Denunció que su expareja falsificó documentación para quedarse con su vivienda en Cipolletti
Una mujer acusó que el IPPV le facilitó a su expareja acceder a la escritura del hogar donde viven ella y sus hijos. La denuncia sostiene que adulteraron los documentos públicos.
El actual juez de juicio Guillermo Merlo, fue el fiscal del caso
Una mujer de Cipolletti denunció que funcionarios del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) le cedieron la escritura de su casa a su expareja. Ella estuvo por más de 30 años en pareja con un funcionario público judicial y aseguró que durante ese tiempo sufrió permanentemente violencia física, psicológica y económica.
Las pruebas que acompañan al expediente penal «son determinantes para la solicitud» aseguró el abogado Federico Allende que busca retrotraer el estado dominial y registral a su punto de origen. El abogado adelantó que «las pruebas buscan demostrar que el demandado actuó con la connivencia clara y manifiesta de funcionarios públicos del IPPV. Además de que su posición como funcionario público le permitió visualizar las distintas actuaciones que debía cometer para realizar el ilícito».
En el año 1993 la pareja vivía en una vivienda de la CGT de Cipolletti, otorgada por el IPPV. En esa época accedieron a una vivienda que otorgaba el mismo instituto. El abogado, explicó que «para participar de ese plan tenías que poner el terreno sobre el cual se iban a construir las viviendas, la realidad es que el padre de mi clienta le donó el dinero suficiente para adquirir el terreno a la pareja».
Como la pareja ya vivía en una casa del IPPV el marido decidió poner la vivienda a la cual se estaban inscribiendo a nombre de sus padres, con la excusa de que de esa forma no le iban a poder hacer ningún tipo de problema.
En el año 1999 le entregaron la vivienda a la pareja. Allende dijo «en esa vivienda vivieron ella con su exmarido y sus tres hijos. Lo cierto es que pasaron los años y las actas de tenencia precaria estaban a nombre de los padres del demandado. En el transcurso de los años la pareja se termina separando. Entonces, hoy el demandado dice que la vivienda es un bien propio que le pertenece, porque eran de los padres».
Los padres del acusado fallecieron. Los hermanos pidieron la sucesión de bienes y reclamaron la vivienda. El abogado aseguró que «en ese ínterin tanto el demandado como mi clienta fueron pagando mensualmente las cuotas de la casa. Había un pago doble, pero con la particularidad que en la vivienda vivía y vive mi clienta con el grupo familiar, excluido el marido con denuncias por violencia de género».
La situación continuó hasta el 2011, fecha en la que iniciaron el juicio por divorcio y división de la sociedad conyugal. «En el juicio de división de la sociedad conyugal él planteó que la vivienda era un bien propio y que no correspondía a la sociedad conyugal. Nosotros contestamos la demanda y manifestamos que el bien era un bien conyugal ganancial, pero en ese intervalo él por medio de adulteración de documentos públicos logra acceder a la escritura de la casa a su nombre«, explicó Allende.
Al tomar conocimiento de que había una adulteración de documentos públicos el abogado Allende, inició el reclamo administrativo correspondiente al IPPV. Denunció que la mujer siguió viviendo en la casa y sin embargo el IPPV nunca dio ningún tipo de respuesta.
«Nosotros agotamos incluso la vía administrativa y ahora estamos prontos a meter el reclamo contencioso vía judicial pero además interpusimos una denuncia penal por adulteración de documentos públicos. Porque dentro de esos documentos públicos había una supuesta constatación domiciliaria en la cual aparentemente según surge de los datos del IPPV el hoy demandado vivía en la casa junto con su hermana. Lo cual es totalmente falso».
La denuncia recayó sobre la Fiscalía 3, en ese momento a cargo del Guillermo Merlo, hoy juez de juicio. Comenzaron hacer las averiguaciones correspondientes y se produjo la formulación de cargos.
Actualmente el caso está por llegar al control de la acusación. En esta instancia se controlarán las pruebas presentadas y se elevará a juicio. Allende dijo «hoy hay una denuncia penal en trámite contra el demandado, que dicho sea de paso es un funcionario público judicial de la provincia de Neuquén, es abogado y trabaja en Rincón de los Sauces. El reclamo administrativo está en trámite, esto dará por decaído todas las actuaciones que se hicieron hasta el momento».
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