El municipio de Bariloche admite que Mi Bus arrastra graves incumplimientos
Los costos operativos de la empresa de transporte y el destino de los subsidios son parte de los temas que el gobierno de Gennuso reprochó a la concesionaria, que recibió 280 millones de pesos en aportes en 2020.
No habrá paro en Bariloche este viernes. Foto: archivo
La vicejefa de Gabinete de Bariloche Marcela González Abdala enfrentó ayer una virtual interpelación en el Concejo Municipal acerca de la situación del transporte urbano y reconoció que la empres Mi Bus no tiene las garantías constituidas que son obligatorias por contrato.
El concejal Gerardo del Río (PUL) sacó a la luz además una carta documento de algunos meses atrás en la que el gobierno de Gustavo Gennuso le reprochaba a la empresa el retaceo de información sobre sus costos operativos y el empleo de los subsidios que recibe por cifras “millonarias”.
Aun así el municipio habilitó a la empresa realizar un masivo recambio de unidades, que en la práctica significará un envejecimiento general de la flota. Lo presentó como el único recurso a mano para que Mi Bus alivie su endeudamiento y continúe con la prestación del servicio en Bariloche.
González Abdala reconoció que ya en febrero pasado la empresa había comunicado su intención de abandonar el servicio e inició el procedimiento de rescisión de contrato, pero lo mantuvo en estricta reserva. “Se omitió informar a la población que de un momento a otro podía quedarse sin transporte”, denunció la concejal Julieta Wallace (Frente de Todos) y consideró que se trataba de un episodio de “gravedad institucional”.
Por toda explicación González Abdala dijo que sí hubo comunicación periódica sobre la situación de crisis, y solo evitaron aludir a la posible rescisión porque “iba a llevar más angustia a la gente”. Dijo que la discusión con Mi Bus en la búsqueda de una solución se extendió durante “varios meses”, mediación mediante, hasta que desembocó en el acta acuerdo firmada en noviembre para permitirles el retiro de 48 colectivos que tienen antigüedad inferior a los cuatro años y reemplazarlos por otros de modelos “2012 y 2013”.
Ese canje le permitiría a Mi Bus bajar de 25 millones a 8 millones mensuales la cuota que paga a la empresa carrocera Colcar por la compra de los colectivos.
Tensión en el Concejo
El intercambio de González Abdala con los concejales tuvo varios momentos de tensión. Uno de ellos cuando discutieron sobre la entidad del acta acuerdo y la eventual necesidad de que necesite una ordenanza ratificatoria.
La representante del Ejecutivo dijo que no es necesaria una ordenanza porque no modifica el contrato y porque el nuevo acuerdo ya fue aprobado por la Comisión de Transacciones, en la que están representados los máximos responsables de los tres poderes (Ejecutivo, Deliberante y Tribunal de Contralor).
Pero la propia presidente del Concejo, Natalia Almonacid, la desmintió en parte y leyó el acta de Transacciones con su intervención en la que señala la necesidad de llevar el tema a consideración del cuerpo que representa.
Wallace afirmó directamente que el acta acuerdo no solo “suspende” sino que “modifica” una exigencia original del contrato respecto de la antigüedad de las unidades, y que era “ilegal” empezar a ejecutar el recambio de colectivos sin la aprobación del Concejo.
Durante la agitada reunión de “comisión legislativa ampliada” hubo varias revelaciones que generaron sorpresa entre los concejales y asesores.
González Abdala, dijo por ejemplo que en lo peor de la crisis, cuando Mi Bus insistía en retirarse, evaluaron distintas alternativas como armar un nuevo pliego de licitación y hasta “la incautación” de las unidades que hoy prestan el servicio, pero lo descartaron para no exponer al municipio a una demanda judicial como la que sobrelleva por otra incautación durante el gobierno anterior.
El concejal Del Río dijo que la empresa había recibido 280 millones de pesos en subsidios durante 2020. “Nosotros queremos saber en qué los gastó y los vecinos también”, afirmó. Leyó luego una carta documento enviada por el municipio en febrero pasado en que intimaba a Mi Bus a informar en qué había gastado los aportes recibidos, casi en los mismos términos que lo planteaban en esos días las organizaciones de usuarios.
González Abdala se sintió obligada a aclarar más de una vez que no defendía a la empresa y que el objetivo principal del gobierno que integra es “sostener” el servicio de transporte urbano en Bariloche.
Varios concejales cuestionaron la cláusula 3° del acta acuerdo firmado con Mi Bus porque “abre la puerta a que el municipio otorgue más subsidios si la empresa lo demanda”. El presupuesto 2022 reserva 165 millones de pesos con ese fin, pero esa cifra podría ser mayor a simple pedido de la concesionaria, sospechan los concejales.
Comentarios