A 16 meses del escándalo, la fiscalía no resolvió el conflicto institucional en La Angostura
Hay una causa penal abierta contra el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, y la parte acusadora pidió cuatro meses más de plazo. Se lo denegaron.
El Concejo Deliberante de La Angostura votó la destitución de Brito el 15 de enero. (Gentileza: laangosturadigital.com)
A un año, cuatro meses y 24 días del escándalo institucional ocurrido en Villa La Angostura, cuando un juez intentó impedir una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, la fiscalía mantiene abierto un legajo penal sin llegar a ninguna definición, con un solo imputado, y esta semana hizo un intento por conseguir cuatro meses más de plazo y dilatar aún más la investigación.
La jueza de Garantías Leticia Lorenzo le rechazó al fiscal jefe Fernando Rubio su pedido de ampliación del plazo. «La solicitud me resulta desproporcionada e injustificada», escribió la magistrada en su resolución. Recordó además que «todas las personas tienen derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo razonable».
Rubio ya había pedido varias prórrogas para continuar investigando. Uno de los motivos que esgrimió ahora es insólito: quiere citar como testigos a los seis concejales que primero acusó, y cuyo sobreseimiento pidió poco tiempo después.
El abogado defensor del único imputado que queda en pie en la causa, el presidente del Concejo David Alberto Tressens Ripoll, estuvo de acuerdo en solicitar la ampliación de cuatro meses. Su cliente está en un limbo jurídico desde hace 16 meses: no lo llevan a juicio para que se pueda defender ni le dictan el sobreseimiento.
Aquella contratación de Jimena Barón
Este escándalo de gravedad institucional, al que no resultó ajeno la interna del Movimiento Popular Neuquino, se remonta a la contratación de Jimena Barón en 2020 para la Fiesta de los Jardines. La artista cobró, pero no se presentó.
Así salieron a la luz una serie de gastos presuntamente sin justificar o mal justificados de Daniel Brito, secretario de Economía y mano derecha del intendente Fabio Stefani (MPN).
El Concejo Deliberante se unió detrás de la decisión de destituir a Brito, quien en diciembre del 2020 judicializó el conflicto.
El 14 de enero del 2021, el juez procesal administrativo de Zapala, Matías Nicolini, dictó una insólita orden de suspensión de la sesión del viernes 15, en la cual los concejales tenían previsto votar la destitución de Brito.
Los concejales no se dieron por enterados de la existencia de esa orden, y desconocieron la competencia de Nicolini para dictarla. Sesionaron el 15 a primera hora de la mañana, y destituyeron a Brito.
Acusación y marcha atrás
Ahí entró en escena el fiscal jefe Fernando Rubió, quien imputó a todos los integrantes del Concejo Deliberante del delito de desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones (por no hacerle caso al juez), en carácter de coautores.
El escándalo institucional no tuvo la repercusión que su gravedad ameritaba. Fue como si un juez hubiera ordenado que la Legislatura no sesione, y un fiscal formule cargos contra los diputados por desobedecerle. La división de poderes siempre fue una frontera brumosa en Neuquén.
El 12 de febrero formuló cargos contra Tressens Ripoll, Melisa Salamanca y Walter Espíndola (del MPN); María Eugenia Mesa y Sergio Troche (Frente de Todos), Marta Cicconi (PRO) y Agustina Vaca Arenaza (Primero Angostura).
El 22 de julio, cinco meses después, pidió el sobreseimiento de todos, excepto de Tressens Ripoll.
Las prórrogas
Rubio tenía un año para investigar, porque el caso fue declarado «complejo». En febrero de este año, al cumplirse el plazo, pidió dos meses más, y en abril otros dos meses.
El 7 de junio fue más ambicioso, y a través del asistente letrado Jorge Amaya solicitó cuatro meses más para seguir investigando. Lo acompañó en la solicitud el defensor del único imputado, Sebastián Leguizamón Charif.
La jueza Lorenzo rechazó la petición por «desproporcionada e injustificada». Recordó que el artículo 18 del Código Procesal Penal indica que «todas las personas tienen derecho a una decisión judicial definitiva en un tiempo razonable».
«Originalmente pudo haber resultado adecuado el tratamiento de delito complejo en función del número de imputados», continuó. «Pero a partir del 21 de julio de 2021 este legajo quedó con una sola persona imputada, por dos delitos que intuyo obedecen a una sola situación fáctica. Solicitar una prórroga de cuatro meses es desproporcionado en este contexto concreto».
La carga de trabajo
Rubio dio otro argumento para pedir la extensión del plazo: la carga de trabajo que pesa sobre la fiscalía.
La jueza Lorenzo le contestó que el Código Procesal le otorgó al Ministerio Público «una cantidad importante de mecanismos de intervención en los casos previo a la judicialización de los mismos (desestimación, criterio de oportunidad, acuerdos reparatorios, archivo) y dentro de la judicialización también le ha otorgado diversas salidas para mantener una carga de trabajo razonable a sus posibilidades efectivas de brindar respuestas».
Ahora la fiscalía quedó obligada a tomar una decisión en la causa penal.
En cuanto a Brito, sigue su reclamo por la vía procesal administrativa para tratar de recuperar su puesto en la municipalidad.
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