Río Negro y el INAI volverán a relevar a los pueblos indígenas

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, y el gobierno de Arabela Carreras, acercaron posiciones después de varios cruces originados por conflictos de algunas comunidades mapuches.

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Odarda informó que hay gestiones avanzadas para firmar a finales de este mes “el convenio de relevamiento territorial con reunión entre el INAI y la Provincia y representación indígena, Codeci y Parlamento Mapuche”. Adelantó que el convenio se firmará en la capital rionegrina.

“Todavía se está debatiendo”, explicó, en referencia a algunos puntos de ese documento, pero anticipó que se formarán varios equipos de trabajo.

Río Negro le preguntó ¿qué significaba para ella, en su carácter de presidenta del INAI, poder concretar ese convenio? “Un gran paso hacia adelante, teniendo en cuenta que no se hacen relevamientos desde 2012”, respondió la funcionaria nacional.

“Además, paralelamente, comienza en el Congreso Nacional las audiencias públicas impulsadas por el INAI para debatir la instrumentación de la tierra comunitaria indígena”, destacó.

Confirmó que en Río Negro falta relevar 105 comunidades indígenas. Afirmó que 69 ya completaron el relevamiento territorial, que prevé la ley 26160, sancionada en noviembre de 2006, pero prorrogada en tres ocasiones.

El presidente Alberto Fernández dictó a finales del año pasado por decreto una nueva prórroga de la vigencia de esa ley que permite darles continuidad a los relevamientos y suspende los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que ocupan.

Allí, es donde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro dictó un fallo que deben acatar los tribunales inferiores que descartó las vías de hecho para recuperar tierras, sea una comunidad mapuche o un particular.

El máximo tribunal de la provincia anuló los sobreseimientos que el Tribunal de Impugnación había dictado a finales de noviembre del año pasado para ocho imputados de usurpación, en su mayoría miembros de la comunidad mapuche Buenuleo. Todos habían sido acusados por usurpar el 10 de septiembre de 2019 un predio de 92 hectáreas, que poseían particulares en el faldeo del cerro Ventana, en Bariloche. Los imputados alegaron que se trató de una recuperación de territorio mapuche y aún permanecen en ese lugar.

El 14 de junio último, el STJ volvió a referirse al caso en otro fallo que rechazó los recursos extraordinarios de los defensores particulares de los mapuches imputados que pretendían llevar el caso a la Corte Suprema.

“Se han brindado argumentos suficientes y razonados para fundar la sentencia impugnada, entre los cuales se señaló que podría ser sujeto pasivo del delito investigado (usurpación) tanto una persona que pertenezca a un pueblo indígena como una que no lo sea, lo que demuestra que no se trata de una decisión discriminatoria, racista ni prejuiciosa”, destacaron los jueces del STJ en el fallo.

A finales de abril pasado, Odarda sostuvo que Río Negro era una de las provincias “donde más relevamientos territoriales pendientes existían”.

Y en ese momento reveló que se había retomado el diálogo con el Gobierno de Río Negro para avanzar con el relevamiento territorial de las comunidades indígenas que faltan.

Odarda aseguró que los últimos relevamientos de comunidades indígenas en Río Negro se habían hecho desde 2008 hasta 2012.

Aclaró que el relevamiento no excluye a aquellas comunidades que no cuentan con personería jurídica. “No es un condicionamiento sine qua non”, respondió, cuando se le preguntó por las comunidades mapuches Lof Lafken Winkul Mapu y Lof Quemquemtreu.

“La personería jurídica es solo un registro, pero los derechos de los pueblos indígenas van mucho más allá de los registros”, puntualizó Odarda.

Aclaró que un relevamiento territorial “lo que determina es la ocupación ancestral, tradicional y pública de una comunidad indígena”. “No significa la entrega de tierras”, afirmó.

Las diferencias públicas entre la gobernadora Carreras y la ex senadora Odarda, hoy titular del INAI, no se relacionaron con el relevamiento indígena sino por el tratamiento nacional ante los ataques de grupos que reivindican los reclamos mapuches.

Los cruces más directos se dieron a fines del año pasado, a partir del incendio del club Andino Piltriquitrón cuando la mandataria cargó contra la postura de Nación y lo direccionó a Odarda por su “militancia exacerbada” y “larda data de expresiones y actuaciones desafortunadas”.

Por su parte, la presidenta del Instituto de Asuntos Indígenas ratificó que “el pueblo mapuche es pacífico” mientras reiteró que el “el gobierno de Río Negro defiende intereses extranjeros, el caso de Lewis es clarito, emblemático”.