativas en un predio ubicado en el kilómetro 19.5”, además de la apertura de un camino en el mismo predio y del “apeo de árboles de manera masiva en otros puntos de la ciudad”.

La provincia tiene injerencia puntual sobre los bosques y es la que autoriza la tala caso por caso, a través del Servicio Forestal Andino. El subsecretario de Recursos Forestales (de quien depende el SFA), Fernando Arbat, dijo que los permisos de apeo se dan por “daño temido”, cuando por lo general existe ya una vivienda u otra construcción amenazada por un árbol que podría caerse. Así sea nativo y esté “verde”, se autoriza el corte.

Mientras que en la deforestación de terrenos para obras a futuro el SFA sólo actúa “después de solicitar el plano visado por el municipio”. El paso siguiente es verificar el terreno y recién después se “marcan” los árboles autorizados para su tala, dijo Arbat.

Según el funcionario, el criterio que aplican es el de autorizar la extracción de la menor cantidad posible de ejemplares. Pero desde lo técnico no es tan simple. Ocurre que “hay árboles que cuando están juntos se sostienen en las copas de otros y si pierden ese sustento ya representan un riesgo”, refirió Arbat. En consecuencia, el SFA termina autorizando nuevas extracciones.

Otro caso habitual, reconoció Arbat, es el de particulares que introducen máquinas en los terrenos y mueven “suelo forestal”, sin autorización, con el propósito de “destoconar” y parquizar. Aseguró que hay multas frecuentes por ese motivo. Sugirió que en Huinid hay antecedentes por ese tipo de prácticas.

Este diario le preguntó si hay inversores que realizan esas intervenciones irregulares a sabiendas de que serán sancionados y lo asumen como un costo extra del proyecto. “Puede ser, pero los montos son altos. Una vez que se realiza el acta y luego de cumplido el dictamen legal y el dictamen técnico, puede recibir multas que van de los 100 mil pesos hasta arriba del millón”, aseguró Arbat.

El bosque bajo amenaza

La zona oeste del ejido hasta Llao Llao, el faldeo del cerro Otto y el entorno del lago Gutiérrez son algunos de los sitios con cobertura de bosque nativo que están más amenazados por el avance urbanístico.

Arbat dijo que en el último tiempo se han multiplicado las solicitudes de apeo y lo relacionó con “el crecimiento de Bariloche” por nuevas radicaciones y por la inversión inmobiliaria de particulares que la toman como reserva de valor, ante la creciente inflación.

Los intentos de este medio por obtener precisiones del gobierno municipal no dieron resultado. El jefe de Gabinete Marcos Barberis quedó a cargo de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano desde la renuncia de Pablo Bullaude, a fines de 2021, pero no atendió los llamados.

Su reticencia también fue cuestionada por organizaciones como el Observatorio de Derechos de la Ciudad. Norberto Rodríguez, referente de ese grupo y del Movimiento Vecinal Participativo, dijo que tienen varias notas presentadas para pedir información por proyectos de envergadura (como uno loteo que abarcaría 40 hectáreas sobre el cerro Runge), hasta ahora sin respuesta. “La participación vecinal ha ido marcha atrás, todo se maneja a nivel interno y no nos enteramos -aseguró-. Dicen que Barberis absorbió el área de Planeamiento, pero más que absorberla la disolvió”.

Una queja parecida fue planteada por Ana Wieman, de la asociación ambientalista Árbol de Pie, quien integra también las comisiones mixtas de las reservas naturales urbanas El Trébol y Morenito/Ezquerra. Wieman dijo que el Ejecutivo municipal “suspende las reuniones periódicas” de esas comisiones y avanza con proyectos de obra que las afectas, sin pedirles dictámenes habilitantes, como está previsto por ordenanza.

Wieman aseguró que el proyecto Cauma, que un grupo inversor quiere desarrollar sobre el lago Moreno, a la altura del kilómetro 19, “ya avanzó aparentemente con desmontes y la apertura de un camino no autorizado, según denuncian vecinos del lugar”. Árbol de Pie pidió precisiones sobre el expediente pero chocó con el silencio del municipio.

