Nuevo pedido de juicio político contra Liporaci

BUENOS AIRES (DyN) – Dos integrantes del Consejo de la Magistratura presentaron un nuevo pedido de enjuiciamiento contra el juez federal Carlos Liporaci, quien entiende en la causa por presuntos sobornos en el Senado, a raíz del supuesto incremento patrimonial que habría experimentado en los últimos años.

En ese marco, los consejeros-abogados Juan Gersenobitz y Eduardo Orio solicitaron que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remita al cuerpo las declaraciones juradas de Liporaci.

Los consejeros ingresaron el trámite por mesa de entradas del Consejo, tras la emisión del programa periodístico Día D y la publicación del último número de la revista Veintitrés.

La información fue confirmada por Gersenobitz, quien adelantó que entre las medidas de prueba requeridas en el pedido de investigación figuran las declaraciones juradas patrimoniales del magistrado.

«Planteamos una denuncia basados en las afirmaciones del programa Día D, fundamentalmente a partir de la casa en la que supuestamente vive Liporaci, en la calle Gaspar Campos, en Vicente López», dijo Gersenobitz.

Esa suntuosa casa pertenecería a Liporaci y estaría valuada en 1,5 millones de dólares, según la información periodística.

La presentación de los consejeros -efectuada el viernes- apunta a determinar si pudo haber existido enriquecimiento ilícito en el patrimonio del magistrado, quien tiene en trámite otros dos pedidos de juicio político ante la Comisión de Acusación del Consejo y, según fuentes que no pudieron ser confirmadas por esta agencia, otros tres ante la Comisión de Disciplina.

Las vías de información

Para la etapa de investigación, Gersenobitz y Orio reclamaron que la AFIP remita las declaraciones juradas patrimoniales de Liporaci y aunque no precisaron a qué períodos se refiere el pedido, lo habitual en estos casos es que se remonte a su asunción como juez federal.

Fuentes oficiales dijeron a esta agencia que puede haber al menos dos vías de información sobre el patrimonio: empezando por la agencia de la AFIP a cuya jurisdicción corresponde Liporaci o bien a través de la división Grandes Contribuyentes Individuales, donde figuran también aportantes especiales.

Pero el trámite ante el Consejo puede sufrir una demora, ya que una comisión integrada por el secretario general del cuerpo, Santiago Corcuera, y los presidentes de cada Comisión deben decidir ante quién tramitará el expediente.

Sucede que el presidente de la Comisión de Disciplina -a la que podría ir a parar la causa- es el senador justicialista Ricardo Branda, quien ya anunció que se excusará de entender en todos los expedientes en los que aparezca involucrado Liporaci.

Branda es uno de los ocho senadores a los que Liporaci les pidió el desafuero para citarlos a prestar declaración por la posible comisión de delitos en el marco de la causa que investiga el supuesto pago de sobornos a senadores justicialistas para la aprobación de la ley de reforma laboral.