Es clave la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas

Por Guillermo Carnaghi *

El candidato a diputado nacional Rolando Figueroa viene insistiendo en sus actos de campaña y en sus comunicaciones de prensa con la idea de que la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas limitaría la autonomía de la provincia.
Este discurso es falso y está orientado por objetivos electorales de corto plazo.
El proyecto que elaboró el secretario de Energía de la Nación Darío Martínez junto a sus equipos técnicos, en articulación con YPF, y con consultas a los actores vinculados a la actividad, tanto públicos como privados, no afecta la autonomía de Neuquén ni la de ninguna de las provincias productoras.
Hay dos formas en las que, según el oficialismo provincial, se daría esa pérdida de autonomía: la primera por la limitación de la potestad de fijar impuestos y la segunda por la renuncia al control de los recursos naturales.
El contador Figueroa sabe bien que la Ley de Promoción de Inversiones no es una ley tributaria, y que no modifica en nada las potestades que tiene la provincia para el cobro de impuestos.
Una ley que sí limitaba nuestra autonomía tributaria fue el pacto fiscal de Macri, que el MPN firmó, votó en el Congreso Nacional e hizo aprobar en la Legislatura. Una Legislatura, vale decir, que era presidida en ese entonces por el candidato.
El pacto fiscal macrista obligaba a las provincias a disminuir las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos, cosa que el gobierno de Gutiérrez implementó rápidamente en la ley impositiva.
La moneda de cambio de ese apoyo al ajuste de Macri fue una forma aún más ruinosa de entrega de la autonomía: el endeudamiento en dólares del Estado provincial.
Esta política, que sí implicaba una verdadera renuncia a la autonomía provincial, terminó convirtiendo a la tierra de Vaca Muerta y de las regalías extraordinarias en la jurisdicción con más deuda pública por persona de todo el país.
También sabe que por mandato constitucional el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias, y que lo que establece la Constitución Nacional no puede ser modificado por ley.
Lo que sí debe hacer el Congreso es regular jurídicamente el uso y aprovechamiento de esos recursos.
Esa regulación está plasmada en la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319), que el proyecto de promoción de inversiones no modifica, salvo marginalmente para habilitar el almacenamiento subterráneo de gas, un recurso que va a ser provechoso para la actividad y para la provincia.
Hace pocos meses los neuquinos vimos cómo el MPN y sus aliados pasaron por encima del reglamento de funcionamiento de la Legislatura para forzar la aprobación de un nuevo endeudamiento, esta vez por 12.800 millones de pesos.
Hoy la provincia no está obligada a tomar deuda a cualquier costo gracias al aumento de las regalías hidrocarburíferas.
La razón principal de ese aumento es el éxito del Plan Gas.Ar.
¿Qué es el Plan Gas.Ar? Un régimen de promoción de inversiones diseñado e implementado por la Secretaría de Energía de la Nación.
Es decir, una política análoga a la que se propone en el proyecto, pero acotada a la actividad gasífera y establecida por resolución.
La nueva ley lo que hace es institucionalizar y extender a toda la actividad este modelo, que permitió el retorno a los pozos a miles de trabajadores y mes a mes genera nuevos récords de producción en la cuenca neuquina.
Sospecho que Figueroa insiste en este discurso vacío porque sabe que, en última instancia, el Frente de Todos tiene la responsabilidad, la vocación y la capacidad de llevar adelante el proyecto aún en un contexto adverso.
Es lo que vamos a hacer junto a Tanya Bertoldi en el Congreso de la Nación.
Porque un escenario en el que el tratamiento de la ley no prosperara sería ruinoso para Neuquén y, paradójicamente, comprometería sus propias ambiciones electorales para el 2023.
Esto es lo que vienen advirtiendo los trabajadores de la industria del gas y el petróleo.
Guillermo Pereyra definió a la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas como la última oportunidad para la actividad.
Bloquear su tratamiento es poner en riesgo el futuro de nuestra provincia, y eso sí que es trabajar en contra de los intereses de las neuquinas y los neuquinos.

* Diputado nacional del Frente de Todos. Neuquén