Los jueces que colaboraron con la dictadura llegan a juicio en Neuquén

Una semana después de la última sentencia por delitos de lesa humanidad en Neuquén, los ex funcionarios judiciales Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz sumaron dos nuevos procesamientos en Neuquén por la colaboración prestada a la maquinaria de la dictadura militar en la región durante la desaparición de personas en 1976.

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Duarte ya tiene procesamiento confirmado por 25 hechos de omisión de justicia y otros 16 por prevaricato. El 17 de diciembre sumó la confirmación de haber ignorado las presentaciones de los familiares en busca de Cecilia Vecci y Lucio Espíndola.

El ex juez federal está imputado por delitos de lesa humanidad desde 2018, con prohibición de salir del país y con obligación, hasta que surgió la emergencia por la pandemia, de presentarse semanalmente para dar cuenta de que no se escapará. La indagatoria sobre los delitos de los que fue acusado superó varios meses debido a presentaciones y pedidos de nulidad, que reitera ante cada instancia definitoria.

Hasta apeló la elevación a juicio de la causa, en la que está convocado a debate junto con Ortiz, para audiencias que se deberán desarrollar este año, luego de que se conforme el Tribunal.

El juez Gustavo Villanueva afirmó que cuando Josefa Lépore de Mujica (Beba Mujica) pidió saber dónde estaba su hija, que la justicia investigue el hecho y presentó un habeas corpus junto a otras 3 personas, Duarte «jamás profundizó el pedido de informes por la totalidad de las víctimas, no realizó ninguna medida para tratar de identificar a los autores del hecho descripto por la denunciante, no contactó a los testigos que habrían presenciado el momento en que los captores retiraban a los detenidos del domicilio, ni buscó contacto con los secuestrados que fueron liberados a las pocas horas del operativo».

Recordó que sólo de ese episodio en el que se le pedía intervención judicial, dos mujeres seguían desaparecidas al momento de tomar contacto con el expediente. Insistió en que debido a que los secuestros de junio de 1976 fueron publicados por el diario Rio Negro y el Ejército emitió una suerte de desmentida, o versión pública remitida desde el Comando sobre de lo ocurrió, los magistrados federales ni siquiera realizaron alguna diligencia de constatación ante lo que ventiló como un hecho público.

Los delitos imputados por la fiscalía y la instrucción para llegar al juicio

«Su accionar colaboró con el plan criminal ejecutado por las Fuerzas Armadas y las de seguridad subordinadas, conocía que los secuestros obedecían a las órdenes de autoridades y las irregularidades que emergían del expediente, sin procurar identificar a los autores ni dar con el paradero de las víctimas», dijo Villanueva en el procesamiento en el que insistió en que los funcionarios judiciales «deliberadamente omitieron sus deberes funcionales».

Para la fiscalía y el juez de instrucción, los magistrados son autores de los delitos de omisión de promover la persecusión penal, partícipes secundarios en la privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público y prevaricato en contra de 19 víctimas.

El querellante de la APDH, Bruno Vadalá , destacó que el juicio fue elevado por 19 hechos que marcan la complicidad de Duarte y de Ortiz con las acciones de desaparición y torturas en la región durante la dictadura, sin embargo, no descartó que los nuevos procesamientos se agreguen cuando se produzca el momento del debate.

«Estos dos hechos, la desaparición de Vecchi y el secuestro de Espíndola que se produjeron en la casa de Mujica, estaban en el procesamiento inicial, pero los imputados apelan todo, y habían logrado en alguna instancia, sacar afuera del juicio alguna parte; aquí la prueba está en los expedientes que presentaron los familiares en busca de las desaparecidas y desaparecidos, algunos entraron, otros no, y en este caso se apeló y logró volver a incluir», explicó.

Agregó que en 2022 «hay elementos suficientes» para que se discutan las responsabilidades civiles durante la dictadura cívico militar en el juicio de lesa humanidad.

Dijo que aunque no todos los magistrados que avalaron las desapariciones que se producían en 1976 y 1977 estarán como acusados «se puede demostrar a la sociedad cuál fue la implicancia de estos actores para que ocurriera todo lo que pasó, quiénes son y por qué permitieron que desapareciera gente. Es parte de la búsqueda de esta memoria completa donde civiles y funcionarios judiciales quedaron fuera de la responsabilidad penal» hasta ahora en los juicios que se han realizado en la región.

Según se registró durante los 7 juicios en los que se condenó a militares, servicios de inteligencia, fuerzas de gendarmería, policías provinciales y federales, más de un centenar de víctimas de la región fueron torturados en Neuquén y más de medio centenar en Bahía Blanca, pero sólo un porcentaje menor de los familiares se presentaron ante los funcionarios judiciales existentes en demanda de que se investigue los hechos durante la dictadura.

La mayoría de los abogados no quiso tomar los casos y desaconsejó la presentación de medidas, en tanto quienes accedieron a representar a los familiares supieron que los magistrados no movían la maquinaria judicial, para esclarecer el destino de las y los desaparecidos, incluso cuando los jueces comenzaron a cobrar los habeas corpus para desalentar el reclamo que no cesaba. Debido a que los familiares insistieron se generaron los pocos expedientes que forman parte de la prueba del próximo juicio.