¿Tocamos fondo?
Juan C. SÁnchez Arnau *
En las condiciones actuales faltarían unos us$ 10.000 millones para poder hacer frente a los vencimientos del año próximo, siempre manteniendo el cepo y el límite a importaciones.
El Banco Central emitió la Resolución A 7395 regulando las tenencias en divisas que pueden mantener los bancos hasta el 30 de noviembre. Esto les impediría hacer uso del margen de compra de unos 1.000 millones de dólares de que disponían hasta entonces. Es esta una expresión más -después de tantos “cepos”, “cepitos”, tasas y restricciones de diversa índole- de que las reservas del BCRA se están agotando.
Su último balance (30 de octubre), bien leído, nos dice que las reservas disponibles y realizables no llegan a los 6.300 millones de dólares. De esas reservas, 3.526 millones son en oro. El Banco puede vender ese oro o hacer un “swap” (venta con compromiso de recompra). En este último caso la operación sería por un monto menor (el aforo por el riesgo de caída del valor del oro) y en ambos casos, sería la señal de que se agotaron todos los recursos. A ello seguiría el riesgo de una fuga más acelerada de capitales y un aumento adicional de la pérdida de valor del peso.
Por otra parte, al Central aún le quedarán a fin de año el equivalente de unos us$ 460 millones en Derechos Especiales de Giro que precisará en enero para hacer frente al próximo vencimiento de us$ 731 millones con el FMI. El resto podrá atenderlo con reservas o con los ingresos por la venta de la cosecha fina. Ese vencimiento será, sin embargo, solo el primero de una serie que totaliza unos 18.000 millones el año próximo. También vencen en 2022 no menos de us$ 3.500 millones de préstamos de otros organismos internacionales (BID, Banco Mundial, CAF). En circunstancia normales una parte sería amortizada con desembolsos de nuevos préstamos o proyectos. A esto habría que agregar demandas adicionales por cancelaciones de deuda de las provincias, obligaciones por fallos pendientes de pago en el CIADI y quizás otras demandas por algunos fallos pendientes o en curso.
Para hacer frente a estas obligaciones, el país podría contar con algo menos de us$ 10.000 millones de superávit de la cuenta de bienes y servicios (el Presupuesto prevé 9.323 millones) más las limitadas reservas del BCRA. En las condiciones actuales faltarían unos diez mil millones de dólares para poder hacer frente a los vencimientos del año próximo, a condición de que se mantuvieran el cepo y las limitaciones a las importaciones y pagos de servicios al exterior. Situación que se agravaría en el 2023 cuando los vencimientos con el FMI llegarán a 19.000 millones de dólares.
Ante esta situación el Gobierno tiene tres posibilidades.
1- Dejar de pagar al FMI, como pide una parte de la coalición gobernante, y asumir las consecuencias: la pérdida de acceso a nuevas líneas de crédito bancarias (que perjudicaría el comercio exterior); tener que cancelar la mayor parte de los créditos de los demás organismos financieros internacionales, que no nos renovarían los préstamos y proyectos a medida que venzan, y quedar al margen del sistema financiero internacional con escasas posibilidades de recibir inversiones extranjeras. Sin mencionar fuga de capitales y presión sobre el valor del peso . Es el camino hacia la hiperinflación.
2– Pagar con recursos propios, generados por el superávit de la balanza comercial, previa devaluación para reducir aún más las importaciones y generar exportaciones adicionales y manteniendo las limitaciones para operar con divisas. Sería el “vivir con lo nuestro”, a un nivel de actividad y generación de empleo menor al actual y sin posibilidades de equilibrio para el futuro de nuestra economía. La devaluación tendría dos consecuencias. La primera el aumento de la tasa de inflación (al menos en el corto plazo) y la segunda un aumento de la pobreza. Un estudio de la consultora Analytica establece que una devaluación del 20% llevaría debajo de la línea de pobreza a otros dos millones de personas y algo más de 1,1 millón por debajo de la línea de indigencia. El Gobierno buscaría apoyo financiero en China o Rusia, con los que negociaríamos desde una total debilidad.
3- Acordar una Facilidad Extendida con el FMI y aceptar las modificaciones a la política económica que requiere un programa de este tipo. Básicamente: contar con un plan económico creíble para reducir el déficit fiscal y tomar las medidas de fondo necesarias para hacerlo posible y sostenible en el largo plazo; limitar la emisión monetaria; y seguir una política cambiaria que promoviera el ingreso de fondos externos. En el lenguaje actual del FMI ese sería el camino para lograr la generación de empleo y la expansión del sector privado. Por otra parte, y siguiendo el ejemplo del último acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por el FMI con Ecuador, podría también haber requisitos para disminuir riesgos de corrupción en la obra pública. El plan tendría cinco años de duración y permitiría al país pagar las deudas actuales con los desembolsos futuros, pagar por intereses y recargos una tasa unos 4,05 puntos y extender por cinco años más los plazos de amortización de toda la deuda. Firmado, podría completarse la renegociación de la deuda con el Club de París y mantener el flujo de los créditos de los demás organismos financieros internacionales.
En estas condiciones ¿por qué buena parte de la coalición gobernante se opone al acuerdo con el FMI? Dejando de lado las consideraciones ideológicas, podemos suponer algunas.
La primera, es la resistencia a aceptar recortes a los subsidios a las tarifas, para evitar que sigan pesando desproporcionadamente en el gasto público.
La segunda, sería la oposición a poner límites al gasto público y a reducir el aparato del Estado.
La tercera, la dificultad para abrir la discusión y la negociación sobre problemas de fuerte incidencia en el déficit fiscal: la reforma impositiva, la distribución de fondos con las provincias, el déficit de las empresas públicas, y, especialmente, el manejo de los planes sociales y otros subsidios, hoy imprescindibles para mantener la paz social pero que se han convertido en un freno a la creación de empleo y en una de las causas principales del déficit fiscal.
* Economista y diplomático.
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