Chile: terminar con la impunidad policial

Desprovistos de toda humildad, Carabineros no solo se ha resistido a pedir perdón o a colaborar con los tribunales, sino que además ha mantenido su estrategia represiva y en contra de los derechos humanos.

El 18 de octubre se conmemoró el segundo aniversario del inicio del estallido social chileno. Los días previos, dos noticias relacionadas a la violencia policial daban cuenta del clima de impunidad frente a los crímenes de Carabineros.

Por un lado, una corte revocó la prisión preventiva de Claudio Crespo, un exuniformado que dejó ciego a Gustavo Gatica luego de que le disparara en ambos ojos durante las protestas de 2019. “Es una noticia que nos golpea bien duro”, dijo Gatica, el joven estudiante de psicología que no ha dejado de exigir justicia para él y las demás víctimas de agentes del Estado, en sus redes sociales. Por otro lado, el 16 de octubre un tribunal condenó al excarabinero Marco Treuer por el homicidio de Alex Lemún, un mapuche de 17 años, en 2002. 19 años después, la familia de Lemún consiguió una condena por el asesino de su hijo, aunque fue gracias a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a la justicia chilena reabrir el caso.

Este aniversario significó también dos años de espera para Fabiola Campillai, una víctima de Carabineros que perdió la visión y el olfato como consecuencia de haber recibido una bomba lacrimógena en el rostro cuando iba camino a su trabajo. Como ella, al menos 400 personas han sufrido daño ocular por acciones de agentes estatales, según la información del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Campillai ha denunciado la poca colaboración de la Policía en el proceso de investigación, entorpeciendo los avances de la justicia.

Carabineros ha sido protagonista de reiteradas violaciones a los derechos humanos y represión excesiva contra los manifestantes que han salido a las calles desde el 18 de octubre de 2019. Cuando el país llevaba 40 días de protestas, la organización Human Rights Watch (HRW) ya reportaba abusos graves, lesiones, y violencia sexual y física sufridas por manifestantes en gran medida a causa de “errores estructurales” de los uniformados. Parte de esa violencia y uso desmedido de la fuerza ha quedado plasmada en cientos de registros audiovisuales, declaraciones y algunos procesos judiciales.

Antes de ello, la institución ya llevaba años de acusaciones de fraudes, montajes y obstrucción a la justicia, que han colaborado a dañar su imagen pública y la confianza ciudadana. Los detalles de estas operaciones, que fueron lideradas por distintos altos mandos durante los sucesivos gobiernos desde el retorno a la democracia, son extensísimos. Pero un hecho quizá resume el “error estructural” del que hablaba HRW: cuando el presidente Sebastián Piñera solicitó la renuncia a Hermes Soto, general director de Carabineros, después del asesinato del campesino mapuche Camilo Catrillanca por parte de un uniformado, Soto se negó a entregar su cargo. Olvidando su rol de subordinado, en un acto de insolencia inaudito, el general desafió a Piñera dejando en claro que la institución que lideraba se imponía sobre la máxima autoridad del país.

Que el cuerpo policial encargado de entregar seguridad y protección a la comunidad se haga noticia por hacer justamente lo contrario parece una señal inequívoca de una crisis desde la raíz. El no respetar los protocolos del uso de la fuerza en las calles y las decisiones que se toman ignorando las órdenes políticas desde la casa oficial de La Moneda, evidencian una peligrosa autonomía policial que pone en duda cuál es la jerarquía entre el Estado y su fuerza pública.

Desprovistos de toda humildad, Carabineros no solo se ha resistido a pedir perdón o a colaborar con los tribunales, sino que además ha mantenido su estrategia represiva y en contra de los derechos humanos que, obviamente, genera los mismos resultados. Expertos y políticos expresaron la necesidad de reformar a fondo la institución hacia una más democrática y transparente, dejando en claro que su modernización ya no es suficiente para garantizar que se restablezca su confianza y legitimidad.

Las protestas han abierto una herida muy profunda con más de 8,000 víctimas de agentes del Estado solo en los últimos dos años, según un informe de Amnistía Internacional, quienes aún no encuentran respuesta por parte de los responsables. Avanzar hacia su cicatrización será uno de los desafíos más complejos y urgentes de quienes conformen el próximo gobierno tras las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, pues el único camino parece ser un cambio radical en la estructura policial, tanto en su forma como en el fondo, entregando garantías a la sociedad que crímenes como los cometidos contra Gustavo Gatica o Fabiola Campillai no se repetirán.

* Periodista chilena. The Washington Post