La justicia civil sigue con las causas

La Corte Suprema de Justicia dictaminó ayer por mayoría a favor de que la justicia federal continúe con el juzgamiento de ex jefes militares involucrados en la sustracción, retención y ocultamiento de menores durante la última dictadura militar, según fuentes tribunalicias.

El tribunal puso punto final al problema de competencia planteado por los militares y rechazó de esta manera la pretensión del general retirado Santiago Omar Riveros, quien reclamó que sea el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) quien lo juzgue y no el juez federal Adolfo Bagnasco, quien lleva adelante la causa.

Seis de los nueve ministros de la Corte, según las fuentes, votaron en favor de la continuidad del juez federal Adolfo Bagnasco como instructor del expediente por robo de bebés que mantiene bajo arresto a los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, al ex almirante Emilio Massera, a los ex generales Cristino Nicolaides y Carlos Suárez Mason y al ex capitán Jorge «Tigre» Acosta, entre otros.

El presidente de la Corte, Julio Nazareno, el vicepresidente Eduardo Moliné O»Connor y los ministros Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Guillermo López y Antonio Boggiano constituyeron mayoría al votar por la competencia de la justicia civil.

El juez Adolfo Vázquez, en tanto, dijo que el conflicto de competencia entre Bagnasco y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) debe ser dirimido por la Cámara Nacional de Casación Penal, que cuenta con una sala militar.

Por su parte los restantes miembros de la Corte, Augusto Belluscio y Gustavo Bossert, entendieron que la cuestión debe ser resuelta por la Cámara Federal porteña, dijeron las fuentes.

En una reunión de acuerdo que se extendió hasta pasadas las 20, los jueces del máximo tribunal analizaron el caso y la mayoría siguió la línea de razonamiento del procurador Nicolás Becerra, que ayer martes dictaminó que «corresponde a la justicia federal continuar» con la causa penal por el robo sistemático de bebés, ya que pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional excluyen expresamente a las Fuerzas Armadas de esas investigaciones.

Es que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, convertida en ley nacional e incorporada a la Constitución en la enmienda de 1994, «expresamente excluye la jurisdicción militar» en la investigación de delitos de lesa humanidad. Y sólo le otorga facultades para entender en contravenciones inherentes a la vida militar. (Télam, DyN)