Low cost, la pelea por el precio de los pasajes aéreos llegó a la Justicia y se esperan resoluciones
Flybondi espera que la Justicia resuelva el amparo que presentó contra el decreto de Alberto Fernández que reimpuso las bandas tarifarias, entre otros cambios del negocio aerocomercial.
Flybondi hizo una presentación judicial para que no entren en vigencia las bandas tarifarias, cuyo piso implicaría un aumento en los precios de los pasajes. La presentación solicita al juez una “urgente intervención” para que no se implemente la decisión oficial, adoptada el año pasado mediante el decreto 879 y cuya entrada en vigencia está prevista para fines de junio.
La cautelar está radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo del juez Pablo Cayssials, que ya tendría en sus manos las respuestas de organismos del Estado, como el ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para decidir si da lugar al pedido de Flybondi.
La historia de este reclamo comenzó el 24 de diciembre, cuando a través del mencionado decreto, el Gobierno dio un golpe a la operación de las low cost al reestabler bandas tarifarias -es decir, precios mínimo y máximos- para los pasajes aéreos de cabotaje, entre otros cambios de reglas para el negocio aeronáutico.
Dos meses después, el 22 de febrero, Flybondi presentó una medida cautelar en la Justicia para que el Ministerio de Transporte no pueda avanzar con la regulación de las bandas tarifarias que produciría una suba en los precios de los pasajes. En su escrito, de 160 páginas y un millar de anexos, la empresa habla de “irrazonable e intempestiva” alteración de su marco jurídico, por un “decreto reglamentario incompatible con normas de jerarquía legislativa y preceptos constitucionales”.
Flybondi argumenta que la imposición de bandas tarifarias va en contra de la ley 19.030 y, por ende, es inconstitucional. Además, acusa que busca beneficiar la posición de mercado de Aerolíneas Argentinas en desmedro del resto de las compañías en la asignación de rutas internacionales.
El decreto establece que cualquier línea aérea de bandera nacional que solicite un nuevo servicio sólo podrá recibirlo siempre y cuando no lo cubra Aerolíneas Argentinas. La empresa alegó que la medida va en contra del interés general y en detrimento del desarrollo federal del transporte aerocomercial del país, debido a que empresas como Flybondi conectan aeropuertos en provincias y municipios con nuevas rutas antes inexistentes.
El Gobierno justificó sus decisiones en una presunta crisis financiera del sector. “Se ha realizado un análisis de los balances presentados por las empresas transportistas que operan servicios regulares con venta libre de pasajes y se indica que los ingresos de la actividad aeronáutica no alcanzan para cubrir los costos directos e indirectos de la misma, desde hace varios años, como resultado de la fijación de tarifas predatorias, que llevaron al colapso del sistema”, se lee en los considerandos del decreto.
Concretamente, el Gobierno acusó a las low cost de dumping, es decir, de vender pasajes por debajo de sus costos. También alegó una necesidad de implementar bandas tarifarias por el “exceso de oferta”.
La presentación judicial, realizada el 22 de febrero, fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials. El juez Cayssials envió una comunicación oficial a la cartera el 20 de abril, solicitando que produzca un informe como demandados en el término de cinco días hábiles y ya tendría en sus manos las respuestas de organismos del Estado.
La low cost espera sin demasiada expectativa -Cayssials ya rechazó un amparo de Flybondi contra la reapertura de El Palomar después del cierre por la cuarentena-, pero está dispuesta a dar batalla en lo legal. Por lo pronto, en caso de un fallo adverso, su siguiente paso sería obtener una respuesta favorable en Cámara, pero su estrategia jurídica contempla distintos escenarios.
El más extremo es presentar un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial. Esta sería la última decisión, después de cerrar la empresa.
“La compañía quiere estar en el mercado. Pero los recursos de sus accionistas no son infinitos”, señalaron en el sector. Aseguran que, con la aplicación del decreto, desaparecerán los 4 millones de pasajeros que el mercado de cabotaje ganó entre 2017 y 2019, lo cual pone de nuevo al plan de negocios de Flybondi -que analizó seriamente su continuidad durante la pandemia- en zona de turbulencias.
Menos pasajeros
De acuerdo con el Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Córdoba, citado por La Nación, si los niveles vuelven a ser los de fines de 2014 -el piso correspondería a $13.000 de tarifa promedio- el mercado aerocomercial se achicaría entre tres y seis veces respecto del actual. Rondaría los 5,2 millones los pasajeros por año, con un máximo de 6,4 millones y un piso de 3 millones.
Según el Instituto, los datos muestran que, a medida que se redujo la banda tarifaria mínima en términos reales entre 2003 e inicios de 2019 (cuando entró en vigencia su eliminación), creció la cantidad de pasajeros de cabotaje anuales. Según el informe, el 74% del incremento en volumen de viajeros se explica por esas variaciones.
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