Multan a tres funcionarios de Bariloche por no responder informes
Les retendrán de su sueldo el equivalente al 10% del salario bruto del intendente. La medida la dispuso el Tribunal de Contralor con el voto de la presidenta, que es del oficialismo, y de un vocal de la oposición.
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social de Bariloche cobra por los tableros comunitarios y no responde al Contralor. Archivo
Los tres integrantes del directorio del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas de Bariloche fueron multados con el equivalente al 10% del sueldo bruto del intendente Gustavo Gennuso por no responder a pedidos de informes solicitados por el Tribunal de Contralor.
La sanción fue impuesta mediante la Resolución N°6 fechada el lunes, que firman dos integrantes del Contralor, la presidenta Luisa Cid, de Juntos Somos Río Negro, y el vocal Estanislao Cazaux, del Frente de Todos.
El Contralor ordena al Departamento de Sueldos a que retenga el valor de la multa pecuniaria a los tres funcionarios: Javier Gimémez (presidente), Nicolás Pedernera (vicepresidente) y María Paula Meira (vocal). La sanción rondaría los 20.000 pesos cada uno.
Según los fundamentos, el organismo de control realizó “numerosos pedidos de informes” al Instituto a través de cuatro notas formales, vinculados al cobro del suministro eléctrico en tomas.
Se trata de un caso que se originó en mayo de 2021 por un convenio del Instituto para realizar cobros de tableros comunitarios y la CEB cuestionó esta metodología ya que le correspondería a esta entidad.
Los contralores refieren que el artículo 61 de la Carta orgánica y la ordenanza 1754/07 facultan al tribunal a requerir información a las dependencias públicas municipales y contratistas de obra pública, y esa información “no puede ser negada”.
Indicaron los vocales del Contralor que dado el tiempo transcurrido, que excede los plazos establecidos por la resolución 61 del mismo organismo, se procede a aplicar la multa que definió a través del acta 254 del 29 de diciembre de 2021 por su “reticencia a dar respuesta a los pedidos de informes solicitados por este organismo”.
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