El año cerrará con la inflación más alta en tres décadas

Por diferentes motivos, la semana económica que acaba de cerrarse fue muy significativa. El dato saliente es la estadística oficial de precios que ya anticipa un cierre de año con una inflación récord. A ello hay que agregar la incertidumbre financiera que puso a prueba la estrategia del gobierno de renovar los vencimientos en pesos mes a mes, y la publicación por decreto del Presupuesto 2022.

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Pero más allá de los datos puntuales y las medidas que lentamente el gobierno empieza a adoptar, la crónica de la semana podría resumirse con una palabra que a estas alturas resulta trillada: incertidumbre.
La actual gestión no solo debe lidiar con enormes diferencias internas respecto al rumbo de la economía y convivir con la tutela del Fondo Monetario. También hace gala de recurrentes errores políticos, e incurre asiduamente en contradicciones propias.

El episodio en torno al avión venezolano-iraní, poco tiene que ver con las variables económicas. Sin embargo siembra a nivel social un manto de sospecha sobre el gobierno, que a la larga se traduce en desconfianza y hartazgo, y eso sí tiene impacto económico.

Un gobierno que en el año en que la entrada de divisas por la liquidación de la cosecha cerealera es la más alta de la historia, no encuentra las herramientas para que el Banco Central pueda retener al menos una tercera parte de ese ingreso en concepto de reservas, y sigue entregando los dólares a precio de oferta a los importadores.

Con ese marco es natural que afloren las dudas, se multipliquen los temores, y que quienes deben hacer “el aporte”, exijan más tasa y menos plazo.

El dato correspondiente al mes de mayo publicado por Indec esta semana, no es otra cosa que la confirmación fáctica de que 2022 culminará con la inflación más alta de los últimos 30 años. La marca de este año será superior al 53,9% de 2019, que hasta hoy es la inflación más alta desde 1992. Martín Guzmán lo sabe y no puede hacer nada a esta altura del año para evitarlo.

Aun así, el 5,1% que registró el quinto mes del año habilita cierto optimismo. El Ministro hace tiempo viene afirmando que el dato mensual mostrará una tendencia a la baja, especialmente en el segundo semestre.

Si se analiza con ojo estrictamente matemático, tras el 6,7% registrado en marzo y el 6% que marcó abril, el dato de mayo es el segundo mes consecutivo en que la sentencia de Guzmán encuentra asidero.
El acuerdo firmado en marzo estipulaba un acumulado del 48% al cierre de 2022. Tal es la confianza que tiene Guzmán en su pronóstico, que inició tratativas con los técnicos del Fondo Monetario Internacional para corregir la pauta de inflación mensual y llevarla hasta el 62%.

La nueva meta que persigue Guzmán es extremadamente optimista. Para alcanzarla, es necesario que la inflación de este mes se ubique en el 4%, y que desde julio hasta diciembre el dato no sea mayor al 3%. Luce como una quimera a la luz de la evolución que ya se observa habiendo transcurrido la mitad de junio.

Si se trazan tres posibles escenarios, es fácil advertir que la partida que debe jugar Guzmán en materia de precios, no será nada sencilla (ver gráfico).
Si la inflación mensual se ubicara en torno al 5% en los siete meses restantes (incluido junio), el acumulado anual sería del 82%.
Si en cambio Guzmán lograra que el ratio mensual se ubique en torno al 4% para lo que resta del año, el acumulado anual llegaría al 70%
Si algún evento inesperado generase algún tipo de espiralización y el dato mensual se ubicara en torno al 6%, entonces la inflación de 2022 sería del 94%.

En cualquiera de los casos, incluido el escenario que imagina Guzmán con un dato mensual que se acerque al 3% hacia diciembre, la inflación de este año será la más alta de los últimos 30.

Incluso hasta el día de hoy, todavía hay quien señala a la gestión de Mauricio Macri por haber culminado el mandato con una inflación récord de 53,9%.
Con los datos así trazados y utilizando el mismo parámetro, ya es posible anticipar que la gestión de Alberto Fernández será recordada como aquella que llevó la inflación por encima del 60%.

No obstante, y más allá de los números fríos que pueda arrojar una planilla de cálculo, es evidente el rol central que tiene la política en la conformación de las expectativas.
En este sentido ya hay dos decisiones del propio gobierno que van en sentido contrario a la moderación de los precios, y ya anticipan un piso alto para la inflación del mes que viene.

La primera es la segmentación de tarifas anunciada esta semana. En teoría, solo el 10% de los usuarios dejará de recibir el subsidio y afrontará aumentos mayores al 200%. Sin embargo, para seguir recibiéndolo, hay que firmar una declaración. Si bien se trata de un trámite sencillo, es muy probable que a raíz de este simple paso burocrático, la porción de la población que quede afuera sea mayor. Significa que desde julio, habrá un impacto considerable en las tarifas, y habrá que esperar cuál es el impacto de ese aumento al nivel general de precios.

La segunda se relaciona con el precio de los combustibles. A raíz del desabastecimiento que ya se verifica en diferentes puntos del país, el gobierno autorizó el jueves un incremento del 12% en los precios. Dada la incidencia que el costo del gasoil tiene en toda la cadena de logística y distribución, es de esperar que durante el mes de julio se registre el traslado de ese aumento a las góndolas.

Otro ejemplo inequívoco tuvo lugar esta semana. Al tiempo que Guzmán se aprestaba a presentar el decreto para el Presupuesto 2022, cuyos lineamientos están a tono con la nueva pauta del 62% de inflación anual que impulsa el Ministro, el Presidente festejó por twitter la actualización salarial anual que lograron los trabajadores del Conicet, que llegará al 70%.

Los científicos padecieron una fuerte caída del salario real entre 2015 y 2019. Una caída muy similar a la que sufrieron la mayoría de los trabajadores registrados en el mismo periodo. El reclamo y la conquista salarial, es a todas luces legítima.

El punto se reduce a las señales que la política le arroja a los agentes económicos.
Si el propio Presidente de la Nación convalida un incremento salarial del 70%, hay dos mensajes elocuentes. El primero es que según cree el Presidente, y a contramano de lo que afirma su propio Ministro de Economía, la inflación de 2022 no será menor al 70%. El segundo es que si los trabajadores estatales son dignos de un incremento salarial del 70% a fin de recomponer su poder adquisitivo, también lo son los trabajadores registrados del resto de los sectores.
No hace falta demasiada imaginación para avizorar que el resto de los sindicatos comenzará a reivindicar la necesidad de recibir ajustes salariales del mismo tenor.

Guzmán tiene hoy en sus manos todas las herramientas de la política de precios. Junto al traspaso de la Secretaría de Comercio desde el Ministerio de Desarrollo Productivo al Ministerio de Economía, Guzmán también se hizo con el control de las áreas de Defensa del Consumidor y Defensa de la Competencia. La sensación es que no alcanza. Con una inflación proyectada en un piso del 70%, difícilmente una medida aislada, un nuevo acuerdo de precios, o el cupo de carne a precios populares puedan hacer la diferencia a fin de moderar el nivel general de precios.

En verdad sería mucho más valioso si las señales que llegan desde la política fueran certeras, consistentes, y generasen más certezas que interrogantes. Con eso solo tal vez las expectativas en la formación de precios comenzarían a moderarse.