Apuran en Diputados la nueva ley de alquileres

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó que “la semana que viene” buscarán avanzar en la suspensión de la ley de alquileres por 90 días y llamó a discutir, en ese lapso, una nueva norma. Pero Juntos por el Cambio hizo el primer movimiento y pidió una sesión especial para el 5 de abril con el fin de derogarla.

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La ley que rige desde julio de 2020, sancionada con votos del oficialismo y la oposición, generó una retracción de la oferta y aumento de precios.

“Mi idea es que la semana que viene trabajemos en una comisión integrada por todas las fuerzas políticas en la suspensión de la ‘ley Lipovetzky’, que claramente fracasó, y en la constitución de un grupo de trabajo en el Parlamento que nos permita, en los próximos 90 días, tener una nueva ley, porque esta perjudica a propietarios, inquilinos e inmobiliarias”, señaló Massa.

Con sus declaraciones, Massa le marcó la cancha a la oposición, que venía amenazando con pedir una sesión especial con el fin de derogar la ley. En Juntos por el Cambio prefieren la derogación a la suspensión, porque entienden que eso último generaría “una enorme inseguridad jurídica”.

“Nosotros tenemos propuestas alternativas, pero entendemos que no puede seguir pasando el tiempo y los inquilinos no pueden seguir afrontando los enormes problemas de esta ley. Así que primero hay que derogarla, eso es urgente, y luego buscar los consensos para una buena ley”, dijo a este medio Silvia Lospennato (PRO), una de las diputadas involucradas en el tema.

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De todos modos, la oposición se enfrenta a un escenario complicado: primero debe reunir el quórum de 129, y luego los dos tercios para tratar los proyectos.

A tono con el anuncio de Massa y acompañado por otros 14 diputados, el peronista José Luis Gioja presentó el viernes un proyecto alternativo, aunque no modifica el plazo del contrato ni el ajuste anual.

Uno de los proyectos de Juntos por el Cambio propone que sean ambas partes las que acuerden tanto la duración del contrato (con un plazo mínimo de un año) como el método de ajuste, que actualmente combina en partes iguales el índice de inflación y el de variación salarial.