El Gobierno cerró el acuerdo con el FMI y hoy lo envía al Congreso: cómo sigue el trámite
A última hora de este miércoles terminó la revisión legal del memorando de entendimiento. Hay apuro en la Rosada por la aprobación. El 22 hay un vencimiento de casi 2.900 millones de dólares y no alcanzan las reservas para pagar.
“En virtud del principio de acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el G6 manifiesta su apoyo", comunicó luego del anuncio oficial. (Foto Archivo).-
El gobierno cerró finalmente en la noche de este miércoles la fase de negociaciones técnicas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y hoy enviará el acuerdo al Congreso para su aprobación o rechazo.
Así lo confirmaron a este medio fuentes gubernamentales y parlamentarias, las cuales señalaron que este jueves habrá ingresado formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que habilita el tratamiento del Memorandun de entendimiento con el FMI.
A los efectos de ordenar tratamiento, cronograma de comisión, invitados y expositores, así como asistencia de funcionarios, este jueves a las 12:00 en el salón de Honor de la Presidencia se realizará una reunión de presidentes de bloques integrantes de la comisión de Presupuesto con los las autoridades de la comisión y las de Cámara. Posteriormente, se avanzará con el resto de los bloques.
Ni bien Economía ingrese en forma digital por mesa de entrada el acuerdo, el texto será girado de inmediato a todos los presidentes de bloque para que el análisis comience este mismo jueves, dado que el Gobierno quiere un debate acelerado.
Después de enviar el acuerdo, el Gobierno irá al Congreso a explicar y defender el proyecto para buscar una aprobación rápida, dado que el reloj de los vencimientos corre y no hay reservar para afrontar más pagos.
Hay apuro en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda. El 22 de marzo hay un vencimiento de capital con el Fondo por el equivalente a unos 2.873 millones de dólares. Y no hay dinero en las arcas del Banco Central para afrontarlo. Solo el acuerdo evitaría que la Argentina caiga en un incumplimiento.
Si bien el acuerdo había sido confirmado, aún anoche se definían los detalles legales del texto de entendimiento. Y en paralelo el Gobierno empezó a armar la batería política con la que el Ejecutivo irá al Congreso a explicar y defender “cada punto” de lo pactado con el Fondo.
La tarea demandará del aporte del jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el director por el Cono Sur ante el Fondo FMI, Sergio Chodos. Estos dos últimos son los artífices de toda la negociación.
Hasta la noche del miércoles, el ministerio de Economía mantenía comunicaciones con el organismo multilateral con sede en Washington. Y se aspiraba a poder terminar la tarea en las horas subsiguientes.
El Gobierno está obligado a enviar los memorandos que escribió con el FMI al Congreso porque así lo indica la 27.612, llamada de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que impulsó el propio Guzmán.
Esa normativa establece, entre otros puntos, que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso de la Nación.
El miércoles hubo reuniones con el staff técnico del Fondo durante todo el día. La etapa final consistió en la lectura y el análisis legal de lo elaborado a lo largo de todo febrero, con asistencia jurídica de uno y otro lado del mostrador.
El presidente Alberto Fernández había prometido en la Asamblea Legislativa que el envío del acuerdo se concretaría esta misma semana.
Los equipos técnicos que en Argentina responden a Guzmán y en Washington trabajan bajo el mando de Kristalina Georgieva venían teniendo extensas reuniones para lo que es la redacción de los memorandos que dan forma al entendimiento.
En esas reuniones, las partes avanzaron en puntos sensibles para la negociación, como lo relacionado con los subsidios y las tarifas de los servicios públicos principalmente en la populosa Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); el sistema previsional y el laboral.
Era la “sintonía fina” que se necesitaba para que el Fondo y el Gobierno -presionado por el ala dura del kirchnerismo- pudieran destrabar desacuerdos en tornos a cuestiones que afectan directamente a la clase media.
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