La «invasión» de carpinchos impulsa la Ley de Humedales, pero el oficialismo la resiste

Los carpinchos irrumpieron en Nordelta y miles de hectáreas se prendieron fuego en Córdoba y el Delta del Paraná. Parecen ser postales desconectadas entre sí. Sin embargo, las une un problema de fondo: el desamparo legal de los humedales, áreas estratégicas para el medioambiente y elegidas para proyectos inmobiliarios, actividades extractivas y emprendimientos agrícolo-ganaderos sin control.

Si bien la “agenda verde” ganó terreno en el Congreso, sobre todo en 2020, en los últimos días aumentó la presión social para que la Cámara de Diputados destrabe la ley de humedales, una vieja deuda de la Argentina. Es que los intentos nunca prosperaron a pesar de que hay propuestas de todo el arco político, desde el kirchnerismo hasta el Pro, el radicalismo, el socialismo y la izquierda.

En noviembre pasado, la Cámara baja dio un tímido primer paso con la firma de un dictamen consensuado en la Comisión de Recursos Naturales, que preside el oficialista Leonardo Grosso. Tras cuatro reuniones informativas realizadas entre agosto y septiembre con participación de funcionarios, especialistas y activistas, se unificaron diez proyectos de distintos bloques.

Pero el camino al recinto es todavía lejano, porque la iniciativa debe pasar el filtro de otras tres comisiones: Agricultura y Ganadería; Intereses Marítimos y Fluviales; y Presupuesto y Hacienda. Y aunque el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, pidió aprobar la ley, el oficialismo no da señales de convocar a un plenario y el dictamen corre riesgo de caer con la renovación parlamentaria de diciembre.

“Da la sensación de que hacen una puesta en escena en lugar de mostrar un compromiso real con el tema”, lamentó Brenda Austin (UCR), vicepresidenta de Recursos Naturales. La llave está en manos del camporista José “Pitín” Ruiz Aragón, titular de Agricultura y Ganadería.

El miércoles pasado, más de 380 organizaciones marcharon al Congreso para exigir la ley. Unos veinte manifestantes fueron recibidos por los diputados oficialistas Grosso y Daniela Vilar, y el socialista Enrique Estévez. Pero se fueron de la reunión con una sensación amarga: creen que la ley no saldrá este año.

“El retraso tiene que ver con varias cosas: una es el lobby que hay atrás, que no es solo inmobiliario. Hay prácticas socioambientales que se vienen sosteniendo y normalizando desde hace muchos años y que son destructivas para el medioambiente, como la ganadería y la siembra a gran escala, el uso de agrotóxicos, o tapiar un arroyo para que ese terreno pueda ser ocupado por animales y no sea más inundable. Hay un modelo extractivista y de devastación sobre el ambiente”, advirtió a este medio Chivi Amoy, de la Multisectorial Humedales.

Los humedales representan el 21,5% del territorio nacional (600 mil kilómetros cuadrados) y tienen múltiples funciones: proveen agua; amortiguan inundaciones; suministran alimentos, materiales y medicinas; filtran y retienen contaminantes; almacenan carbono; regulan el desarrollo de plagas; mitigan el cambio climático y son hábitats naturales para la biodiversidad.

Según un informe de la Convención de Ramsar, el acuerdo internacional referido al tema, los humedales cubren, a escala mundial, una superficie mayor que la de Canadá. Puede parecer un territorio interesante; sin embargo, desde 1970 el mundo perdió un 35% de humedales, a una tasa “tres veces mayor” que la de pérdida de bosques.

En Argentina hay identificados 23 humedales “de importancia internacional” o “sitios Ramsar”, que abarcan una superficie total de 5.687.651 hectáreas. En Córdoba figuran los Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita, que ocupan 996 mil hectáreas. En Mendoza, la Reserva Provincial Laguna de Llancanelo, con 65 mil hectáreas, y la Reserva Natural Villavicencio (el último sitio en ser incorporado, en 2017) con algo más de 62 mil hectáreas.

A lo largo de nueve capítulos y 45 artículos, el proyecto que espera ser tratado en Diputados establece “presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación, restauración y uso racional y sostenible de los humedales” en todo el país.

El texto aporta una definición técnica de humedal y le ordena al Ministerio de Ambiente que realice, en forma conjunta con las jurisdicciones y organismos técnicos y científicos, un inventario nacional con el fin de identificar, delimitar, clasificar y caracterizar cada zona, en un plazo que depende del nivel de escala espacial.

Cada jurisdicción tendrá dos años para incorporar a estos ecosistemas a los procesos de ordenamiento ambiental territorial. En ese lapso estará prohibido realizar nuevas actividades o ampliar las ya existentes en los humedales. Esto se denomina “moratoria” y está establecido en el artículo 12.

El proyecto prohíbe toda intervención en los humedales sin una evaluación de su impacto ambiental, y también impide liberar allí elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier tipo, como así también las fumigaciones aéreas y terrestres. Incluso se podrá vedar la introducción de especies exóticas invasoras y productos de acuicultura que puedan alterar el ecosistema.

Los humedales podrán ser aprovechados siempre y cuando no se afecten los servicios que prestan. Su uso deberá ser racional y planificado, y respetar los derechos de comunidades originarias que ocupen esos territorios. De hecho, los indígenas tendrán representación en un consejo consultivo que se crea para monitorear el cumplimiento de la ley, con presencia de funcionarios y organizaciones sociales, ambientales y sindicales.

Para solventar la norma se crea un fondo nacional integrado por el menos el 0,3% de las partidas del Presupuesto Nacional, entre otras fuentes de financiamiento. Las sanciones por incumplimientos dependerán de cada jurisdicción y podrán ir desde apercibimientos o multas hasta revocación de habilitaciones o suspensión de matrículas profesionales.