“La información que tenemos es que un planteo inicial para construir 5.200 m2 habría terminado con una aprobación para más de 8.000 metros -afirmó-. Pero nos niegan el acceso al expediente y tampoco podemos saber quién es el titular de esa tierra. Es un proyecto muy grande y al lado hay otro, el hotel Faena, que va por lo mismo. Lo único que nos queda es presentar un amparo ambiental”.

Según Wieman, la situación es grave porque “se ha desforestado mucho y hay talas por todos lados, la gente denuncia casi a diario. La sensación es que existen muchas más de las que no te enterás, porque son predios privados, no se puede entrar y el municipio no responde los pedidos de informes”.

Valor paisajístico

La laxitud o la severidad en la autorización de talas es un punto de tensión. Arbat dijo que desde la provincia sólo “marcan” árboles cuando es indispensable por el plano de obra, pero no para despejar panorámicas, como reclaman algunos propietarios.

“Nos piden sacar árboles para tener vista al lago, pero no lo autorizamos”, aseguró el funcionario. Aceptó sin embargo que en algunos casos los dueños de las parcelas talan igual los ejemplares que les tapan la visual deseada y cargan con la multa que corresponda.

Según Arbat, las sanciones se tramitan más rápido que antes, e incluye también obligaciones de “compensación”, que pueden ser de hasta cinco árboles por uno, con la obligación de forestar con nativas en el mismo predio o en otro, según lo disponga el SFA.

Sin embargo, el dilema entre considerar al paisaje como un bien colectivo o tolerar su aprovechamiento como privilegio individual sigue sin estar saldado.

Déficit de políticas públicas

La concejal del FdT Julieta Wallace dijo que “sigue habiendo una contradicción sobre cómo se legislan estas cuestiones, porque el municipio no garantiza transparencia y hay una responsabilidad directa de la provincia en la cuestión de bosques. Esto es imposible de resolver sin decisión política y un rol más activo del gobierno provincial”.

Señaló como los sectores más amenazados el cerro Runge, a la altura del kilómetro 1 de Pioneros (donde pervive un cipresal seriamente amenazado), las áreas de bosque de las reservas urbanas, las ubicadas sobre la cota 900 en el cerro Otto y también el cerro San Martín en Los Coihues donde hay “continuas denuncias de los vecinos por tala ilegal”.

Para Norberto Rodríguez (quien además es arquitecto y tiene un doctorado en Urbanismo), “lo que hace falta en Bariloche es planificación territorial. No un plan para construir según densidades poblacionales que nadie explica cómo se determinan, sino un plan que contemple el bosque, las pendientes y los humedales, y que diga a lo mejor ´acá no se tocar nada´. Uno de los problemas es que al mismo inversor le piden un estudio de impacto ambiental, algo que cualquiera puede contratar de modo que diga lo que necesita que diga. No va a revelar los riesgos graves de talar un bosque”.

Rodríguez cuestionó el llamado “plan del Oeste” que elaboró y aprobó el municipio durante la gestión Bullaude, porque en algunos lugares como la reserva natural El Trébol “aumentó la densidad permitida, lo cual es una incoherencia enorme”.

Se lamentó de que Gennuso “ande por Francia con la promoción de una feria internacional para Bariloche que traería dos millones de turistas, a una ciudad donde no hay infraestructura suficiente, no hay servicios, no hay rutas. Una ciudad donde la red eléctrica hace cuatro años que está al límite y no hay ninguna obra en marcha”.

Una ley en el freezer

Desde 2010 el crecimiento urbano está condicionado (o debería estar) por la ley nacional de protección de bosques nativos, que obliga a “mapear” las zonas por colores según su estatus de protección y aprobarlo por ley provincial. El primer mapa, hace ya una década, dejó “en blanco” a Bariloche a la espera de discusiones posteriores, que nunca terminaron de prosperar.

