Otra vez el enigma del día después
Manzur y Aníbal Fernández no ingresaron al gabinete para reemplazar a sus predecesores, sino para relevar a Alberto Fernández en funciones en las que no funcionó.
El experimento de la presidencia vicaria le sirvió a Cristina Kirchner para retornar al poder pues consiguió el aval de los votos. Caducó en el mismo lugar de origen. El nuevo gabinete no es la reparación de ese artefacto dañado, sino la improvisación apresurada de otro para que lo reemplace. Y en condiciones más desventajosas porque nace urgido de una legitimación electoral a corto plazo.
La agenda hiperactiva de Juan Manzur y la pulsión declarativa de Aníbal Fernández hablan menos del rumbo del Gobierno que de su aflicción inmediata. Ambos ingresaron no para reemplazar a sus predecesores, sino para relevar a Alberto Fernández en funciones en las que no funcionó.
Manzur aceptó el cargo porque su desafío no consiste en demostrar que coordina a los ministros mejor que Santiago Cafiero. Aceptó por el rédito que puede obtener si demuestra que su método de gestión es mejor que el modelo radial y parcelado que aplicó sin éxito el Presidente.
Aníbal Fernández no asumió sólo para subir de escala el garantismo al menudeo que aplicaba Sabina Frederic. Tampoco para llenar el silencio de la vocería del Presidente que desesperó a Cristina. Asumió para acallar a golpes de lunfardo la errática expresión del propio Presidente. Para Aníbal, nada mejor para ostentar la lanza propia que describir con gesto ampuloso la que ya nadie percibe del mandatario.
Cristina se ha replegado hasta ver si el nuevo experimento funciona para recuperar terreno en las elecciones. Cuando el protagonismo regresa a sus candidatos, la campaña vuelve a caminar como pato criollo. Victoria Tolosa Paz enrolló sus cartas astrales pero fue relevada por Daniel Gollán convocando al voto soborno.
Pero fue un ministro supérstite el que trajo de la manga a Cristina al más actual de los debates del país en crisis: el enigma del día después. Martín Guzmán corrigió a Cristina en el núcleo de la lectura que ella hizo de la derrota. Ella había objetado al Gobierno en su última carta de demolición por los efectos electorales del ajuste fiscal. Un tiro al lápiz rojo del ministro de Economía. Guzmán respondió, con rigor teórico, que hubo reducción del déficit, pero no ajuste fiscal.
Bien sea que el Gobierno se recupere de la asfixia electoral, o que pierda en noviembre por la inercia de las PASO, está claro que no tiene una noción exacta del volumen de la crisis.
La verdad histórica tiene algo para agradecerle a ambos. De su controversia emerge la realidad: Guzmán se aplicó a controlar el déficit operativo. Pero lo hizo sin ajustar al fisco, sino a miles de particulares damnificados. No sólo con el agravio a la actualización de las jubilaciones. También con desequilibrios macroeconómicos de largo alcance, como el incremento de la presión tributaria, cada vez más endeudamiento público y la voracidad indetenible del impuesto inflacionario.
Los actores de la economía real ya han incorporado a sus análisis dos preocupaciones similares y concurrentes: bien sea que el Gobierno se recupere de la asfixia electoral, o que pierda en noviembre por la inercia de las PASO, está claro que no tiene una noción exacta del volumen de la crisis, de la necesidad inmediata de un plan de estabilización y de los plazos políticos exiguos para una renegociación de la deuda con el Fondo Monetario.
Hay algunos datos de la actividad económica que empiezan a desmentir la narración fatalista que el Gobierno hace sobre las restricciones inesperadas que tuvo que afrontar para su gestión. Entre enero y agosto, el superávit comercial fue de 10.649 millones de dólares. En agosto, con el flujo de exportaciones e importaciones más adecuado a los ritmos normales previos a la pandemia, el saldo fue el mejor para ese mes en la serie histórica. Los precios de las commodities explican buena parte de ese comportamiento, pero también un incremento en los volúmenes.
Al dato conviene agregar la contabilidad (real y creativa) de los más de u$S 4.000 millones asignados por el FMI como Derechos Especiales de Giro. Para el país, más grave que las dificultades de contexto son a esta altura el extravío ideológico, la ancianidad de las recetas teóricas y la salvaje interna en una administración votada para salir de la crisis.
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