Obra pública: Aníbal F. negó instrucciones de Cristina Kirchner para desviar fondos a Santa Cruz
El actual ministro y exjefe de Gabinete declaró en el juicio por presunto direccionamiento de obras viales a favor del empresario Lázaro Báez. La semana próxima será el turno de Alberto Fernández.
Aníbal Fernández dijo que jamás votaría en contra de un presidente peronista.
Corresponsalía Buenos Aires
El ministro de Seguridad y exjefe de Gabinete Aníbal Fernández negó ante la Justicia que se hayan desviado fondos para obras viales a Santa Cruz durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y denunció el armado de una “causa lisa y llanamente política” contra la expresidenta y actual vice.
Fernández declaró a pedido de la defensa de Cristina ante el Tribunal Oral Federal Nro. 2, que la semana próxima escuchará al presidente Alberto Fernández, quien concurrirá de manera presencial el martes 15, después de posponer su declaración por razones de agenda.
A lo largo de una hora y media, el exjefe de Gabinete enfatizó que “ninguna provincia” fue beneficiada con reasignaciones presupuestarias “desproporcionadas” y garantizó que “nunca” recibió instrucciones de Cristina para favorecer al empresario Lázaro Báez y su firma Austral Construcciones.
“La ponen (en el estrado) solo para manosear, porque no van a encontrar ninguna verdad, porque lo que dicen es mentira”, señaló el ministro en declaraciones realizadas a la prensa a la salida de los tribunales de Comodoro Py, y añadió que la causa es “lisa y llanamente política”.
El funcionario explicó a los jueces cómo funciona la asignación de la obra pública e intentó demostrar que se trata de un proceso que no se puede someter a la evaluación de la Justicia porque depende de la “ecuanimidad” que aplique el gobierno de turno, y no de una norma.
“No veo por qué tanta valoración política a lo que tiene que ser una evaluación jurídica de lo que se ha hecho, y está bien hecho”, dijo Fernández a la prensa, y en ese sentido subrayó que “es imposible redireccionar una obra”.
Según el ministro, “se puede objetar e impugnar (una licitación) porque se falseó la verdad o no se hizo lo que correspondía o no se cumplió alguno de los requisitos”. “¿Estamos discutiendo algún caso de esos?. Ninguno”, sentenció.
A su vez, advirtió que “todo pasó como pasó (en el trámite de asignación de obras) y nadie dijo nada”, pero “de golpe y porrazo descubrieron que estaba todo mal”, por lo que la acusación contra Cristina “no tiene ningún sentido”.
Fernández respondió así al interrogatorio del abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, del fiscal Diego Luciani, y de los abogados de Báez y de Nelson Periotti, exfuncionario de la Dirección de Vialidad Nacional.
La declaración forma parte de una ronda testimonial de exjefes de Gabinete que comenzó la semana pasada con Juan Manuel Abal Medina y siguió este lunes con Jorge Capitanich, actual gobernador de Chaco.
El martes 15 será el turno de Alberto Fernández, y finalmente el lunes 21 hará lo propio el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien hablará por videoconferencia.
También están citados Javier Iguacel, denunciante de la causa y director de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri; y Jaime Mecikovsky, exsubdirector de Operaciones Impositivas de la AFIP, vinculado a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
En defensa de CFK
En su declaración, Fernández no solo negó desvíos discrecionales de fondos a Santa Cruz y a la empresa de Báez, sino que señaló que ese tipo de maniobras “no se hicieron nunca con ninguna provincia” porque “se trata de hacer una tarea ecuánime” con todos los distritos.
En ese sentido, afirmó que “de ninguna manera sucede que en el presupuesto se beneficia a un empresario en particular”, e insistió en que el criterio para asignar fondos a las provincias no está establecido en ninguna norma sino que depende de “la ecuanimidad de todo presidente honesto”.
Además, explicó que todas las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias que hace la Jefatura de Gabinete a través de decretos se someten a un control de legalidad de los ministerios que intervienen, de la Secretaría Legal y Técnica y del Congreso, que debe convalidar esas decisiones.
También indicó que, de haber existido alguna irregularidad, debería haberse objetado o impugnado la licitación de las obras. Además de Báez y Cristina Kirchner hay otros 11 acusados, entre los que figuran el exministro de Planificación Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.
Comentarios