Techo Digno: cargos para Montanaro, pero no para los empresarios
El juez Martínez Vivot habilitó el avance de la investigación contra el exintendente de Cervantes, por el uso de fondos para viviendas. Los dueños de constructoras, aliviados por el momento.
El exintendente de Cervantes declaró el martes e insistió en la teoría de una causa armada para perjudicar al peronismo.
El exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, enfrenta desde esta tarde cargos concretos por el delito de “defraudación a la administración pública en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso”, en calidad de autor.
La decisión fue tomada por el juez de Garantías, Julio Martínez Vivot, quien además rechazó la formulación de cargos solicitada para los empresarios involucrados en el marco de la megacausa “Techo Digno”.
En el proceso se investiga el destino de sumas millonarias enviadas por Nación a once municipios rionegrinos para la construcción de viviendas, porque se detectó que esos montos no condicen con el nivel de ejecución que tenían las casas en el año 2016.
La actividad de esta tarde marcó el cierre de la extensa audiencia del martes, en la que se describieron los hechos por parte de la Fiscalía y se plantearon las objeciones desde las defensas. En esa jornada también se escuchó al propio Montanaro, quien declaró sentirse “pisoteado” por la Justicia, ratificó que se trata de una causa con objetivos políticos y aseguró que junto al resto de los dirigentes peronistas acusados “no nos escondemos, pero tampoco nos rendiremos”.
El juez Martínez Vivot sostuvo que corresponde dar por formulados los cargos para el caso del exjefe comunal cervantino, ya que la conducta descripta por las representantes del Ministerio Público Fiscal “resulta típica”.
“El imputado violó el cumplimiento de las obligaciones”, afirmó el magistrado, en relación con el convenio firmado entre el municipio del Alto Valle con el gobierno nacional para la construcción de tres planes de viviendas.
Luego se recordó que antes de que terminara el año 2015, el municipio de Cervantes recibió algo más de 58 millones de pesos para la ejecución de esas casas, correspondientes al 95,25% de la suma total prevista en el convenio.
Sin embargo, se pagó a las empresas ECA, Eraiki y Baskir un 11,64% de más de lo que correspondía para el nivel de ejecución de las casas.
Para las fiscales Graciela Echegaray y Julieta Villa, ese escenario no hubiese sido posible sin la intervención de los directivos de esas firmas constructoras, a quienes se les atribuyó una conducta de “abuso de confianza”, para convertirse en partícipes necesarios de los delitos de defraudación y uso de documentos falsos.
De la misma forma que la jueza María Gadano, quien intervino en la audiencia realizada el martes por las obras correspondientes a Choele Choel, Río Colorado y General Godoy, el magistrado Martínez Vivot entendió que “no se encuentran debidamente descriptos los hechos”.
“La fiscalía expresa que abusaron de la confianza y no explica de qué modo se cometió el ardid o engaño”, indicó el juez.
De todas maneras, en la audiencia realizada por Zoom hizo una advertencia a los empresarios: “No se acabó el proceso. La fiscalía tiene la posibilidad de volver a formular cargos, modificando la presentación de los hechos”.
También en consonancia con la decisión de su colega Gadano, el juez autorizó la declaración de esta parte de la causa como “asunto complejo”, duplicando el plazo de la investigación, que será de un año contando desde hoy.
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