La política y el plan Techo Digno
Todo terminó con obras inconclusas y menor ejecución a los envíos de Nación. Los ex jefes comunales tienen que aclarar qué ocurrió con los excedentes que no están en las viviendas.
La política explica algo que no entiende la legalidad. La necesidad habitacional ya era innegable hace una década atrás. Eso no justifica cualquier atajo, incluso confiando que no hubo beneficio personal.
“Los intendentes no se llevaron plata a su casa”. Así, en el 2017, el gobernador Alberto Weretilneck ya defendía a mandatarios ajenos cuando asomaban las causas de Techo Digno.
¿Qué había ocurrido?. Nación, vía la gestión de Miguel Pichetto, acordó con jefes comunales que financiaría planes de viviendas, que no preveían -inicialmente- la infraestructura. Todo terminó con obras inconclusas y la revelación que lo construido era menos respecto de los envíos de Nación. El excedente se detectó en mayores pagos a las empresas -algunas por obras adicionales- u otros gastos comunales. Existen también partidas no localizadas.
Así, los remanentes desviados se dispersaron en fines (aún por precisar) en las once gestiones involucradas del FpV/FdT, del período 2011/2015: Conesa, SAO, Sierra Grande, Choele Choel, Río Colorado, Godoy, Campo Grande, Cinco Saltos, Fernández Oro, Cervantes y Bariloche.
Hay un hecho repetido que estructura “la teoría” fiscal: el financiamiento se sostuvo con certificaciones que indicaban construcciones superiores a las reales. Falsas. Figuran con firmas del jefe comunal y un técnico de las firmas. El núcleo -según la acusación- de la defraudación, con carga penal para ex mandatarios y empresarios.
Los exintendentes afirman que las rúbricas no les pertenecen (fue en Buenos Aires, dicen). Y así se confirmó donde ya se realizaron las pruebas caligráficas. Puede ser que en la evaluación judicial, ese hecho no los libere de responsabilidad, pero es un hilo para tirar si, por lo menos, el propósito es saber lo ocurrido.
Los investigados niegan firmas en documentos falsos y esa revelación se confirma con las primeras pruebas caligráficas. Vale la pena profundizar para saber qué ocurrió.
La operatoria de Techo Digno se acentuó a partir del 2013, empujada por la campaña 2015 de Pichetto y centrada en los gobiernos del FpV. Viedma, de Cambiemos, fue la excepción.
Fuera de la lupa judicial, esa gestión viedmense tuvo antes otra distinción: logró que la entrante gestión de Mauricio Macri aportara fondos para los servicios y concluir sus barrios. Partía de otra rareza en el conjunto: había finalizado sus viviendas.
La administración de Roca aplicó su receta. No avanzó en la construcción, a pesar de que tampoco restituyó los fondos a Nación. Su caso se analiza en la fiscalía. Hay otros montos observados de aquellos años en Cipolletti y Jacobacci.
El precedente clave lo expuso Regina cuando el entonces mandatario Luis Albreiu reconoció que no podía con la ejecución de 166 casas convenidas. Construyó cimientos y, en el 2012, pasó ese acuerdo de financiamiento nacional al IPPV, con entregas de las unidades en el 2015.
El traspaso reginense ocurrió cuatro años antes de la desesperada cesión municipal a la Provincia de sus obras paradas. Se formalizó con la ley N° 5127 que ya avisaba que se sostenían las “responsabilidades” que puedan surgir de los planes inconclusos.
Las causas penales tomarían cuerpo en el juzgado federal de Claudio Bonadio, pero en el 2018, los expedientes fueron devueltos a los tribunales rionegrinos. Ahora, tres años después, cada fiscal tiene imputaciones para constructores y ex intendentes justicialistas, entre ellos, al hoy diputado Pedro Dantas y los legisladores María Martini, Alejandra Mas y Daniel Belloso.
Ese baqueteo en el FdT ocurre en su tránsito electoral que responde que sufre una persecución. Cuesta identificar al promotor del lawfare que denuncia. Ya en el 2017, Weretilneck, respondiendo a un pedido de Pichetto, saltó públicamente con aquel amparo en favor de los investigados opositores. Reacción no igualada hoy por actores del PJ. Además, la estrategia legal de la defensa está dirigida por Damián Torres, asesor del senador y apoderado de JSRN.
La mega causa Techo Digno también tiene la singularidad de confluencias y explicaciones extrañas.
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