Nuevo pedido para que desalojen un aserradero en Roca
El dueño de las tierras ocupadas por una cooperativa presentó hoy un nuevo escrito, para que la Justicia haga cumplir una sentencia firme.
Los trabajadores del aserradero iniciaron el viernes un corte en el ingreso al predio, sobre Ruta 65. (Foto: Juan Thomes)
La presión va en aumento para los integrantes de la Cooperativa 1 de Mayo, que ocupan desde hace años las tierras donde funciona un aserradero, en Roca. Vencidos los plazos para la salida voluntaria, el dueño del inmueble formalizó esta mañana el pedido a la Justicia para que se concrete el desalojo.
La insólita historia del aserradero a la deriva
La causa judicial tiene una sentencia firme desde hace un año y medio, pero a pesar de ese mandato, el grupo permanece en el lugar y el viernes pasado inició un corte de ruta. El reclamo que reiteran es que se cumpla con una ley aprobada en el 2015, que declaró al predio de utilidad pública y sujeto de expropiación.
Esa norma nunca se hizo efectiva y como “cayó” dos años después de haber sido sancionada, el propietario avanzó con el trámite judicial para tomar posesión de los lotes, ubicados sobre la calle Alsina 2.900, sobre el acceso oeste de Roca por la Ruta “Chica”.
Las gestiones para lograr una solución pacífica al conflicto fueron numerosas, pero ninguna logró concretar la devolución de las tierras.
“Están en una situación de terquedad absoluta”, sostuvo el abogado Rubens Vila, representante en la causa de Mario López, quien compró el predio de tres hectáreas en el 2014 pero nunca pudo usufructuarlo.
Vila presentó hoy un nuevo pedido de desalojo, teniendo en cuenta que el viernes pasado se cumplieron los 90 días que la jueza civil María del Carmen Villalba había otorgado a la cooperativa para que abandone las tierras.
“Sabido es, que todo tiene un límite, y que las soluciones políticas que intentaron obtener los demandados no han dado resultado positivo, no hubo acuerdo con ninguno de los organismos de los tres poderes ejecutivos, como mencionan, Provincial, Nacional o Municipal, ni tampoco un plan que pudieran cumplir o fijar un plazo para la solución del problema, ello pese a las concesiones dadas desde el Tribunal y la parte actora, pues a casi dos años, no han logrado un lugar a donde trasladar la sede laboral”, sostuvo la magistrada el 11 de noviembre pasado, cuando fijó la fecha de salida.
El abogado del dueño de las tierras insistió en su aspiración a una resolución que no implique un procedimiento forzoso, apelando una vez más a la buena voluntad de los integrantes de la cooperativa y de sus representantes legales.
“El perjuicio es inmenso. Se pagó lo que valía y desde el 2014 no se puede hacer uso. Esperamos que lo entreguen”, planteó.
Por otra parte, Vila rebatió el argumento de los referentes de la cooperativa, quienes exigen que se cumpla la ley 5.031, que estableció la declaración de utilidad pública y sujetas a expropiación las fracciones de los terrenos sobre los que se encuentra asentado el aserradero.
“No es un bien de utilidad pública. Y para eso no hay que hacer ningún análisis técnico, sino que alcanza con pararse frente al inmueble. ¿Es para bien de la sociedad o el que busca el beneficio es un grupo en particular? Es una ley que no tiene ningún sustento legal, que venimos atacando desde el principio”, enfatizó.
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