Para dirimir conflictos, la Justicia necesita más peritos antropológicos
La Universidad Nacional de Río Negro abrió la primera especialización en Sudamérica.
Miembros de la comunidad Buenuleo irrumpieron el 10 de septiembre de 2019 en el lote que poseía Emilio Fredrich y lo ocuparon con el argumento de que se trataba de una recuperación de territorio mapuche en Bariloche. (foto de archivo)
La antropología suele ser percibida como una disciplina distante y relegada a las investigaciones académicas. Sin embargo, en la Argentina la antropología construyó una fuerte tradición vinculada a la intervención judicial. Uno de los ejemplos más destacados es el Equipo Argentino de Antropología Forense, una organización de carácter científico que se conformó en 1984 para develar qué pasó con las personas desaparecidas durante la última dictadura militar. También permitió identificar a soldados caídos en la Guerra de Malvinas.
En el último tiempo, los antropólogos sociales también han recibido muchas solicitudes de informes periciales por parte del Poder Judicial. Con la mirada puesta en esta demanda y el vacío profesional, la Universidad Nacional de Río Negro ahora ofrece la única Especialización en Peritajes Antropológicos en el país y en Sudamérica.
Eva Muzzopappa, quien es investigadora en antropología del Conicet y co-directora de la Especialización que se dicta en la sede Andina de la universidad en Bariloche, explicó que la formación está dirigida a los graduados de antropología -en sus distintas orientaciones- o de las carreras de ciencias sociales que puedan acreditar experiencia en trabajo antropológico.
«Las pericias antropológicas tienen una larga trayectoria, por lo general remitidas a trabajos con los pueblos originarios. En Argentina, en el último tiempo, las demandas estuvieron vinculadas a conflictos territoriales, o a procesos penales -o de cárcel- vinculados a integrantes de comunidades indígenas», explicó Muzzopappa a RIO NEGRO.
La antropóloga reconoció que las demandas comenzaron a incrementarse durante los últimos años. «Sucedió que, como ciencia social, no teníamos una formación específica para la presentación de una pericia antropológica. Eso no ocurría porque los colegas no supieran de qué estaban hablando sino por el modo en que había que presentarla ante la Justicia, como el uso del lenguaje, la estructura del derecho, las diferencias entre informe experto, la pericia, los roles en la instancia judicial», detalló.
Quien se presenta como perito antropológico no decide si alguien es culpable o inocente en una causa judicial. Simplemente da su saber como experto, recalcó Muzzopappa. Consideró que la antropología, «como disciplina en el trabajo de investigación, no se reduce ni remite solo a trabajar con poblaciones indígenas aunque, por lo general, queda acotada a ese campo«.
Reconoció que un antropólogo «está acostumbrado a armar artículos, tesis o libros, que dista mucho de armar un informe o una pericia. Son géneros diferentes que requieren de tonos y énfasis diferentes porque sus objetivos son diferentes». La investigación implica un camino de idas y vueltas, dudas que deben ser explicitadas; mientras que los informes, por lo general, apelan a la presentación de conclusiones, afirmaciones, certezas.
Requiere también un trabajo conjunto con quienes solicitan esos informes «que implica explicitar con claridad el objetivo por el cual se está presentando el informe, la estrategia involucrada, los puntos de pericia, entre otros detalles«. En este sentido, insistió en la necesidad de capacitar a los funcionarios judiciales para «empezar a instalar la relevancia de los peritos antropólogos».
La nueva carrera
La carrera de la UNRN se desarrolla a lo largo de 15 meses y combina presencialidad y virtualidad. El plantel docente forma parte del Instituto en Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa) que depende de la Universidad Nacional de Río Negro y el Conicet.
La especialización no aporta formación en antropología sino en el modo de llevar adelante las pericias antropológicas y en los diversos tipos de informes que se pueden requerir, ya sea desde la Justicia o algún ámbito gubernamental. También la formación incluirá una clínica para trabajar las estrategias de la antropología en distintos casos.
Quienes egresen de la Especialización en Peritajes Antropológicos serán profesionales capaces de diseñar, desarrollar, elaborar o conducir pericias judiciales, informes técnicos, diagnósticos y cualquier otro tipo de investigación, a partir de información producida desde una perspectiva antropológica. La carrera dura 15 meses y cuenta con la acreditación de la CONEAU. Hoy tiene 25 inscriptos de Bariloche, Lago Puelo, Córdoba, Salta, Misiones, Buenos Aires y La Plata, entre otros.
