«Aportes voluntarios» a Soria: desestiman la investigación contra dos funcionarias de Roca
En simultáneo con el inicio de las audiencias por la causa Techo Digno, se resolvió otro caso en el que se investigó el uso de recursos públicos en una gestión peronista.
Vallogia y Soler (en los extremos de la mesa) fueron investigadas por el presunto incumplimiento de deberes de funcionarias públicas.
Otro caso judicial relacionado con el uso de recursos públicos y que mantuvo varios meses bajo investigación a dirigentes y funcionarios de una gestión peronista se resolvió esta semana, en paralelo al inicio de las audiencias por la causa Techo Digno.
Se trata del legajo abierto a principios del 2019, con una denuncia por peculado contra el exintendente y actual ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y contra varios de los integrantes de la gestión municipal de Roca.
Ese expediente ya había tenido una instancia importante en noviembre del 2020, cuando la fiscal Julieta Villa resolvió desestimar la acusación y archivar las actuaciones. Sin embargo, en febrero de este año la causa pareció tomar un nuevo impulso, con una medida de la fiscal jefa, Teresa Giuffrida, que confirmó la desestimación que benefició a Soria y a exintegrantes del Tribunal de Cuentas, pero ordenó profundizar la pesquisa sobre dos funcionarias del área de Hacienda: la exsecretaria, Mariana Soler (hoy titular de Gobierno) y la exdirectora Roxana Vallogia.
Seis meses después de esa decisión, la fiscal Norma Reyes firmó este lunes un dictamen que también dispone la desestimación de la investigación por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en contra de las contadoras.
La representante del Ministerio Público basó su decisión en un informe realizado por el perito del Poder Judicial, Gastón Lehner, que analizó el mecanismo implementado en el Municipio de Roca para el pago de los sueldos de los funcionarios.
Cabe recordar que la denuncia inicial, presentada por el abogado Nicolás Suárez Colman, sostenía que Soria percibía una importante suma de dinero mensual, por fuera de sus ingresos como intendente, proveniente de una retención del 6% de los sueldos de los integrantes de su gabinete.
Esa práctica quedó acreditada en la investigación, pero para el Ministerio Público Fiscal no se trató de un delito sino de una “desprolijidad” administrativa, valorando que ese dinero llegaba al exmandatario bajo la figura de un “aporte voluntario” para su proyecto político.
“Concluye el Contador Lehner, que si bien el mecanismo de aporte no se refleja en los recibos de haberes de los funcionarios municipales aportantes, el mismo se encuentra registrado y documentado con la orden de pago y recibo correspondientes. Asimismo que se ha podido determinar que los aportes voluntarios efectuados por los funcionarios municipales detallados en las nóminas respectivas, eran abonados al Intendente Municipal Martin Ignacio Soria, a través de Tesorería Municipal, mediante la entrega de un cheque por la suma del total aportado por los funcionarios municipales y que ha quedado establecido anteriormente, que este aporte se les deducía de la suma de dinero a acreditarle en sus respectivas cuentas bancarias. Concluye el Perito, que en definitiva el mecanismo de pago se encontraba documentado, no se ocultaba ni quedaba fuera de la posibilidad de ser controlado”, detalla la resolución de Reyes.
La fiscal ratificó la percepción de que “hubo una manera administrativa desprolija para recaudar fondos, a fin de solventar el proyecto político del Dr. Martín Soria”, pero destacó que “no es menos cierto que si bien la Cdra. Vallogia se desempeñaba en el período de los hechos investigados, como Directora de Contabilidad y Finanza y la Cra. Soler como Secretaria de Hacienda municipal, a ninguna de las dos les correspondía en el ámbito de su función la expedición de recibos de sueldos ni la fiscalización del trámite previo y/o control sobre liquidación de haberes, ya que estos son elaborados y expedidos por la Secretaría de Gobierno (área de Recursos Humanos)”.
De esa manera, concluyó que “no se les puede reprochar un incumplimiento de un deber que no les correspondía” y consideró que la investigación sobre las funcionarias debía desestimarse.
Suárez Colman anticipó hoy que pedirá la revisión de la decisión, buscando que una instancia superior ordene mantener activa la causa.
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