Unos $92 millones costará el relevamiento de mapuches en Neuquén
La mayor parte del presupuesto se usará para contratar servicios técnicos y profesionales. La atención se centra en las comunidades de Vaca Muerta.
El gobierno neuquino realizó reuniones con las autoridades de la Confederación Mapuche. (Gentileza Confederación Mapuche)
El gobierno neuquino emitió un decreto para darle formalidad en la cuestión administrativa al dinero que se usará para darle continuidad al relevamiento territorial de comunidades indígenas.
La ley 26160 se sancionó en 2006 y estableció la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes. El plazo original era de cuatro años, pero como surgieron polémicas sobre la operatividad del relevamiento se la prorrogó tres veces. La última fue en el 2021 y el plazo final será el 23 de noviembre de 2025.
Neuquén había comenzado con el relevamiento pero las relaciones entre las comunidades y el gobierno neuquino se deterioró y fue necesario una intervención judicial para que se incluyeran las comunidades que habían surgido posterior a la fecha de la ley primigenia.
Después de idas y vueltas y de cortes de ruta, el 15 de octubre del año pasado se firmó un convenio entre Provincia y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para la coejecución del programa de relevamiento territorial y se aceptó la transferencia de plata en cuatro cuotas.
El total de la transferencia es de 80.346.000 pesos a los que se agregan otros fondos que totalizan unos 12,4 millones de pesos más en concepto de planta política que trabajará en el relevamiento.
Del total del dinero que ingresará, la mayor parte será para contratar servicios técnicos y profesionales.
En efecto, el convenio tiene por objeto continuar con la implementación del relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de lasa tierras que, en forma actual, tradicional y pública, ocupan las comunidades de los pueblos indígenas en la provincia de Neuquén, según el decreto 421 del 10 de marzo.
El problema más intrincado a resolver son las cinco comunidades que reclaman en zonas de Vaca Muerta y que no están relevadas en la primera etapa.
Se trata de las comunidades Wircaleo en Sauzal Bonito, Campo Maripe, Futa Trayen, Nehuen Curá y Kaixipayin. Estableció que la comisión ejecutora interjuridiccional y el presupuesto estimado para llevar a cabo las tareas debe tener una convalidación institucional mediante el dictado de la norma legal.
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