Techo Digno: el juez Brussino aceptó cargos contra Iud y Mas
Se profundiza la investigación por el manejo de fondos nacionales en la construcción de barrios en Conesa y San Antonio. La acusación alcanza también al empresario Castelli.
El juez Burssino durante la audiencia realizada este jueves. Foto: Marcelo Ochoa.
El juez de Viedma, Juan Brussino aceptó este mediodía el pedido fiscal para imputar por “defraudación a la administración pública” a los ex intendentes de San Antonio, Javier Iud y de General Conesa, Alejandra Mas por el manejo de los fondos nacionales del Plan Techo Digno, entre el 2013 y 2015.
Esta aceptación de cargos alcanzó también al empresario Juan Castelli, de Oriente, como “partícipe necesario”.
La determinación judicial, expuesta en una audiencia por zoom, abre un proceso para profundizar la investigación por parte de los fiscales y, además, aportes de las defensas.
En su resolución, el juez aceptó “la formulación de cargos” porque cumple con los requisitos para pasar a la instancia donde «los fiscales deben acreditar» su «teoría del caso» y los acusados empiezan a ejercer sus derechos de defensa.
El miércoles, los fiscales Graciela Etchegaray y José Chirinos imputaron a Iud y Mas por el manejo irregular de los recursos remitidos por Nación para la construcción de barrios cuando eran intendentes de sus localidades. Esas transferencias -enmarcadas en el Plan Techo Digno- se originaron en certificaciones falsas del avance de las obras y, según esos representantes, derivaron en pagos de más a las constructoras.
Esta maniobra expuesta por la Fiscalía constituye el núcleo de las acusaciones planteadas en once administraciones municipales con recursos del mencionado programa nacional, entre el 2013 y 2015. Estas investigaciones derivaron en pedidos de imputaciones a ex intendentes en las cuatro circunscripciones, que se inicieron el martes en Roca y, luego, continuaron en Viedma. Seguirán el lunes con Bariloche y, el martes, con Cipolletti.
Casi 50 minutos utilizó el magistrado para explicar su decisión, repasando los análisis de la Fiscalía y las defensas. Así, remarcó que las partes se diferencian sobre la existencia de perjuicios al Estado en lo ocurrido y las responsabilidades existentes para los intendentes en ocasión del manejo de esos fondos públicos.
Otro punto en favor de las imputaciones, en esta instancia, estuvo en desestimar la interpretación de la representación legal de los ex jefes comunales en referencia que la ley nacional 27.613 era un “blanqueo” de la situación con las construcciones paralizadas de los planes nacionales. En ese caso, esa norma “sería una amnistía o perdón general”, definió Brussino, tras lo cual, dijo no compartir esas conclusiones porque no advirtió «esa extensión en el texto ni en el debate legislativo».
Tras la exposición del magistrado de Brussino, el defensor de Iud y Mas, Damian Torres adelantó que apelará esa determinación y reafirmó su convicción del sobreseimientos. Insistió con la cobertura otorgada por la ley 27613 donde prevé la situación de barrios paralizados y reafirmó ese argumento en favor de sus defendidos, asegurando que lo sostendrá incluso en la Corte Suprema.
José Merlotti, que defiende a Castelli, adelantó también la apelación a la aceptación de los cargos por parte de Brussino.
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