Piden no encarcelar a quien tenga droga para consumo

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El defensor oficial Mario Scorza se pronunció contra la aplicación de pena de prisión para los tenedores de estupefacientes que poseen cantidades «para consumo inequívocamente personal» y abogó por la suspensión de juicio a prueba o sustitución por multa o trabajos comunitarios.

Al exponer ante el foro sobre Maltrato Infanto Juvenil, el funcionario del juzgado Federal afirmó que «no hay respuesta al problema lógico de cómo el consumo no es delito y la tenencia sí».

Advirtió que «para consumir, el joven se vincula con un ambiente o zona, y termina involucrado en uno u otro delito» y comentó los abundantes casos de robos de pasacasetes que cometen los adictos para poder proveerse de los estupefacientes.

Scorza criticó aspectos de la ley 23.737 de estupefacientes, porque a su juicio mezcla un problema médico con otro delictivo.

«La ley protege la salud pública, y el consumo de estupefacientes, que hace a la adicción, no es un delito», explicó.

Después observó que «la tenencia es el delito que vertebra la ley 23.737, y entonces la tenencia para consumo puede generar conductas irreales y otros delitos, porque el que tiene droga ya es un delincuente».

«Una razón económica»

Relacionó aspectos de la prostitución juvenil con la droga «por una razón económica» y vinculó algunos robos y los frutos del «raterismo necesario para el consumo de drogas» con la marginalización del adicto.

Recordó los abundantes delitos que ventila el fuero penal ordinario, que de alguna manera están relacionados con la droga y la adicción del imputado.

Para Scorza, la pena de prisión, incluso de aplicación en suspenso, margina y estigmatiza más al adicto.

«En la pena en suspenso está la potencialidad que se haga efectiva y aumenta la marginalidad del consumidor o experimentador, junto con la dificultad para conseguir empleo».

Se refirió a las páginas de Internet que propician el consumo de marihuana «hasta en recetas de cocina», y criticó a las madres que protegen o encubren a sus hijos, negando o ignorando su adicción.

El ejemplo de Nueva York

El defensor citó las cifras oficiales de arrestos ocurridos en la ciudad de Nueva York en 1993, proporcionadas por la policía estratégica, que determinaron que entre el 66 y el 73 por ciento de los arrestos generales, por robos o delitos con armas, fueron cometidos por personas que habían consumido cocaína.

Finalmente, Mario Scorza pidió que intensifiquen los tratamientos para adictos y consumidores con medidas educativas, propició «una pena distinta, menor para el consumidor y mayor para la comercialización y el lavado de dinero», y criticó los «pruritos sociales y conductas hipócritas».