Casos resonantes
Los ejemplos de intervenciones de la antropología en este campo son muchos. Tiempo atrás, se elaboró un informe sobre la organización Tupac Amaru en una causa por estafa en Mendoza. La antropología dio cuenta de la dinámica de trabajo de esa cooperativa.
Un caso más cercano fue el informe preliminar que realizó el equipo liderado por la antropóloga Claudia Briones -directora de la especialización- y Lorena Cardin sobre la ocupación tradicional del Lof Buenuleo del lote 127, al pie del cerro Ventana, al sur de Bariloche, «a partir de memorias y perspectivas que no pueden ser habitualmente incluidas como prueba en las instancias judiciales».
Otro caso emblemático fue la pericia de la antropóloga Sofía Tiscornia sobre el caso de Walter Bulacio, el joven de 17 años que fue detenido y golpeado por la policía cuando se disponía a entrar al estadio de Obras en un recital del grupo Los Redondos de Ricota. En este caso, su trabajo estuvo centrado en la violencia institucional.
Casos más cercanos son los informes periciales en conflictos territoriales en las provincias de Chubut y Río Negro, en los cuales se desarrollan los modos tradicionales de ocupación por parte de las comunidades mapuche.
Las preguntas jurídicas
La doctora en Antropología, Sofía Tiscornia, fue una de las antropólogas argentinas convocadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuatro ocasiones, para llevar adelante pericias antropológicas. Esta especialista fue convocada por la Universidad Nacional de Río Negro para dar una charla, poco antes del lanzamiento de la especialización.
«Los casos en que fui perita no fueron crímenes de lesa humanidad ni de violación a los pueblos indígenas. Fueron casos de violencia por parte de fuerzas de seguridad. Violencia institucional», expresó Tiscornia.
En 2003, la mujer expuso sobre la detención y muerte de Bulacio en 1991. Este joven fue detenido en una razia policial en las inmediaciones del estadio Obras Sanitarias cuando concurría a un recital de Los Redonditos de Ricota. Murió una semana después a causa de una golpiza.
En 2011, Tiscornia fue perito por el caso de la detención y posterior desaparición de Iván Torres en Chubut. Al joven se lo vio con vida por última vez en la madrugada del 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia, cuando un patrullero lo interceptó y se lo llevó.
Otra intervención de Tiscornia fue en 2012 en el caso de Lucas Mendoza que, a los 16 años fue condenado a prisión perpetua. El hecho ocurrió en enero de 1997, cuando fue detenido en Fuerte Apache, en Buenos Aires y se lo acusó de un raid delictivo que incluyó asaltos a mano armada, lesiones a varias personas y cinco homicidios calificados.
Tiscornia advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos «no solo puede condenar a un estado por la responsabilidad en un hecho sino que puede recomendar investigaciones, adecuación de normas locales y políticas públicas». «Es común entonces -añadió Tiscornia durante la charla- que las pericias de casos como los que he intervenido tengan como motivo explicar el contexto social, de costumbres, lo normativo y las prácticas burocráticas».
Hizo alusión al antropólogo, Manuel Moreyra, que advierte sobre la necesidad de conocer los procesos y la pluralidad de los códigos de procedimiento cuando se actúa como perito. En este sentido, Tiscornia recordó que en una pericia ante cualquier tribunal «no hay preguntas antropológicas, sino jurídicas. Son preguntas para establecer una verdad jurídica, una sentencia jurídica. Sabemos que es una forma de construcción diferente y esta circunstancia cambia la forma de exponer nuestros trabajos».
Puntualizó que «es más contundente afirmar que narrar. Es más importante argumentar que interpretar. Y actuar el personaje: expresar de manera asertiva. Ese es el lenguaje que exige. Los antropólogos somos partes interesadas del problema y nos han convocado por nuestra experiencia».
A veces, reconoció Tiscornia, las preguntas por parte de los jueces son amables, pero otras son hostiles para desacreditar el testimonio del antropólogo. Recordó su intervención como perito de oficio en el caso de Iván Torres. «Los representantes del estado hicieron lo posible por enredarme en las cuestiones del lenguaje y desacreditarme. No lo consiguieron. Ese intento de descrédito lo usé para explicar cómo trabaja la antropología», dijo y agregó: «Traté de explicar cómo esas circunstancias están enlazadas, con los usos y costumbres de las fuerzas de seguridad, de las normas y leyes locales y cómo eso afecta a los jóvenes en conflicto con la ley. O no».
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