En Río Negro será gratutita la escrituración de las viviendas del IPPV
La Legislatura aprobó la iniciativa presentada por el Ejecutivo Provincial. Unas 5.000 unidades todavía pertenecen al organismo a pesar que 2.500 beneficiarios cancelaron sus planes y el resto mantiene cuotas adeudadas.
Julia Fernández (JSRN) fue la encargada de defender el proyecto en el recinto. Foto: gentileza.
Durante la sesión del pasado martes la Legislatura de Río Negro sancionó la ley propuesta por el Poder Ejecutivo que establece el Régimen Jurídico Especial para la Escrituración Gratuita de las Viviendas construidas o financiadas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).
Río Negro otorgará escrituras gratis en 5.000 viviendas del IPPV
Los beneficios alcanzan a todas las primeras escrituras públicas traslativas de dominio, y cuando corresponda, a la constitución de hipoteca de viviendas adjudicadas. Se va a concentrar en las viviendas denominadas colectivas o PH, también llamadas monoblock, que se construyeron por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) hasta 1993. Son aproximadamente unas 12.000 distribuidas en las principales ciudades de la provincia.
El proyecto fue presentado por Julia Fernández (JSRN) quien explicó que “desde hace un tiempo se evidencia, tanto en Río Negro como en otras provincias, un alto indice de irregularidad dominial en este tipo de planes de vivienda por diferentes factores”.
En ese sentido señaló que «la causa principal es que numerosas familias no pueden llegar a la titularización de su vivienda y genera una vulnerabilidad social, una imposibilidad de generar derechos de transmisión, de mejoras, de permutar o ejercer el derecho pleno de la vivienda” y afirmó que “el gobierno debe acompañar y subsanar estos derechos”.
Indicó que el proyecto establece como compromiso para los adjudicatarios que tengan deudas impositivas, concretar un plan de pago y, para poder resolver la falta de planos actualizados, la posibilidad de eximir algunos criterios a la Gerencia de Catastro, con el compromiso de regularizar el procedimiento posteriormente.
Para el gobierno el proyecto incluye dos puntos clave: incorporar a la mujer como titular de la vivienda y que la mensura definitiva sea la misma que está en el plano original para que posteriormente cada propietario pueda hacer la regularización de los metros de más que haya construido en la vivienda.
El principal motivo que impulsó este proyecto fue la imposibilidad de muchas familias de afrontar los incrementos en el plan de amortización de acuerdo a los valores que actualiza el Gobierno de la Nación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Según ese análisis oficial en los últimos años se ha notado que las familias a las que el Estado pretendía beneficiar asignándoles una casa, terminan viendo afectado gravemente su patrimonio al tener que afrontar el pago de una vivienda social a precio del mercado inmobiliario.
De la totalidad de las viviendas, un tercio ya tienen escrituración; el 30% pagó pero nunca realizó el trámite de la escritura y el resto continúa con los planes de cancelación.
“La regularización dominial es fundamental, ya que busca cumplir con una política pública que haga realidad y formalice el derecho constitucional de la propiedad. Tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a las familias, colaborar con la integridad social y fomentar espacios de inclusión”, sostuvo la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos.
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