Villa Mascardi: la fiscalía convocó a dialogar, pero mapuches rechazaron la propuesta
La fiscal federal de Bariloche hizo una amplia convocatoria para el 20 de este mes. Los abogados de los acusados cuestionaron la medida y a los convocados. Afirmaron que en el juicio se dirimirá el conflicto.
Varios integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu están imputados en causas por incidentes ocurridos en la zona de Villa Mascardi. (Foto de archivo)
La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, convocó a una instancia de diálogo a los miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, que están imputados por el delito de usurpación de tierras en Villa Mascardi, y a representantes de Parques Nacionales. Además, invitó a participar a la presidenta de la comisión de fomento de Villa Mascardi, a integrantes de la comunidad mapuche Lof Wiritray y representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La convocatoria incluye a la fiscal jefa de esta ciudad Betiana Cendón, que imputó a miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu en causas por usurpación de lotes particulares, en la misma zona, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche.
Little justificó la convocatoria en el artículo 22 del Código Procesal Penal de la Nación, que faculta al Ministerio Público Fiscal a buscar soluciones alternativas para resolver conflictos penales. Sin embargo, los mapuches imputados rechazaron la invitación.
Así lo informaron los defensores Luis Virgilio Sánchez, Eduardo Néstor Soares y Matías Alac de la Asociación Gremial de Abogados que asisten a los imputados en las causas penales que impulsa la fiscal federal de Bariloche.
“La Fiscalía nos ha convocado al “diálogo” en virtud de lo establecido en el artículo 22 del CPPN, pero en el marco de criminalizar lo que para nuestros defendidos y defendidas es un acto de reivindicación y ejercicio de sus derechos territoriales, reconocidos por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y legislación especial, desechada de antemano por el Ministerio Público Fiscal, quien desconoce la naturaleza jurídica del conflicto territorial, que es la cuestión de fondo que aquí se discute”, plantearon los defensores.
“Así, convoca a actores ajenos al conflicto, como también omite aquellos que son parte en relación a la naturaleza del mismo, desconociendo los caminos iniciados por el Gobierno Nacional en relación a la resolución alternativa de conflictos y omitiendo la normativa legal vigente procedimental que ampara el derecho a la defensa de nuestros defendidos y defendidas”, sostuvieron.
Los defensores cuestionaron que Little convocara a la instancia de diálogo a la presidenta de la comisión de fomento de Villa Mascardi, Inés Marabolis, porque no es parte del proceso, como tampoco los representantes de la comunidad Lof Wiritray, que ha pedido ser querellante en la causa penal, aunque su solicitud fue rechazada.
Criticaron que la fiscal federal no haya convocado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que preside Magdalena Odarda, ni al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indigenas (Codeci).
El conflicto de Villa Mascardi se originó, según la fiscalía federal, a principios de noviembre de 2017, cuando un grupo de personas que se identificaron como integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu usurparon tierras de Parques Nacionales. Allí, ocurrió el 25 de noviembre de 2017 el homicidio de Rafael Nahuel, que se investiga en otro expediente en el que hay cinco albatros de Prefectura procesados.
Mientras que en la causa principal por la usurpación hay 7 integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu imputados y procesados. Ese expediente fue elevado a juicio en julio pasado por el entonces juez federal subrogante Gustavo Zapata justamente por requerimiento de Little. Zapata rechazó el pedido de los defensores para sobreseer a los acusados.
“Esta defensa considera imposible tratar la solución del conflicto a partir de la premisa de la criminalización propiciada por la fiscalía”, afirmaron los abogados. “Está claro que la insistencia del Ministerio Público en resolver este conflicto desde el Código Penal establece una clara limitación para dirimirlo”, destacaron.
“Es llamativo el criterio que ha tenido la Fiscalía para “elegir” los actores que participarían del evento y los que no”, advirtieron. “Por un lado, invita a participar a actores ajenos al proceso y que claramente ha quedado demostrado que no tienen derecho alguno como lo es la Comunidad Wiritray y que, como es de público conocimiento, la actuación de sus abogados patrocinantes obedece a cuestiones políticas ajenas a los hechos que aquí se discuten y que se han hecho explícitas en los medios de comunicación masiva”, aseguraron.
Observaron además que convocar también a la audiencia a funcionarios del Ministerio Público Fiscal de otra jurisdicción, “cuya participación no tiene asidero alguno procesal y, en consecuencia, carente de efectos jurídicos en ninguna de las causas que la Fiscal pretende acumular -exceso de competencia que realmente resulta insólito para nuestra legislación- no merece más consideraciones que lo que la razonabilidad impone y que el artículo 22 del CPNN lejos está de ser el marco jurídico que se lo otorgue”.
“Venimos a manifestar que nuestros defendidos y defendidas no aceptan la instancia planteada, considerando que el fin buscado por la Fiscalía en la convocatoria de la audiencia aludida, lejos está de querer efectivamente un camino de resolución alternativa al presente conflicto…”, aseguraron los defensores.
“Será la instancia de juicio entonces la que permita dirimir el presente conflicto que, a la luz de la convocatoria realizada por la Fiscalía, aunque resulte paradójico, establece un ámbito cuyas normas procedimentales respetan un canal más apropiado para la resolución del mismo”, afirmaron los abogados.
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