Concejales rechazaron el desafuero de Manqueo

VIEDMA (AV).- Por mayoría el Concejo Deliberante de Valcheta rechazó el pedido de desafuero contra el intendente, Rubén Manqueo. Con el doble voto del presidente del cuerpo Lelio Morón y la aprobación de los concejales de la Alianza Ricardo Valentini y Jorge Gattoni fue rechazado el pedido de desafuero solicitado por el camarista civil Juan Pablo Videla, como integrante del Tribunal Penal designado para llevar adelante el juicio.

Contra Manqueo pesa un procesamiento por haber facilitado una certificación «ad honorem» falsa a un exlegislador con la cual éste pudo acceder a una jubilación ilegal denominada de privilegio. Ese documento fue extendido mientras el imputado se desempeñaba como intendente de Valcheta hace casi 10 años.

Esta causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto con la grande del exBanco de la Provincia de Río Negro, a pesar que ninguna de las dos tenía sentencia firme. La orden de la Corte fue igual para ambas: conformar un nuevo Tribunal para el juicio. Así se hizo pero los fueros nuevamente sirvieron de excusa para evitar que Manqueo se siente en el banquillo de los acusados.

A mediados de junio de este año el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del intendente, en el que se pidió la suspensión del trámite fundamentando la existencia de los fueros que protegían a Manqueo en su calidad de intendente.

La Cámara Penal integrada por los jueces subrogantes Juan Pablo Videla, Gustavo Azpeitía y Ernesto Rodríguez ya había rechazado ese planteo al interpretar que los fueros no beneficiaban a Manqueo por un hecho que había cometido durante su mandato anterior hace años y que además nada tenía que ver con opinión alguna emitida por Manqueo sino por un delito que se le imputa para el que los fueros no ofrecen protección.

Los jueces del STJ coincidieron con la defensa del imputado respecto de la protección de los fueros pero recordaron la doctrina elaborada por ese cuerpo en relación con los privilegios constitucionales en el sentido que «el proceso penal puede continuar siempre que no sea necesario aplicar al funcionario acto coercitivo alguno. Esto significa que se pone en manos de él la posibilidad de que el juicio se tramite o no, puesto que, sino concurrre al ser citado a indagatoria o al juicio no podrá ser conducido por la fuerza pública».

Añadieron que «en el caso de llegar a ser condenado, la pena privativa de libertad no podrá ser aplicada (ni siquiera en forma condicional) hasta tanto no sea desaforado o cese en su mandato y deberán ser archivadas las actuaciones». En base a esta jurisprudencia que sostiene que el juicio puede continuar, siempre y cuando no afecte la libertad ambulatoria del imputado, el Tribunal Penal pidió el desafuero de Manqueo que fue nuevamente rechazado por los concejales oficialistas y contó con el voto afirmativo de los justicialistas.

El abogado defensor Néstor Larroulet sostuvo en sus fundamentos que el Tribunal Penal violó las garantías constitucionales contempladas en el artículo 235 de la Constitución provincial que establece que «los funcionarios municipales elegidos directamente por el pueblo no pueden ser molestados, acusados ni interrogados judicialmente en causa penal por opiniones o votos que emitan en el desempeño de su mandato, sin perjuicio de las acciones que se inicien».