Familias separadas en la frontera

ELLIOT SPAGAT, BEN FOX y CLAUDIA TORRENS *


Para la mujer de 30 años, lo peor parecía haber pasado ya. Atrás quedaron los duros momentos de 2018, cuando funcionarios estadounidenses la separaron de su hijo de entonces seis años en la frontera estadounidense bajo las políticas de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump ante la inmigración ilegal.

Ella vive ahora con su hijo y trabaja en la construcción en Carolina del Norte. Sin embargo, enfrenta un nuevo problema: intentos de extorsión a familiares suyos en Honduras por parte de pandillas que creen que ella ha recibido miles de dólares en compensación económica.

La madre de esta hondureña recibió notas exigiendo 5.000 dólares mensuales, asegura ella. “Aparentemente yo soy millonaria,” dijo la inmigrante, quien habló en condición de anonimidad por motivos de seguridad. “Porque la verdad es que yo no tengo dinero para pagar esa cantidad. Estoy desesperada,” agregó.

Las denuncias recientes de extorsión, reportadas por pocas familias a un abogado, han ocurrido tras titulares recientes en los medios de comunicación hablando sobre posibles pagos a estas familias por parte del gobierno estadounidense.

Los casos parecen incidentes aislados. Aun así, el problema de la extorsión en América Central es generalizado y la razón por la cual muchos piden asilo en Estados Unidos. Activistas y abogados temen que potencial compensación económica a familias que fueron separadas genere más amenazas. Ningún pago se ha realizado y no está claro que se realice ninguno en el futuro.

Las negociaciones entre las familias y el gobierno estadounidense se paralizaron después de que el diario Wall Street Journal reportara que el Departamento de Justicia estaba considerando pagar 450.000 dólares por persona -o 900.000 por padre e hijo- para compensar por el sufrimiento tras las separaciones.

Un comerciante vive en Guatemala con su hija de 14 años. Su esposa e hijo de ahora 18 años viven en Atlanta tras haber sufrido la separación en la frontera en 2018 por más de un mes. El hombre dijo que ambos tuvieron que huir de su país porque él recibía mensajes de texto que amenazaban con el secuestro de su hijo si no pagaba dinero. El hombre dijo que él y su hija intentaron ir a Estados Unidos en 2019. Fueron secuestrados en México durante dos semanas y entregados a las autoridades mexicanas tras pagar 3.000 dólares. Después fueron deportados a Guatemala.

El peligro de la extorsión demuestra la necesidad que tiene la junta de completar su tarea de reunificación de familias, dijo Brané. Hasta el martes de la semana pasada, 112 niños o adolescentes se han reunido con sus padres en EE.UU. De momento, pueden permanecer en ese país bajo un alivio migratorio de tres años. El plazo podría alargarse si se aprueba una nueva legislación.

“No tengo ninguna duda de que eso está ocurriendo en más casos de los que sabemos,” dice Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, un grupo que estuvo involucrado en las negociaciones con el gobierno sobre compensación económica.

Las negociaciones han sido delicadas para la administración del presidente Joe Biden. Ésta ha sido criticada por funcionarios que favorecen menos inmigración y consideran impensable que Estados Unidos baraje la idea de compensación económica para las familias. El propio Biden dijo: “Eso no va a pasar”, cuando se le preguntó en noviembre sobre posibles pagos de 450.000 dólares. Más tarde, clarificó que apoyaba la idea de ofrecer alguna compensación.

* Periodistas de AP


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