Río Negro indemnizó a 173 cesanteados políticos, pero no alcanzó a un ex legislador
La nómina llega a 327 solicitantes del resarcimiento económico por cese laboral en el Estado provincial durante la dictadura, fijado por una ley del 2015. La indemnización ronda el 1,4 millón de pesos.
De los 327 pedidos, la Comisión aceptó el ingreso al Registro de 173 cesanteados del Estado rionegrino y, consecuentemente, el pago del resarcimiento económico. Foto Archivo: Pablo Leguizamon.
El Estado rionegrino convalidó la solicitud de 173 agentes provinciales cesanteados en la dictadura por motivos políticos, a partir de una ley provincial de Reparación Histórica del 2015.
La mayoría cobraron sus indemnizaciones mientras las solicitudes suman 327. Entre ellas, figura la presentación del ex legislador peronista Alcides Pinazo, formalizada en el 2017 aunque la Comisión de evaluación rechazó este año su pedido. Su trámite incluyo una acción judicial de “mora administrativa” elevada en la Cámara Civil, que intimó al área de Derechos Humanos para forzar un dictamen aunque ese fallo del 14 de junio llegó cuando ya estaba la respuesta del organismo provincial.
La ley provincial N° 5042 establece un “reconocimiento del derecho a un resarcimiento económico de los agentes de la administración pública” rionegrina que fueron “cesanteados, exonerados y/o forzados a renunciar por motivos políticos, ideológicos, gremiales o razones similares entre el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983”. Un párrafo posterior de la norma extiende iguales derechos para quienes “fueron afectados por similares motivos” entre abril de 1974 a marzo de 1976.
La autoridad de aplicación es la secretaría de Derechos Humanos, a cargo de la creación de un Registro de Reparación Histórica. El mismo se abrió -efectivamente- en el 2017 después del primer decreto reglamentario N° 799 aunque, luego, se dictó un segundo en agosto del 2018.
Hasta ahora, el Registro cuenta con 327 expedientes individuales donde los solicitantes presentan las documentaciones para acreditar su vinculación laboral con el Estado provincial y que los motivos de las cesantías se encuadran en las razones de la Reparación Histórica.
La flamante secretaria de Derechos Humanos, Evangelina Saizar explicó que ese organismo cumple el asesoramiento, el acompañamiento y “trabaja por la positiva” ante los pedidos de solicitantes, pero aclaró que la definición recae en la Comisión de Evaluación.
El decreto del 2017 estableció que “el análisis de la documentación e información recabada de cada solicitud para el otorgamiento del beneficio” corresponde a una Comisión, que se integra con un representante de la secretaría Derechos Humanos, uno de la Función Pública y el tercero de la cartera Legal y Técnica.
De los 327 pedidos, la Comisión aceptó el ingreso al Registro de 173 cesanteados del Estado rionegrino y, consecuentemente, el pago del resarcimiento económico.
“El 85% de ellos cobraron”, afirmó Saizar. La norma provincial -según el artículo 7- prevé que las “personas incluidas en el Registro tienen derecho a percibir por única vez una indemnización”, que equivale a 30 “salarios mínimos vitales y móviles vigentes a la fecha de la efectiva percepción”.
Actualmente, ese monto representa cerca de 1,4 millón, considerando que el haber base supera los 45.500 pesos.
A esos valores, las 173 indemnizaciones aprobadas totalizarían unos 242 millones. La ley fija que que el Estado debe “abonar en un plazo que no puede exceder los 60 días, contados a partir de la incorporación al Registro”. Obviamente, esos tiempos no se cumplen y, en su momento, fueron motivos de cuestionamientos.
Los otros expedientes siguen en Derechos Humanos con aportes de solicitantes para disponer de la “documentación probatoria correspondiente y/o acreditar por cualquier medio probatorio, idóneo o información sumaria, las causales políticas, ideológicas, gremiales o similares, que determinaron el cese de la relación laboral”.
El rechazo al ex legislador
Un peticionante es el ex legislador peronista y ex interventor del Ipross, Alcides Pinazo, con trámites formalizados en agosto del 2017 al entender estar comprendido en los alcances de cesantías de la ley.
Su pedido se conoció a partir de la intervención judicial ya que Pinazo no tuvo respuesta por cuatro años a su trámite en la secretaría de Derechos Humanos y, por eso, se presentó -con el patrocinio de Gustavo Costanzo- una “acción por mora administrativa” en la Cámara Civil de Viedma contra ese organismo para que se lo obligue a pronunciarse.
Ese expediente judicial se presentó a fines del año pasado y, recientemente, el tribunal resolvió con una intimación a Derechos Humanos para que resuelva en un plazo de 10 días. En su análisis, el fallo alude a una respuesta al Tribunal del entonces secretario del área, Duilio Minieri de febrero donde expresa las razones de la demora y, al final, anticipa que el expediente está por resolverse. Esa contestación -dice la Cámara- se trasladó al actor (Pinazo) pero no existió ninguna presentación de su parte. Esta omisión, tal vez, se explica que Derechos Humanos ya le había respondido.
La Comisión resolvió el 16 de marzo, denegando la solicitud y Pinazo se notificó el 22 de marzo. Su conclusión fue que, según la documentación presentada, no se pudo incluir en “ninguno de los supuestos establecidos” porque no se pudo justificar los “eventuales motivos políticos, ideológicos, gremiales o similares en el expediente”. Además, se remarca que el ex legislador reingreso al Estado en diciembre de 1978 y en octubre de 1979 tuvo su designación en planta permanente”.
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