Nisman: la Corte liberó el acceso al contenido del teléfono y computadoras de Lagomarsino
El máximo tribunal rechazó, por unanimidad, un pedido del técnico informático para que se preservara parte del contenido de los aparatos que no se relacionan con la investigación.
Lagomarsino es investigado por una posible intervención en la muerte del fiscal.-
La Corte Suprema confirmó el rechazo de un planteo del técnico informático Diego Lagomarsino para limitar el acceso a sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos secuestrados en un allanamiento, dos años después de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El máximo tribunal, con el voto de sus cinco jueces, consideró que “el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
En consecuencia, dejó firme la resolución adoptada en las instancias anteriores sobre el acceso a la información contenida en los dispositivos electrónicos de Lagomarsino, en el marco de la investigación por la muerte del fiscal.
Lagomarsino había pedido que el contenido de esos aparatos fuera visto por el juez Julián Ercolini, exclusivamente, y que fuera él quien decidiera qué era relevante para la investigación y preservara los datos de la vida privada que no tuvieran incidencia en el expediente.
Algo similar había pedido en su momento la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado cuando fue secuestrado el teléfono del difunto fiscal y padre de sus dos hijas.
En aquel entonces, la jueza Fabiana Palmaghini accedió al pedido y, luego de evaluar el contenido del teléfono de Nisman, desclasificó sólo la información relevante para la investigación y preservó el resto.
En el caso de Lagomarsino, se trata de teléfonos y discos rígidos que fueron secuestrados durante un allanamiento en 2017, en el contexto de la investigación iniciada dos años antes.
La Corte desestimó la presentación y virtualmente liberó el acceso a todo el contenido de esos dispositivos.
El planteo estaba pendiente de resolución desde hace un año y fue reclamado mediáticamente como una demora del máximo tribunal para el avance de la causa por la muerte de Nisman.
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