Nuevos acuerdos y desacuerdos en materia energética

Por Sebastián Scheimberg (*)

Puede que Argentina no genere grandes oportunidades de inversión y empleo de calidad, pero los debates de políticas públicas proliferan a diario, y opciones racionales se terminan judicializando. En este sentido se da con más intensidad el apotegma que nos paraliza creyendo que “hablar de las cosas son las cosas”. En estas líneas desarrollamos algunas de ellas.

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1) Centrales nucleares

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A partir del viaje del presidente a China y la firma de un nuevo acuerdo, aparece una controversia que no se termina de entender. Si es conveniente (inconveniente) el desarrollo de grandes centrales atómicas, lo es tan bueno (o tan malo) en esta gestión como lo era en la anterior. Cuesta entender el contrapunto entre el Ingeniero Mecánico y el Sociólogo, actual y antiguo presidente de Nucleoeléctrica Argentina.

En síntesis, se trata del mismo proyecto y la misma modalidad de financiación: atado a un préstamo del gobierno chino que va a pasar a engrosar la deuda externa a cambio de un activo cuyo costo de capital es diez veces mayor al de una central que genera con un recurso ultra abundante: el gas natural, a cambio de un insumo importado.

Otra diferencia en materia de organización industrial es que mientras la actividad nuclear es desarrollada en nuestro país por el Estado, las empresas productoras de electricidad en ciclos combinados térmicos se adscriben a la órbita privada. Y la controversia de producción pública o privada está al tope del debate político actual a la luz de las evidentes ineficiencias que entrega como ejemplo la empresa pública vernácula, corroborando la teoría económica cuando sostiene que los incentivos de los funcionarios pueden estar disociados del interés general.

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2) Exploración offshore

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Se ha planteado otro debate que en instancias judiciales terminó freezando la inversión. Las posiciones extremas están representadas por ecologistas radicalizados y representantes de las empresas petroleras . Como toda posición extrema, cada grupo presenta sus argumentos con vehemencia. En el medio se observa un curioso y auspicioso acuerdo que erosiona la grieta política. Aquí se reconoce que, si bien el camino hacia la transición energética y la descarbonización es inexorable, hay un timing que permitiría una explotación sustentable del recurso costa afuera, con expectativa de desarrollar otra importante fuente de riqueza para el país. Basta con observar el exitoso caso de Brasil que merced a la explotación de su offshore pasó de ser importador a exportador neto de energía en la última década.

El proyecto además es atractivo porque compromete inversión de riesgo privado, a diferencia del caso nuclear, en tiempos de escasez de divisas y desequilibrio presupuestario. A esta coincidencia se suma la voluntad de dinamizar la producción de pequeñas plantas nucleares, donde la autosuficiencia financiera debería ser el norte de estos proyectos, a semejanza del modelo de negocios de INVAP.

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3) Nuevo gasoducto

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El proyecto ya cuenta con su DNU, propone ampliar la capacidad de transporte en 44 millones de m3/d, y se financiará con recursos públicos. Es positivo en términos de la obra en sí, y en este punto también se angosta la grieta, aunque la gestión anterior buscó (sin éxito) encuadrar la obra bajo la órbita de la Ley del Gas. Lo que este proyecto implica es, nuevamente, una gestión pública de la obra con financiamiento colectivo. Algo distinto de lo que ocurre en países más apegados al modelo capitalista, como en el vecino Brasil, donde las expansiones corren por cuenta de los inversores privados, que son los beneficiarios directos del proyecto.

Se puede argumentar que la sociedad se beneficiará sustituyendo combustible importado, pero cuidado que cerca de la mitad de los subsidios en gas natural del año 2021, correspondieron a la oferta (principalmente Resolución 46).

Más allá del modelo de organización, genera dudas la capacidad de la firma estatal IEASA (antes ENARSA) para dar cumplimiento de los tiempos de obra. Ello no está vinculado estrictamente al gobierno actual sino, nuevamente, al dilema de incentivos y eficiencia donde la gestión pública reemplaza a la gestión privada, como lo muestran los dilatados tiempos de construcción del Gasoducto del NEA.

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4) Exenciones de subsidios energéticos

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La decisión de eliminar súbitamente los subsidios que está proponiendo la actual administración, no presenta diferencias de la estrategia tarifaria de la gestión anterior, siempre que se sostenga la muy buena idea implementada en relación a la tarifa social en energía y los atributos del sistema SUBE en transporte.

Aunque hay varios aspectos anexos que señalar: La lógica del precio que refleja costos no puede (o debe) estar contaminada de un señalamiento político-electoral. Esto es, no debería aplicarse donde no están los votos propios (CABA). Por otra parte, varios políticos de la oposición han puesto el foco en un esquema de coparticipación que redistribuye arbitrariamente los recursos que le pertenecen a la ciudad que más aporta y menos recibe, que es a su vez objeto exclusivo de la eliminación de subsidios.

Las propuestas de esquemas tarifarios superadores deberán, a futuro, tener en cuenta los aspectos tributarios a modificar bajo otro régimen de coparticipación, mejorar el foco de subsidios, y la consistencia macro-energía con un ojo puesto en la transición energética.

Y naturalmente, si no era coherente un aumento desmedido en épocas de Macri (según el fallo CEPIS) tampoco debería serlo en la gestión Fernández. Esperemos ver la reacción de las ONGs defensoras de los usuarios en las próximas horas y su grado de independencia. Cabe aclarar que la densidad poblacional impacta sobre los costos de los servicios públicos y las tarifas de equilibrio. Localidades con menos densidad tienen costos mayores.

En conclusión, tenemos una serie de cuestiones de políticas públicas atravesadas por dilemas que llevan a confrontar el predominio de las prestaciones públicas versus las privadas, pero donde las distintas gestiones no han podido fijar posiciones claras al respecto. Resulta auspicioso que existan coincidencias y que la racionalidad se imponga por sobre la grieta en los tiempos que corren, y pasar de la discusión a la acción constructiva.

(*) El autor es Economista. Exfuncionario de la Secretaría de Ambiente, Ministerio de Energía y Enargas. Miembro de la Fundación Instituto Barilochense de Análisis de Políticas Públicas (IBAPP).