Fernando Arbat reconoció que hay un atraso importante, porque ya se vencieron dos plazos para actualizar el mapa de “ordenamiento territorial” de los bosques, que la provincia dejó pasar. El incumplimiento le valió intimaciones del Consejo Federal de Medio Ambiente, ya en tiempos del exgobernador Alberto Weretilneck. Hoy esa demanda pesa sobre Arabela Carreras.

Según Arbat, la adecuación de Río Negro a la ley ya está encaminada y antes de fin de año presentarán las rendiciones pendientes, lo cual les permitiría acceder a fondos atrasados para aplicarlos a la protección del bosque nativo. Habló de 180 millones de pesos.

El funcionario dijo que actualizar la zonificación implicará “cambiar de color” algunas áreas porque “figuran como amarillas” (es decir con una restricción media) de tiempos en los que estaban despobladas, pero “hoy hay 500 habitantes y ya no puede funcionar así. Es por ejemplo lo que pasó como Loma del Medio, en El Bolsón”.

Ese debate todavía no empezó y anticipa fuertes cruces con las organizaciones que defienden la preservación del bosque ante el avance urbanístico. Ana Wieman (de Árbol de Pie) denunció que la provincia “ya está por caer en el tercer incumplimiento” de la ley de Bosques y el municipio “tampoco actualiza su mapa”.

El año pasado el bloque del FdT en el Concejo impulsó con apoyo de varias juntas vecinales una ordenanza para que el municipio incorpore el mapa de “bosques protectores” en la planificación urbana, pero el proyecto naufragó ante el desinterés del oficialismo. Wallace dijo en su momento que el mapa está disponible desde 2015 y “debería ser incorporado dentro de las herramientas de gestión y planificación municipal”.

Un dirigente del barrio Don Bosco, Luciano Celsi, defendió la adopción de ese instrumento porque “impondría un freno significativo a un montón de proyectos inmobiliarios que preocupan a los vecinos”, pero cada vez que se habló del tema, el Ejecutivo municipal “ha hecho oídos sordos”.

Comparación deprimente

Si de planeamiento urbano se trata, el municipio de Bariloche está lejos de dejar conforme a algún sector. Se quejan los inversores y los arquitectos por lo tortuoso de los trámites de aprobación y por las contradicciones normativas. También cuestionan las juntas vecinales y los activistas de organizaciones que siguen esos temas y que denuncian el incumplimiento de recaudos ambientales.

Para el arquitecto Rodríguez, otro de los problemas es “la grave falta de transparencia”. Dijo que por su trabajo profesional realizó estudios comparativos, por ejemplo, entre Bariloche y la zona del lago Tahoe, en Estados Unidos. Dijo que hay grandes similitudes geográficas y “problemáticas parecidas”, pero en el país del norte “todo lo relacionado con la naturaleza y el urbanismo funciona de otro modo”.

Aseguró que mientras en Bariloche la región “siempre están dispuestos a afectar el espacio público o las reservas fiscales para alguna empresa privada o ente que tenga algún proyecto, allá es al revés: permanentemente expropian tierras para convertirlas en públicas. Claro que no lo puede hacer un municipio, se deberia hacer con intervención de la provincia y de la Nación”.

A su juicio, “lo que hace falta es una planificación regional, en la que Bariloche necesariamente tiene que integrarse con Dina Huapi y con Parques Nacionales. Contemplar en serio el bosque nativo, los humedales, las costas, las pendientes. Porque no vivimos en una isla rodeada de nada”.

Rodríguez dijo que otra diferencia grande tiene que ver con la disponibilidad de la información.. “Gennuso ha dicho más de una vez que no toma decisiones sin consultar, pero no sé con quién habla, lo hará con los hoteleros, con las cámaras empresarias. Porque a los vecinos no les pregunta y a las ong tampoco -dijo-. Hacemos reuniones por estos temas, con todo lo que cuesta gestionarlas, y nunca llevan los expedientes. En Europa o en Estados Unidos hay mapas accesibles para todos, con un detalle lote por lote, donde uno mueve el cursor, clickea y puede saber quién es el dueño, que expedientes hay en cada lote, qué se puede construir. Todo está a la vista, acá es imposible”.